La cronología del caso

La denuncia en La Nueva. que llevó al arresto de 10 dirigentes sindicales

11/1/2018 | 09:56 |

Foto: Rodrigo García

   Las autoridades detuvieron en las últimas horas a la cúpula de la UOCRA Bahía Blanca, en el marco de una investigación sobre presunta asociación ilícita y extorsión a empresarios locales.

   En septiembre del año pasado empresarios alertaron a La Nueva. sobre la modalidad de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina local en su accionar para pedirles pagos directos y la contratación de proveedores con precios superiores a los del mercado, con presuntos vínculos con los dirigentes del sindicato.

   En aquel momento las principales obras paralizadas eran las de la ruta 51 y la 60 y los empresarios bahienses alertaron sobre la posibilidad de que se vean demoradas las tareas en los parques eólicos que se estaban levantando.

   El 19, el delegado local de la Cámara Argentina de la Construcción Pablo Quantín señaló que "la situación es muy compleja" y denunció que las obras estaban paralizadas hacía casi una semana.

   Por la tarde, los entonces dirigentes de la UOCRA local salieron a responderle a Quantín negando "aprietes" y señalando que lo único que buscaban era "mejorar las condiciones laborales".

   Un día después, en su visita a Bahía la gobernadora María Eugenia Vidal se refirió al conflicto y dijo que los trabajadores "no pueden perder su trabajo por la intervención mafiosa de un sindicato" y denunció públicamente que el gremio obligaba a los contratistas a emplear determinados proveedores de comida, transporte y equipamiento.

   Tras las fuertes declaraciones de Vidal, la Unión Industrial local apoyó la denuncia en un comunicado con el título de "Negociar no es imponer" y repudió el accionar del gremio. También se sumaron varias empresas que denunciaron los mismos problemas que Quantín.

   El 23, la Cámara de la Construcción comunicó que avanzaba en una denuncia penal contra la UOCRA por los delitos de extorsión, amenazas, intimidación y hasta de asociación ilícita.

   Días más tarde, el intendente Héctor Gay se sumó a los reclamos y le pidió a la Justicia que actúe de oficio e investigue a los dirigentes sindicales locales. Sobre la tarde, la Fiscalía General tomó la posta y puso al fiscal Gustavo Zorzano, de Delitos Complejos, a trabajar en la causa.

   Los dirigentes sindicales volvieron a negar las actitudes y se cruzaron otra vez con la gobernadora, para terminar renunciando a principios de octubre.

   El 5 de octubre se nombró a Ricardo Rodríguez como interventor y varios días después desde la Provincia estimaron que los costos de producción bajarían un 25 %.

   Esta mañana detuvieron a 10 dirigentes.

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