Piden al gobernador que le conmute la pena a miles de presos
El Consejo de Defensores Generales, integrado por Bahía Blanca, elevó el pedido a Axel Kiciloff, en medio de la tensión carcelaria.
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Miles de presos bonaerenses podrían recibir arrestos domiciliarios o excarcelaciones en caso que el gobernador Axel Kiciloff atienda el pedido formulado en las últimas horas por el Consejo de Defensores Generales de la provincia, que también integra un representante de Bahía Blanca.
El planteo se da en medio de la tensa situación que se vive en varias cárceles por los reclamos de los internos, tanto de salidas como de mejores medidas sanitarias intramuros.
Y también frente al malestar, generalmente no público, de un sector de la justicia que tiene que resolver diversos pedidos en medio de la emergencia por el Covid-19 y ante un cuadro de fuerte sobrepoblación adjudicado a las políticas públicas de las últimas décadas.
En la carta -a la que adhiere el doctor Pablo Radivoy, defensor oficial general de nuestra ciudad- aclaran que la Constitución Provincial (artículo 144.4) faculta al Poder Ejecutivo a tomar esa medida.
La solicitud apunta a dos sectores definidos:
1- Detenidos con sentencia firme con fecha de agotamiento de pena este año.
2- Condenados con sentencia firme cuya pena no exceda los 5 años y que en 2020 hayan alcanzado el requisito temporal para la libertad condicional.
Creen los defensores que el gobernador debería actuar "a la mayor brevedad" por lo que consideran una verdadera "crisis humanitaria" (sobrepoblación de más del 40%) y el peligro latente del coronavirus, tanto para los reclusos como los guardias.
Consideran que el tiempo racional para tomar medidas "se agota", porque ya existe un detenido y 5 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense contagiados con el virus.
"No pretendemos vedetismos"
"Es tiempo de actuar", advierten los defensores, para agregar que "tampoco pretendemos protagonismos ni vedetismos. En este momento eso avergüenza".
Finalmente, señalan que esta no es una "idea iluminada" porque ya la plantearon otros organismos y hasta el Tribunal de Casación lo hizo antes de la llegada de la epidemia.
"Sabemos del compromiso del Poder Ejecutivo con el respecto de los Derechos Humanos de toda la comunidad, sin distinciones y exclusiones y las dificultades para conciliar los intereses en juego", afirman.