Bahía Blanca | Jueves, 29 de septiembre

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Extorsión policial: casos análogos, criterios judiciales diferentes

Van a juicio dos efectivos de Punta Alta al considerar que, pese a existir una “entrega vigilada” del dinero, el delito se había consumado. Distinto fue el fallo reciente contra personal de la comisaría Quinta, condenado aunque por tentativa. 

   La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca confirmó la resolución de la Justicia de Garantías y envió a juicio la causa contra dos policías de Punta Alta acusados de exigirle coimas a un colega a cambio de no entorpecer su trabajo paralelo como repartidor.

   La medida recayó en Pablo Martín Lacaze y Maximiliano Ezequiel Doreste, quienes fueron detenidos hace poco más de un año, luego de una entrega vigilada para capturarlos con "las manos en la masa".

   Lo interesante del caso es que queda en evidencia la existencia de distintos criterios judiciales para causas análogas, que no solo cambian la calificación del hecho sino que inciden en la pena que pueden recibir los acusados.

   Para los camaristas Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou, de la Sala I, Lacaze y Doreste consumaron el delito de extorsión.

   Hace apenas unos días, por un procedimiento similar, a cargo de expolicías de la comisaría Quinta, el Tribunal en lo Criminal N° 2 condenó a 5 acusados por extorsión pero en grado de tentativa y les impuso 3 años y medio de prisión, ya cumplida en todos los casos.

   Esa postura de los jueces Eugenio Casas, Claudia Fortunatti y María Mercedes Rico chocó con el pedido del fiscal Mauricio del Cero, que pretendía encuadrar el caso como consumado y obtener penas de hasta 8 años para los expolicías Daniel Dupré, Cristian García, Washington Delgado, Matías Guerra Velarde y Nicolás Pérez, por el hecho que tuvo por víctima a un odontólogo.

Las dos posturas

   Para estos jueces, que la Policía Federal y la Fiscalía hayan estado "controlando" previamente la entrega de la plata a los extorsionadores imposibilitaba que tuvieran disponibilidad del dinero, más allá de haberlo recibido.

   La Sala I de la Cámara, en cambio, consideró que si los acusados tuvieron disponibilidad del dinero por un breve lapso el delito está consumado.

   Por ese motivo confirmaron la resolución de la jueza de Garantías Marisa Promé y Lacaze y Doreste responderán, en principio, por el delito de extorsión que, según el artículo 168 del Código Penal, prevé penas de 5 a 10 años de prisión.

   Los mantuvieron a los dos con prisión preventiva porque se entendió que existían riesgos procesales, teniendo en cuenta que si son condenados recibirían penas de efectivo cumplimiento.

   "Deben valorarse las particulares y graves características del hecho enrostrado fundado en un actuar conjunto de personal policial armado, aprovechando el 'contexto' que conlleva el uso del uniforme y de la institución a la que pertenecen que justamente tiene la finalidad contraria a la conducta desarrollada, con el consiguiente descrédito social que eso produce, y que tantas veces parece ensombrecer el accionar legal y ajustado a derecho del resto del personal policial provincial", explicó la Cámara.

La víctima fue otro uniformado

   Los policías de Punta Alta están acusados de coaccionar a un colega que, además de su función oficial -y fuera de servicio- vendía gaseosas, cigarrillos y hacía cadetería en una farmacia para tener un ingreso extra.

   En octubre del año pasado le exigieron que entregara 4 mil pesos de manera mensual a cambio de no hostigarlo ni detenerlo en la vía pública.

   "Acá hay que ponerla, todos los que trabajan acá en Punta Alta la ponen...", fue la advertencia.

   La víctima denunció el caso y se organizó un operativo para la entrega del dinero y, de esa manera, atrapar a los sospechosos.

   El día 26 se pactó el encuentro con Lacaze, quien luego le entregó el dinero a su superior Doreste en la comisaría -en ese punto puede surgir una mínima diferencia con el caso de la Quinta, que se desbarató en el instante-, donde se los detuvo.

   Las defensas de los acusados atacaron la validez del procedimiento, la falta de firmas en un acta y otras situaciones que fueron rechazadas por la Justicia.