Policía Judicial: se vienen los detectives a Bahía

Redacción de La Nueva.

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Gerardo Monforte
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Mario Minervino
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   No serán Sherlock Holmes, posiblemente tengan menos sagacidad que el Hércules Poirot de Ágatha Christie y no alcanzarán el carisma televisivo de Columbo, Kojak o Mágnum. Seguramente no usarán pipa, lupa ni gorro. De todas maneras, nuestra ciudad, muy pronto, comenzará a tutearse con los detectives.

   La nueva ley de Policía Judicial, que se votó a fines del año pasado para derogar la norma sciolista de 2012 -presentó dificultades para formar parte de los concursos directivos y nunca se puso en marcha-, tendrá su bautismo de fuego en el Departamento Judicial Bahía Blanca.

   Si bien aún resta definir varias cuestiones sobre su implementación, se prevé que en los próximos meses nuestro distrito sea parte de una de las pruebas piloto.

   La Policía Judicial será una rueda de auxilio de los fiscales para sus investigaciones más complejas. Estará conformada por un cuerpo de detectives (investigación de campo, testimonios y recoleccíon de pruebas) y otro de peritos (investigación científica).

   Entre fines de este mes y marzo se transferirían efectivos de la Policía Científica al nuevo organismo, que comenzarán a operar en esta ciudad en el marco de una implementación gradual.

   Lo anunció a “La Nueva.” el doctor Francisco Pont Verges, secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en base a los dichos de su superior, el procurador general Julio Conte Grand.

   La autoridad analizó el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal bahiense y comprobó que cumple con los requisitos para la puesta en marcha de la Policía Judicial.

   “Bahía Blanca sería uno de los departamentos judiciales en los cuales se implemente, en la primera o segunda etapa, el sistema de detectives”, expresó Pont Verges.

   “Es un departamento que tiene un fiscal general comprometido (en referencia a Juan Pablo Fernández) y una estructura de investigación que funciona bien. El tipo de conflictividad en Bahía permite su abordaje con un cuerpo de Policía Judicial que no demanda una gran cantidad de personal”, explicó.

Tanto en la escena como en las redes

   La prioridad es establecer el perfil de investigador adecuado para realizar las pesquisas, ya que, según dijo, es conveniente que la nueva repartición cuente con agentes especializados en pericias informáticas y análisis de redes sociales.

   “Hoy en día, en la escena de un crimen, se obtiene más información de un teléfono celular o una computadora que mediante los rastros y huellas en el lugar del hecho. Conviene que el investigador sepa también leer un balance, analizar cuentas bancarias y detectar casos de fraude para perseguir la corrupción, una asignatura pendiente en la provincia de Buenos Aires”, consideró.

   “Pretendemos que el investigador sea muy efectivo en las investigaciones de esos ilícitos en particular. Si la experiencia inicial es positiva, se ampliará el tipo de delitos a investigar y el cuerpo se implementará en más departamentos judiciales”, agregó.

   El funcionario dijo que, en principio, un grupo reducido de agentes de la dependencia llevará adelante determinados casos y, de acuerdo con el resultado de esa experiencia, se harán modificaciones si es necesario y se potenciará el nuevo cuerpo con la incorporación de más medios.

La escena del crimen, desde ahora, estará a cargo de la Policía Judicial y no de la Bonaerense.

El FBI ofreció su capacitación 

   En la elaboración del “plan maestro” intervienen distintos actores, como los ministerios de Seguridad y Economía bonaerenses -esta cartera otorgará los fondos-, fiscales generales y la Procuración.

   En el proyecto colaboran las Policías Judiciales de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, mientras que ofrecieron ayuda para capacitación y diseño algunas instituciones chilenas y el FBI, mediante la embajada de Estados Unidos en nuestro país.

   “Apuntamos a un mayor profesionalismo. No es sencillo formar de cero un cuerpo de investigadores específicos; no queremos dar pasos en falso porque no podemos reclutar a 100 personas y ponerlas a trabajar en la calle sin capacitación. Además hay que definir cómo vamos a redistribuir los recursos que ya tenemos”, manifestó el informante.

