Calabozos abarrotados: cómo afecta esta situación en la prevención del delito

   La sobrepoblación de detenidos en calabozos de las comisarías de nuestra ciudad, casi en su totalidad inhabilitados por no cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad, genera desde hace unos años otra problemática relacionada con el uso inadecuado de recursos humanos.
   Es decir, efectivos policiales que deberían estar a cargo de la prevención y represión del delito en la vía pública, hoy en día están abocados a “cuidar y trasladar” a personas privadas de la libertad en seccionales locales y zonales, donde la detención tiene que ser transitoria, según lo establece la ley.
   En definitiva, un policía termina haciendo las veces de agente penitenciario, tarea para la cual no recibió capacitación ni está dentro de sus funciones.
   Esta situación facilita incidentes como los registrados el fin de semana pasado en la DDI bahiense, donde 3 detenidos intentaron escapar después de incendiar colchones. O la fuga de 5 personas bajo arresto en la comisaría Sexta de Villa Rosas, en agosto de 2020.
   A esto se suman las condiciones de hacinamiento de los detenidos, por exceso de población, en las cárceles local y de Saavedra y en las sedes policiales, que en su mayoría presentan graves falencias edilicias.
   El problema pone de relieve, una y otra vez, la urgencia de construir una alcaidía en Bahía Blanca para albergar a detenidos y descomprimir el “excedente”, pero es una obra postergada por el Estado provincial.
   “En oportunidad de visitarnos el ministro de Justicia (provincial), Julio Alak, el propio intendente (Héctor Gay) le manifestó la necesidad de que se avanzara en el proyecto, que ya existe”, explicó Emiliano Álvarez Porte, subsecretario de Seguridad municipal.
   “El edificio se levantaría en instalaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense, que tiene lugar. Varias veces reiteramos la necesidad”, agregó.
   “Tener todos los calabozos de la ciudad clausurados es un problema que repercute no solo en materia de seguridad. La logística de prevención también se ve afectada. Hay uso indebido de recursos trasladando permanentemente detenidos a otras ciudades”, reafirmó el funcionario.
   Tampoco prosperó el proyecto de construcción de alcaidías modulares para alojamiento transitorio de detenidos, que el exministro de Justicia Gustavo Ferrari había ideado en el último tramo de la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

   Con este tipo de módulos (tipo contenedores), en aquel momento se estimaba incorporar más de 1.200 plazas para detenidos.
   “Ferrari planteó el proyecto en el último año de gestión y no se avanzó, por eso lo que debe hacerse es trabajar urgente sobre la infraestructura existente”, opinó Álvarez Porte. 
   “El ministerio nos informó que pondría en condiciones las comisarías, como sucedió en 2017. Esperemos que suceda pronto porque el deterioro de los edificios es constante. A ello debe sumarse la rápida construcción de la alcaldía”, cerró.

En números

   El defensor general departamental, Pablo Radivoy, se refirió al hacinamiento de detenidos en toda la región, como consecuencia de lo que consideró un contexto de encierro inapropiado, y suministró cifras para graficar el panorama descrito.
   Al 1 de este mes, en la comisaría Sexta había 16 detenidos, cuando el cupo máximo es de 4; un detenido en el destacamento del barrio Palihue (no habilitado); comisaría Séptima, 1; y en la DDI, 14 (habilitada temporariamente).
   En la seccional de policía de Saavedra, al menos hasta el lunes, estaban alojados 5 detenidos (capacidad para 3); Carmen de Patagones, 7 (4); Villalonga, 1; Coronel Pringles, 9 (3); Coronel Rosales, 1; Coronel Suárez, 5 (2); Monte Hermoso, 4 (2); Tornquist, 6 (4); y Tres Arroyos, 13 detenidos.
   “La legislación interna prevé que las comisarías son solo lugares de detención durante 24/48 horas, hasta tanto el juez de Garantías o el fiscal determine si va a detener a esa persona imputándole un delito. Son lugares de paso”, manifestó Radivoy.

 

Un informe reveló que hace un año en la Provincia había casi 5.500 detenidos en calabozos, con un cupo para unos 2 mil.

   “Una vez resuelta la detención, el detenido en teoría debería ser trasladado a una alcaidía o directamente a un penal; si no, le tienen que dar la libertad. La mayoría de las veces sucede que esas personas permanecen varios meses en una comisaría, en vez de estar ahí 48 horas”, agregó.
   “Ese es otro problema, además de la sobrepoblación”, concluyó.

   Por estas cuestiones, el organismo a su cargo presenta habeas corpus ante la Justicia de manera regular.

 

Floresta y Saavedra, también sobrepasadas

Cárceles. En la Unidad Penal Nº 4 local hay “927” internos pese a que su capacidad máxima es inferior a 600, en tanto que en la UP Nº 19 saavedrense se alojan “868” presos, aproximadamente el doble del cupo establecido.

Acción. Hace algunos días, desde la Defensoría Oficial, el abogado Martín Daich interpuso un habeas corpus ante el Tribunal en lo Criminal Nº 1 que, según se informó, hizo lugar “parcialmente” a la acción en favor de detenidos en comisarías.

Reubicación. Consideró agravada la situación de alojamiento y ordenó a las autoridades policiales reubicar en forma "urgente" a los detenidos en comisarías “inhabilitadas” (Primera, Cuarta, Quinta y destacamento Palihue).