Bahía Blanca | Miércoles, 24 de abril

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Discusiones con números en el aire

La estrategia incluye cumplir ahora con su pedido de austeridad y ajuste de la “política”. Para ello, la Gobernadora presentará ante la Legislatura una nueva reforma a la ley de ministerios que apunta con cierta lógica, a “disolver” la estructura de subsecretarias existente y achicar “cargos políticos”.

La gestión ordenada refleja dos ejes centrales: obra pública e inversión social. Existe un enorme déficit de infraestructura en la Provincia.

El desafío político de la gobernadora María Eugenia Vidal es potenciar durante los próximos dos años la construcción de rutas, obras hidráulicas y mejoras en hospitales y escuelas; además de una mayor cantidad y calidad en las prestaciones para aquellos sectores con mayor vulnerabilidad social.

Objetivos propios del lenguaje peronista que trascienden del habitual hermetismo en la sede gubernamental de calle 6.

Los actuales ministros Joaquín De la Torre (Gobierno) y Cristian Ritondo (Seguridad) bien podrían, por sus orígenes, ser “la pata peronista” del gabinete de perfil técnico ministerial.

La Gobernación ya avanzó con representantes del Banco Mundial sobre las obras que se están realizando y proyectaron lineamientos a seguir de manera conjunta, lo que reforzó el vínculo y ratificó el apoyo de la entidad a las políticas de gestión en materia hidráulica.

Días atrás, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Roberto Gigante, comentó que hubo un pedido de “acompañamiento y colaboración” para poder mejorar y ampliar la red de agua potable para los barrios vulnerables de la Provincia. Una de las prioridades de Vidal.

Decididamente adherida a las políticas de ajuste encomendadas por el Gobierno nacional, Vidal confeccionó un paquete presupuestario para el año que viene con esos lineamientos, que incluyó pautas de responsabilidad fiscal, más el pedido de "austeridad" y de recorte del gasto público a los intendentes bonaerenses.

La estrategia incluye cumplir ahora con su pedido de austeridad y ajuste de la “política”. Para ello, la Gobernadora presentará ante la Legislatura una nueva reforma a la ley de ministerios que apunta con cierta lógica, a “disolver” la estructura de subsecretarias existente y achicar “cargos políticos”. Eso implica reducir el gasto que tiene la Provincia en sueldos de “personal jerárquico”.

Comentan en las diagonales que la iniciativa gubernamental busca ordenar secretarías y subsecretarías, que en muchos casos tienen igual función, pero además, busca reducir el exceso de cargos políticos que no tienen alguna función concreta.

También en estos días, la Provincia planea convocar al arco sindical de estatales y docentes para empezar la discusión salarial para el año que viene. Los equipos técnicos de Economía ya hablan de un aumento de entre el 8 y el 12% en cuotas trimestrales y ajuste por inflación.

Obviamente, Vidal necesita garantía de “paz social” que le permita dar iniciar el ciclo escolar 2018 sin mayores tropiezos y con los alumnos en las aulas. Pero, con esos porcentajes de suba de “bolsillo” cuesta imaginar un pronto entendimiento.

Menú a la carta. Cambiemos buscará darle vía parlamentaria un nuevo gusto a la Gobernadora.

Los senadores y diputados estarán obligados por ley a presentar sus declaraciones juradas de bienes patrimoniales una vez al año. Por decreto reglamentario, Vidal obligó a sus funcionarios, jefes policiales y del Servicio Penitenciario, a que hagan públicos sus bienes.

Ahora, con una ley que refrenda esos decretos se agregarían los legisladores y los funcionarios de cargos jerárquicos en ambas Cámaras.

La nueva y mayoritaria conformación legislativa puede permitirle a Cambiemos avanzar a mayor velocidad en distintos debates y leyes que acompañen la gestión Vidal.

La idea es construir puentes de consensos con aquellos legisladores referenciados con los intendentes del peronismo, además de otros interlocutores como los del Frente Renovador “massista” y aliados opositores circunstanciales. El diálogo que reemplace la tan meneada grieta.

Durante la negociación previa a la votación del Presupuesto 2018, el jefe de Gabinete, Federico Salvai habló con algunos intendentes “dialoguistas”, como el lomense Martín Insaurralde y el pigüense Hugo Corvatta, entre otros-, mientras legisladores de Cambiemos seducían a diputados y senadores del PJ que no responden a Cristina de Kirchner.

La “unión” de alcaldes peronistas reniega de toda transacción con los “kirchneristas duros” como los de “La Cámpora”.

Con mayoría legislativa, ahora si la gobernadora buscará adherir a la ley de asegurada de riesgos de trabajo, iniciativa que tiene media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense, pero que está “pisada” hace un buen rato en la comisión de Trabajo del Senado.

Para el peronismo opositor “es llamativo que en este contexto de creciente desempleo, con todas las medidas que viene tomando el Gobierno en contra de los trabajadores, pretendan hacernos creer que la culpa del desempleo la tienen los juicios laborales a través de los accidentes de trabajo". Aseguran que adherir al proyecto es darle paso a la flexibilización laboral en la Provincia.