   “Hay que seleccionar en qué departamentos judiciales se implementará esta policía y el tipo de delitos a investigar, que en principio serán pocos. Todo dependerá de las necesidades de cada departamento, porque la realidad criminológica de Bahía Blanca no es la misma que la de La Matanza, San Martín o Trenque Lauquen”, dijo.

   “Entonces es importante la figura del fiscal general, que debe definir qué tipo de delitos le interesa investigar. Si estamos de acuerdo, nosotros, desde La Plata, determinaremos junto con ellos qué recursos necesitamos para investigar esos delitos”, amplió.
Junín, Mar del Plata y Dolores podrían formar parte de la prueba piloto. No está definido si será en simultáneo.

   “Todavía no sabemos con cuántos recursos vamos a contar, pero la idea es que si, por ejemplo, 100 efectivos quedan afectados a la Policía Judicial, inicialmente nos va a convenir distribuirlos en dos departamentos judiciales y, si allí el resultado es positivo, se expandirá a otros dos”, precisó el doctor Pont Verges.

   El letrado consideró un “problema” la implementación gradual de la iniciativa y la escasez de fondos para tal fin.

   En nuestro caso, la Policía Judicial trabajará bajo la dirección del fiscal general departamental, doctor Juan Pablo Fernández, y de un coordinador regional (figura creada por la ley), que aún no se designó.

   Este último se encargará de asignar los recursos y las tareas en base a los pedidos de los fiscales, formar los equipos de trabajo y decidir quién investigará determinado hecho.

Francisco Pont Verges

Quiénes integrarán el cuerpo especial

   Los detectives o peritos que formarán parte de la Policía Judicial no llevarán armas. Serán mayores de edad, con estudios secundarios completos y una capacitación superior en la materia, como Derecho o Criminalística, entre otras especialidades. Además, los ingresantes deberán superar un curso de ingreso.

   La iniciativa, para muchos, es un tiro por elevación que busca desplazar definitivamente a la Policía Bonaerense de la investigación de delitos complejos.

   El diputado bonaerense Ramiro Gutiérrrez (Frente Renovador), autor de la iniciativa, dijo que “a partir de un hecho violento, quien llegue a una escena del crimen no es otro poder sino el Judicial que extiende sus brazos al territorio y deposita un investigador que estará formado en Criminalística, tomará la línea de investigación y buscará a los autores y cómplices”.

   Se cree que la Policía Judicial intervendrá en casos de homicidios dolosos, en causas contra funcionarios públicos o aquellas que tengan como imputados a miembros de fuerzas de seguridad.

   “Esto parte de una idea de ensayo y error, porque no podemos aventurarnos a crear una segunda Policía Bonaerense”, afirmó Pont Verges.

Buscarán fondos para crear una ciudad judicial

   Más allá de la Policía Judicial, el intendente Héctor Gay busca avanzar en la gestión de otro tema de interés para el ámbito tribunalicio: la conformación de una ciudad judicial.

   Se trata de nuclear en un solo lugar a todas las dependencias del sector, hoy muy separadas. 

   El punto que más lo motiva es el colapso de la mayoría de los organismos, así como las inadecuadas condiciones de seguridad que tienen los actuales inmuebles y la dispersión, cada vez mayor, de oficinas.

   La expresión “ciudad judicial”, que define a este proyecto y puede sonar ambiciosa, conjuga a un grupo de edificios para reemplazar todo lo existente, en algunos casos alquilados, otros propiedad del Poder Judicial, todos factibles de ser enajenados para generar ingresos que permitan ayudar a una inversión de este tipo. 

   El jefe comunal aspira a conseguir fondos desde la Nación, mientras que desde el Colegio de Magistrados también se apunta a impulsar un modelo de gestión público-privado.

Proyecto de la ciudad judicial en Dolores. Es una obra de 14 mil m2, que se licitó en septiembre.

Los terrenos que están en carpeta

   La idea de construir la ciudad judicial es considerada por el Estado provincial desde hace más de 10 años, generando incluso varias reuniones entre funcionarios y miembros de la magistratura, tratando de delinear sus características. 

