Para Oyarbide, los Kirchner no se enriquecieron ilícitamente
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BUENOS AIRES (DyN) -- Cristina y Néstor Kirchner fueron sobreseídos ayer en la causa que los investigaba por presunto enriquecimiento ilícito.
La medida fue tomada por el juez federal Norberto Oyarbide, en base a un dictamen del director del cuerpo de peritos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: no detectó delitos en la declaración jurada del matrimonio que, en 2008, tuvo un enriquecimiento del 158%.
"La pericia arrojó que no hubo algo irregular", sostuvo un vocero judicial.
Oyarbide dio intervención al cuerpo de peritos para que analice la declaración patrimonial de los Kirchner. El estudio estuvo a cargo de su titular, Alfredo Peralta.
Igualmente, está en marcha una auditoría de todos los estamentos periciales de la Corte, ratificada días pasados por su presidente, Ricardo Lorenzetti.
Es la tercera vez que la justicia federal sobresee al matrimonio en causas por presunto enriquecimiento ilícito durante sus años de gobierno. Antes de Oyarbide, lo habían hecho Rodolfo Canicoba Corral y Julián Ercolini.
Pormenores. Néstor y Cristina declararon que, en 2007, tenían 17.824.941 pesos que, al año siguiente, se incrementaron a 46.036.711 pesos.
Cuando Néstor asumió (2003), el patrimonio de la pareja era de 6.851.810 pesos. Así las cosas, creció 572% hasta el año pasado.
"Pocas declaraciones están tan claras en Internet", había dicho Cristina en agosto último, cuando se conoció su contenido.
Oyarbide aceptó que intervenga el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, quien firmó la declaración jurada y se entrevistó con el juez en su despacho de los tribunales federales de Retiro para hablar sobre el expediente. A la vez, rechazó la intervención de Alfredo Popritkin, ex perito contador de la Corte Suprema, que preside la ONG Contadores Forenses.
Con lo justo. El sobreseimiento se dictó apenas minutos después de radicarse una denuncia que pidió profundizar la pesquisa y la presentación de nuevos datos que aportaban más sospechas a la causa.
El planteo fue elevado por los diputados nacionales Juan Carlos Morán y Adrián Pérez (Coalición Cívica-ARI), quienes habían armado el escrito ante la profusión de rumores.
"Un juez serio debería reabrir la causa e investigar estas nuevas pruebas. Por eso, estamos evaluando pedir el juicio político de Oyarbide", dijo Morán.
Los denunciantes pedían citar a declarar a los empresarios Lázaro Báez y Juan Antonio Torresin; a los ex gobernador y vice santacruceños Sergio Acevedo y Eduardo Arnold, respectivamente; al autor del libro El dueño, Luis Majul; y a funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Entre los puntos a investigar, Morán y Pérez enumeraban:
* Profundizar sobre el pago efectuado por Juan Carlos Relats en concepto de alquiler al complejo hotelero Los Sauces, de El Calafate, propiedad de Néstor Kirchner. ¿Monto? 10.302.700 pesos, conforme surge de la declaración jurada efectuada por Cristina.
* Analizar la adquisición de tierras fiscales a bajos precios y su posterior venta a valores de mercado, además de las supuestas contradicciones entre las declaraciones juradas del matrimonio presidencial y la venta sobrevaluada de la residencia de los Kirchner en Maipú 225, de Río Gallegos (Santa Cruz), a una empresa de Lázaro Báez.
* Los excesivos intereses obtenidos por el dinero depositado en el Banco de Santa Cruz, propiedad del grupo Eskenazi.
* Detalles publicados en El dueño, de Majul, cuando habla del "arreglo" en torno a que Kirchner habría corregido su declaración jurada con la presunta complicidad de altos funcionarios de la AFIP.