Cuál es la acusación contra 5 gremialistas del Sindicato Único de Fleteros

Redacción de La Nueva.

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   Los 5 miembros de la filial local del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina detenidos esta madrugada, operaban, al parecer, mediante "amenazas, coacciones y daños" para "doblegar la voluntad de empresarios relacionados al transporte y/o producción de productos agrícolas y fertilizante".

   Las maniobras tenían como fin obligar a las víctimas a "contratar los servicios prestados por los imputados (propietarios de camiones o firmas transportistas), siempre agrupados bajo la bandera" del gremio, a pesar de "estar registrados como monotributistas", según se informó desde fiscalía.

   "Bajo el liderazgo y coordinación de Mariano Martín Llafar y Mario Raúl Aguiar, valiéndose de la representación del Sindicato Único De Fleteros (seccional Bahía Blanca), conformaron una organización delictiva destinada a amenazar y/o coaccionar a choferes y dueños de camiones y/o a los representantes de empresas con sede en distintas ciudades del país -excluida Bahía-, dedicadas a la producción y/ o transporte de cereales y fertilizantes", indica el comunicado difundido desde el Ministerio Público Fiscal.

   "Ello con el propósito de obligar a los tomadores de carga (sean estos propietarios de la mercadería transportada o compañías dedicadas al transporte), a contratar los servicios de transporte ofrecidos por los miembros de la organización -o terceros vinculados a ellos- para el traslado de productos que compran a empresas locales, o bien para el traslado de cereales desde sus localidades de origen hasta las terminales portuarias de esta ciudad".

   También están imputados Carlos Rodrigo Ciucci, Pablo Andrés Halberg y Salvador Florentino Quel.

   Los acusados, según la investigación, "controlaban" el ingreso y egreso de camiones instalándose en inmediaciones del depósito de la empresa Sea White, situada en Facundo Zuviría 401 de esta ciudad, o "recorrían el sector próximo al depósito de la firma Bunge Argentina", en el kilómetro 673 de la ruta 3.

   "A su vez se valieron de distintos métodos de intimidación dirigidos a los representantes de las empresas tomadoras de carga de otras zonas del país, para que accedan a sus exigencias, entre ellas: mensajes de texto y llamados telefónicos persistentes a los dueños de las empresas obligándolos a compartir viajes y, en caso de no acceder, les hacían saber que no permitirían el acceso de sus camiones a retirar productos de los depósitos señalados o les comunicaban que sus camiones retornaban vacíos", detalla el parte enviado desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 18 a cargo del fiscal Mauricio del Cero.

Advertencias

   Con diferentes métodos los acusados además supuestamente intimidaban a transportistas que llegaban a los accesos a Sea White y/o Bunge Argentina.

   "Recorrían y vigilaban los camiones interrogando a los camioneros sobre su origen, giraban alrededor de ellos observándolos intencional y sugestivamente. Además estacionaban sus vehículos, identificados con el logo del Sindicato Único de Fleteros, muy cerca de los camiones y les manifestaban frases como: `hoy no cargás´, `¿para quién trabajás?´ u otras intimidaciones tales como `aténganse a las consecuencias´, `las consecuencias van a ser otras´, `les vamos a prender fuego los camiones´ o expresiones similares".

   "Lejos de una competencia sana en el mercado con otros transportistas o de procurar atraer el interés de las firmas productoras de cereales, esta organización instauró el temor en los choferes que llegan a esta ciudad, quienes para evitar problemas con los imputados, optan por retirarse a sus localidades de origen con el camión vacío, luego de descargar cereales en el puerto local", agrega el informe.

   "Esto obliga a las empresas productoras o de logística a contratar los servicios de la agrupación (delictiva) para el traslado del fertilizante adquirido en esta ciudad, encareciendo no solo el precio del transporte sino, como consecuencia directa, el de toda la cadena productiva".

   La actividad ilícita se completaría con "ataques violentos contra los camiones de las empresas que se niegan a acceder a sus exigencias".

   La investigación se inició a raíz de la denuncia de un transportista radicada el 23 de mayo de 2019, a la que se sumaron otras no solo en este Departamento Judicial sino también en el de Trenque Lauquen.