   Un tema clave a resolver -además de obtener los fondos- es disponer de las tierras adecuadas, para lo cual la mayor atención se concentra en terrenos que fueran propiedad del ferrocarril y que hoy conforman una gran superficie ociosa. 

   Un estudio del Departamento Judicial Bahía Blanca estableció al menos 6 “zonas urbanas aptas” para la instalación de este tipo de infraestructura edilicia, dos de las cuales involucran a tierras del exferrocarril Bahía Blanca al Noroeste (delimitadas por las calles Sixto Laspiur-Chile y Malvinas-Brickman, entre Undiano y Juan Molina) y del Ferrocarril del Sud (en cercanías de la estación de trenes de la avenida Cerri al 700).

   El municipio viene realizando gestiones por esos espacios y otros ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que tiene a cargo, según su página de internet, la administración de los inmuebles del Estado nacional “para lograr su máximo aprovechamiento en beneficio de todos los argentinos”. 

Dispersión, riesgo y eficiencia 

   Sin incluir a las dependencias del Ministerio Público ni las de la justicia de paz, el departamento judicial local dispone hoy de una superficie edilicia de 12.375 m2, distribuida en más de 10 edificios dispersos por la planta urbana, de acuerdo al relevamiento realizado desde planificación de Infraestructura edilicia del Poder Judicial.

   Ese conjunto es calificado, en el mismo estudio, con una “eficiencia promedio” de 0,67, para una escala donde el óptimo teórico es de 1,40.

   Esa valoración considera condiciones de localización, accesibilidad, condiciones ambientales, seguridad, vida útil, conservación y funcionalidad. 

   Algunos inmuebles presentan condiciones preocupantes. Por caso, el de la avenida Colón 46 ofrece una seguridad en materia de fuga ponderada en 0,24, cuando lo esperable es 1,20. 

   La situación mejora en el Palacio de Tribunales, Estomba 34, donde llega a 0,60, aunque es la mitad de lo sugerido. 

   También resultan bajas las condiciones de accesibilidad (0,75 contra 1,50 esperable).

   En el inmueble de Sarmiento 32 (funcionan, entre otros organismos, los tribunales de Trabajo) la funcionalidad resulta de extrema bajeza, con valores que promedian 0,30 con 1,40 como óptimo.

   Vale decir que las instalaciones judiciales locales están lejos de ser adecuadas para garantizar un buen funcionamiento. 

Una realidad que es “inaceptable”

   Consultado magistrados locales, que pidieron reserva en sus nombres, mencionaron que “hace tiempo” vienen trabajando en el desarrollo de una eventual ciudad judicial. Mencionaron que la realidad edilicia actual local es “inaceptable”, con condiciones generales “completamente inadecuadas”. 

   “Hoy es difícil trabajar, porque además cada día hay más requerimientos que atender. Hay jueces que no disponen de las mínimas condiciones de seguridad. Ha habido casos de agresiones físicas en locales que no están preparados para una audiencia, que no cuentan con detectores de armas ni salidas de emergencia”, detallaron. La dispersión también provoca que la gente que debe acudir se confunda de lugares.

   Salvo el Palacio de Tribunales (cuya inauguación data de 1926), ninguno de los edificios que ocupan las distintas dependencias judiciales ha sido pensado y diseñado para este servicio. 

   El resto se ubica en Güemes 112, Colón 46 (fue cedido por EDES en 1999 y presenta importantes problemas estructurales), Corrientes 110, Sarmiento 32, Güemes 102, Gorriti 371, Moreno 215, Las Heras 57 (ex Caja Previsional de Ingenieros), España 17, Chiclana 140, Colón 532, Moreno 25 y Estomba 127 (fue construido en la década del 40 por el banco Capitalizador Argentino y después fue sede de YPF). 

   En 2018 hay una intención de sumar al menos 2 mil metros cuadrados, para ubicar 4 juzgados de Familia y dos de Trabajo, cuya situación actual es calamitosa por la falta de espacio y las incomodidades para el personal.