Caso Almada: por qué un fallo reciente confirma la hipótesis del homicidio

   La investigación por la muerte de Ángel Almada, el joven de 17 años que la madrugada del 5 de marzo de 2016 cayó desde el puente peatonal en Guillermo Torres al 3400 de Ingeniero White, confusa y mal encaminada de entrada, parece tomar dirección definitiva hacia la hipótesis del homicidio.

   El dato surge del fallo dictado hace unos días por la jueza Correccional Susana González La Riva, quien condenó a dos años de prisión en suspenso a una testigo que mintió y encubrió el caso.

   "La jueza dio por acreditado el homicidio y eso es lo más importante del fallo", sostuvo el fiscal Marcelo Romero Jardín, quien tiene a su cargo la causa principal y apuntala esa línea, a diferencia de otros fiscales que anteriormente tramitaron el expediente con la idea de un suicidio.

   En la resolución, la jueza condenó a Cintia Noelia Serdeiro (34), por haber falseado su testimonio en cuanto a la recepción, aquella madrugada, del teléfono de Ángel.

   Serdeiro dijo que Almada se presentó esa noche a ofrecer su celular LG en un bar de Siches 3800 y que se lo entregó a cambio de dos botellas de cerveza.

   Aseguró que el chico sacó el chip y borró toda la información contenida y que ella luego se lo dio a su hija para que se sacara selfies, aunque cuando se enteró por los medios del hecho se presentó en la comisaría para entregar el aparato.

Un detective de la dirección de Casos Especiales, de la Superintendencia de Investigaciones, revisará todo lo actuado en la causa principal para tratar de avanzar en la investigación.

   Sin embargo, un informe de la compañía Claro determinó que esa línea recibió llamadas a las 18.26, 18.52 y 19.48 y que además hubo una actualización del correo de Ángel, sincronizada el 5 de marzo a las 5.50.

   Todo eso es posible si el chip estaba en su lugar y el teléfono no se encontraba reseteado, explicó la jueza.

   Por otro lado, distintos testigos confirmaron que Ángel no tomaba cerveza porque no le gustaba y que tenía un interés especial por su celular, mayor que la media de los adolescentes.

   Al marcar la gravedad del falso testimonio, González La Riva sostuvo que la declaración de Serdeiro pudo "cambiar el rumbo de una investigación por la muerte de una persona, lo que indica una mayor extensión del daño".

   En ese marco se refirió a que Ángel perdió la vida "por las graves heridas sufridas al ser arrojado por una o más personas del puente peatonal".

   Y también mencionó, al cuestionar las deficiencias de la investigación, que el hallazgo del teléfono en manos de una tercera persona se produjo "ya cuatro días después de ocurrido el homicidio" y que recién en ese momento se ordenó la intervención de la DDI en la causa.

   Estas afirmaciones, para el fiscal que investiga las causas de la muerte y sus posibles autores, son muy importantes.

      "Para condenar, como lo hizo, por encubrimiento agravado por la gravedad del delito precedente es que tuvo por acreditado el homicidio. Que hubo homicidio ya no es materia de discusión", remarcó Romero Jardín.

   Un estudio técnico-pericial, que incluyó una reconstrucción por parte de personal de la Gendarmería Nacional, determinó que Ángel, cuando cayó del puente, ya estaba inconsciente y abonó la hipótesis homicida.

Exdelegado y policías, a juicio

   Al margen de la causa principal, tendrán que responder por irregularidades y mal desempeño en sus funciones en los primeros pasos de la investigación, un exfuncionario municipal y varios policías, entre ellos dos comisarios.

   Lo dispuso el año pasado la jueza de Garantías subrogante Claudia Olivera, al hacer lugar al planteo del fiscal Romero Jardín.

   La medida alcanza al exdelegado municipal Marcelo Acosta, a quien se imputa del delito de usurpación de títulos u honores.

   También Héctor Horacio Pagotto, sospechado -como Serdeira- de encubrimiento agravado por delito grave y falso testimonio agravado; los comisarios Andrés Emir Mansilla y Marcelo De la Rosa y los también policías Gustavo Federico Ceballos, Claudia Elizabeth Olivera y Magalí Ayala (todos por posible incumplimiento de deberes de funcionario público).

   La jueza advirtió "graves omisiones y acciones en el inicio de la investigación".

   Entre otras irregularidades, se observó la no preservación del lugar del hecho, no haber notificado de inmediato al fiscal para dar las directivas del caso y la realización de un acta de inicio escueta, con faltante de firmas y sellos que mencionaba falta de "elementos de interés" para investigar.

   También se notó un "direccionamiento" a los testigos, ya que se insertaron frases repetidas en las declaraciones en sede policial, que apuntaban a sostener de manera "irresponsable y forzada" la hipótesis del suicidio y "un desinterés llamativo por desentrañar la verdad material".

   Esta advertencia la hicieron el hermano y un primo de Ángel, al afirmar que el joven "estaba recontento" por esas horas y que tampoco les cerraba la presencia del chico en el pub esa noche, ya que no era de frecuentar la noche y "jamás lo vieron a Ángel allí".

   Los 7 acusados podrían ser sometidos a juicio oral el año entrante, según trascendió.

La otra alternativa

Mirada. El fiscal Mauricio del Cero, entonces a cargo de la fiscalía de homicidios, consideró que no había elementos para investigar el caso bajo esa órbita.

Testimonio. Sostuvo que una amiga del fallecido declaró que al momento del hecho recibía tratamiento psiquiátrico y consumía ansiolíticos y que en los dos últimos años había manifestado en repetidas ocasiones sus deseos de quitarse la vida.

Sesgado. Para Del Cero, determinar que no quería quitarse la vida porque esa noche estaba "contento o feliz" es incorrecto y "sin atender cuantiosas pruebas que indican exactamente lo contrario".

Trastornos. Hizo notar que no había elementos técnicos periciales para asegurar la intervención de otras personas en el hecho y que Ángel padecía trastornos de conducta y estaba bajo tratamiento terapéutico.

Decisión. El fiscal general Juan Pablo Fernández, en  2018, ordenó que la investigación quedara en manos de Romero Jardín, al menos hasta que agote las instancias en busca de determinar que fue un homicidio y así responder a los intereses de la familia de la víctima, que exigen justicia.