El malpaso de Alberto y los “gobernadores díscolos”

Eugenio Paillet

   El presidente Alberto Fernández mantiene “la misma sintonía de colaboración” con los cuatro gobernadores que el domingo parecieron patear el tablero de la relación hasta ahora armoniosa que venían manteniendo con el gobierno central en el manejo general de la lucha contra la pandemia del coronavirus.

   Del mismo modo, en la Casa Rosada aseguran que la “decisión política” de compartir los beneficios y los riesgos de administrar la cuarentena, que empieza a mostrar un indisimulable fastidio del grueso de la sociedad en la mayoría de las encuestas, sigue en el mismo plano de “corresponsabilidad” entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales que ya se había establecido de hecho cuando se estableció la primera fase del encierro social obligatorio, 20 de marzo pasado.

   En aquella oportunidad, recuerdan ahora en despachos del ministerio del Interior, el presidente Fernández ya había expresado en su discurso por cadena nacional que las decisiones para combatir la pandemia y el sostenimiento del cerrojo total para la economía, y sus eventuales como homeopáticas excepcionalidades, debían ser dictadas por la Casa Rosada pero que la responsabilidad territorial de su aplicación sería de cada gobernador y cada intendente en acuerdo con sus respectivos comités de médicos y especialistas.

   La aclaración pareciera pertinente para esos voceros luego del revuelo que provocó el fin de semana la decisión de los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de rechazar en un comunicado conjunto las flexibilidades que se permitirían en la cuarentena a partir del lunes 27, como los paseos recreativos para niños y adultos mayores con los resguardos sanitarios del caso.

   Algunos comunicadores y hasta funcionarios del gobierno nacional hablaron de una suerte de “rebelión” de Jun Schiaretti, Axel Kicillof, Omar Perotti y Horacio Rodríguez Larreta a ese “afloje” en la dura cuarentena implementada hasta el domingo a la medianoche inclusive. La intención de la presunta indisciplina de los mandatarios, según varios analistas, tendría claramente que ver con la política. O mejor dicho con evitar una “jugada política” que le achacarían al presidente: la de no anticiparles que se permitirían algunas aperturas, en especial las de los paseos recreativos, para quedarse con todo el rédito de la decisión. Y de eventualmente después “culpar” a los gobernadores si algo salía mal, por caso que se produjese algún rebrote por la aplicación de esas excepcionalidades.

   ¿Esa visión conspirativa de los gobernadores incluía al propio Kicillof? “Su firma en el comunicado de los cuatro no deja lugar a dudas”, dijeron en despachos nacionales donde se tiene una mirada crítica de la actitud de “los cuatro”, como los llaman al abordar el tema sin necesidad de aclaraciones.

   Para tomar solo un dato que pueda ayudar a entender este impensado cortocircuito entre el presidente y los gobernadores de los cuatro principales distritos del país, muy cerca del cordobés Schiaretti aseguraban que su jefe no estaba enterado del permiso para salidas recreativas a niños y adultos mayores. “El Gringo jura que Alberto no se los adelantó”, le escucharon decir al vicegobernador, Manuel Calvo. Se refería a aquella videoconferencia que mantuvieron el viernes último antes del anuncio del sábado de la nueva prórroga.

   El presidente pareció querer salir del embrollo que se armó en torno a sus anuncios y la presunta falta de comunicación a los gobernadores antes de que lo conociera el resto de la población. “La verdad, se me pasó”, le respondió Alberto sin más explicaciones al periodista que buscó mayores precisiones durante un reportaje radial que concedió el lunes.

   Las dudas no se han cerrado, y muy por el contrario, la decisión de Larreta de avisar que endurecerá todavía más la cuarentena al menos hacia fines de mayo, en consonancia con otras tantas decisiones de los tres gobernadores, parece justamente destinada a desentrañar la principal sospecha que subsiste: no pagará costos políticos por una supuesta “jugada política” de la que no participó y para la cual no fue consultado.