Reforma Judicial: reparos al sentido de la oportunidad…

Eugenio Paillet

   Tras el ataque a Pearl Harbor, que aceleró el ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, el almirante Yamamoto se preguntó con visionaria pesadumbre si en el fondo Japón no había hecho más que “despertar a un gigante dormido”. 

   Un funcionario nacional que hace de la sensatez un culto se interrogaba por estas horas, salvando las homéricas distancias entre un episodio y otro, si el Gobierno no ha cometido un grueso error de cálculo con la presentación del proyecto de ampliación de los miembros de la Corte Suprema.

   La reunificación de la oposición que estaba sumida en su propia grieta, y la vuelta de los cacerolazos en rechazo a la reforma judicial del miércoles, podrían ser dos fogonazos. 

   ¿Era absolutamente necesario subir a escena este tema en medio de una situación dramática cargada de profundas carencias sanitarias, económicas y sociales que provoca la pandemia de coronavirus, cuyo final nadie avizora? Es una de las preguntas en ese y otros despachos que generan ceños fruncidos. Un interrogante que de hecho inunda los debates de Juntos por el Cambio, de especialistas, observadores y columnistas de pensamiento diverso.

   ¿Justo en medio de la pandemia? Si bien no se desconoce que en general la mayoría de la ciudadanía políticamente informada entiende que es necesario adecentar y agilizar el servicio de justicia, las encuestas a la vez muestran que más de la mitad de los consultados sospecha que los proyectos anunciados por el presidente tienen como fin último favorecer a la vicepresidenta y limpiarle el camino en las varias causas por presuntos delitos de corrupción que la mantienen atada a los tribunales.

   Las dudas hacia delante que plantea la reforma no se quedan solo en la evidente falta de oportunidad, mientras la población está claramente preocupada por otros temas urgentes como su economía, su salud, y la absoluta incertidumbre sobre el futuro en materia de empleo, aumento de la pobreza, subsistencia de las empresas pequeñas y medianas frente al desmadre económico que el Estado hoy está subsidiando pero que claramente no podrá hacerlo de manera eterna.

   Hay interrogantes, en cambio, que habilitan a quienes sostienen lo del error de cálculo. No solo porque se insiste en que introducir en estos momentos un tema de debate que, de movida, profundiza la grieta es ingresar en un túnel al que no se le ve la luz de salida.

   Los reproches en despachos del albertismo -y vale la aclaración porque no es una mirada que compartan sus socios mayoritarios del cristinismo que habita en el Instituto Patria- son políticos. No solo porque con la presentación justo ahora y en medio de las calamidades comentadas, el Gobierno logró unir sin fisuras en el rechazo a una oposición que hasta hace poco mostraba sus propias miserias como las diferencias que generó aquella carta para embretar sin razón al gobierno en el asesinato del exsecretario de los Kirchner, Fabián Gutiérrez, o la grieta  entre halcones y palomas a la hora de pararse frente a la Casa Rosada y sus terminales de poder.

   Ese podría ser el “gigante dormido” al que se alude, pero en modo especial porque la reforma y peor todavía la aspiración de Cristina de contar con una Corte más amplia y más cercana a sus intereses requerirán de mayorías agravadas en el Senado que el Gobierno claramente no tiene. Es pertinente recodar que la media sanción para la reforma judicial se obtiene con mayoría simple de la Cámara alta, un paso que el Frente de Todos no tendrá ningún problema en superar, salvo cataclismos impensados. 

   Pero para nombrar los jueces que pasarían a integrar la Corte ampliada, sean 9 o 15 según las dos corrientes que ya se impondrían en el pensamiento de los  miembros de la comisión consultiva, son necesario los dos tercios de los senadores presentes. Hoy el Gobierno no tiene esa mayoría especial. Va a requerir, si la reforma avanza, necesariamente del voto de otros senadores de la oposición. Juntos por el Cambio, como consecuencia de aquella “mala jugada” a la que aluden oficialistas sensatos cuando reprochan que Fernández terminó por abroquelar en el rechazo a una coalición que estaba dividida,  ya avisó que votará en contra de la reforma y no dará los dos tercios para aumentar los jueces de la Corte. “Ya ahí nos compramos un problemón que no era necesario justo ahora”, dice uno de esos funcionarios.

   Hay indicios firmes de que el propio Fernández, aunque con escasísimo margen de maniobra por razones que son fáciles de imaginar, vio venir esa posible encerrona cuando la reforma de la Corte llegue al Senado. Y que por esa razón se involucró personalmente en la tarea de acercar a radicales, macristas e independientes a la comisión consultiva, de modo de hacerla más plural y “mostrarles la zanahoria delante del palo”. 

   El radical Ricardo Gil Lavedra, el macrista Federico Pinedo y el exjuez de la Corte Gustavo Bossert habrían sido tentados. Los tres, según las fuentes, dijeron que no. De allí, para compensar sin que en una primera mirada se pueda afirmar que lo ha conseguido, el presidente buscó dar alguna señal con la convocatoria a Inés Weinberg  de Roca, titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, con lazos con el macrismo. Sonó, y suena, a demasiado poco.

    La frutilla del postre, con la que seguramente el Gobierno le dará nuevos argumentos a la oposición: el presidente ya le marcó la cancha a la comisión consultiva aun antes de arrancar. ”Esta Corte, así como está, es mala”, les avisó sin dobles mensajes.