La justicia de la provincia actuará en causas por drogas
La justicia penal de la provincia de Buenos Aires comenzará a intervenir desde el próximo domingo en las causas vinculadas con la venta y distribución de estupefacientes en casos de menor cuantía, que hasta ahora eran competencia exclusiva del fuero federal. Ese tipo de actuación fue notificada formalmente por la procuradora general de la Corte bonaerense, María del Carmen Falbo, a los 18 fiscales generales bonaerenses, en la Plata.
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LA PLATA (Télam) -- La justicia penal de la provincia de Buenos Aires comenzará a intervenir desde el próximo domingo en las causas vinculadas con la venta y distribución de estupefacientes en casos de menor cuantía, que hasta ahora eran competencia exclusiva del fuero federal.
Ese tipo de actuación fue notificada formalmente por la procuradora general de la Corte bonaerense, María del Carmen Falbo, a los 18 fiscales generales bonaerenses, en la Plata.
En la reunión los fiscales generales le solicitaron a la procuradora la posibilidad de pedir una prórroga, pero Falbo les comunicó que no había marcha atrás y que desde la cero de este domingo, los fiscales que estén de turno recepcionarán todas las causas en las que se incaute droga para consumo personal, según contaron voceros judiciales.
Los fiscales generales se oponen al proyecto porque sostienen que la justicia penal ordinaria ya está sobrecargada en extremo y no cuenta con recursos e infraestructura para absorber el volumen de causas que se genera a diario por posesión de droga para consumo.
Sin embargo, voceros de la Procuración aseguraron que Falbo les comunicó a los fiscales generales que el Poder Ejecutivo asignará 120 cargos para conformar equipos que fortalecerán a los fiscales de turno para dedicarse exclusivamente al tema drogas.
Las fuentes indicaron que ese personal extra será distribuido en los seis departamentos judiciales del conurbano --Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, Morón, San Martín y San Isidro--, más el de La Plata y los que involucran a la costa --Mar del Plata, Necochea y Dolores--.
En La Plata será la fiscal Virginia Bravo la que debutará con el tratamiento de estos casos, ya que estará en turno hasta mediados de este mes.
El viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial bonaerenses la adhesión de la Provincia a la norma nacional, que autoriza la desfederalización de la comercialización, entrega, suministro y facilitación de estupefacientes fraccionados en dosis, destinadas directamente al consumo.
Esperan problemas
El primer gran inconveniente que se les planteará a los fiscales y a la policía desde el domingo venidero, será definir qué es menor cuantía en materia de drogas, ya que la ley no especifica a partir de qué cantidad de estupefaciente será competencia ordinaria o federal.
El artículo primero de la norma establece que cuando la "entrega, suministro o facilitación (de la droga) fuere ocasional y a título gratuito, y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta, la pena será de seis meses a tres años de prisión".
El segundo artículo señala: "Los delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, mediante ley de adhesión opten por asumir su competencia cuando se comercie, entregue, suministre y facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumo".
Sin embargo, la norma indica que la justicia federal intervendrá cuando la causa tuviese conexidad subjetiva con otra sustanciada en dicho fuero y en "caso de duda sobre la competencia".
Críticas de magistrados
La iniciativa fue objetada por magistrados y fiscales nucleados en el denominado Foro para la Justicia Democrática, al considerar que se pretende "mayor eficacia en el combate de la droga con un sistema judicial sobrecargado con la competencia ordinaria".
El Foro sostuvo que debería dotarse previamente a la justicia "de todos los recursos humanos y materiales que reclama elementalmente semejante empresa".
"De lo contrario se consolidaría el actual estado de sistema penal con un nuevo y estrepitoso fracaso conceptual y práctico, con los inconmensurables daños que ello implique", añadieron.
A pesar de que les aliviará el trabajo, la norma también es criticada desde algunos sectores de la justicia federal, que consideran que los fiscales provinciales no están preparados y ya están sobrepasados con la cantidad de causas que manejan a diario por delitos comunes.
El impulsor político de esta ley fue el gobernador bonaerense Felipe Solá, quien al día siguiente de su sanción aseguró: "Si no encerramos al que vende todos los días en un lugar, no somos creíbles en la lucha" contra el narcotráfico.