Incautan autopartes en General Cerri
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El secuestro de una importante cantidad de autopartes, algunas de origen delictivo, y la detención de dos personas, entre ellas un sujeto que estuvo involucrado en los denominados ilícitos del sur, fue el saldo principal de un operativo que realizó la DDI en un galpón de General Daniel Cerri, se informó ayer oficialmente.
Los sospechosos fueron identificados como Aníbal Oscar Domínguez, de 58 años, domiciliado en Cacique Venancio 1515, y Roberto Vasconcellos (61), quien vive en la avenida Alem 923 y tiene como antecedente una condena por aquel sonado caso descubierto en la década del '80.
El procedimiento, a cargo de efectivos de la unidad especializada en delitos relacionados con el rubro automotor, tuvo lugar en Gutiérrez 379, de la vecina localidad, donde, según se indicó, habían surgido sospechas de posibles maniobras dolosas con piezas de vehículos.
En principio se descubrió que el local carecía de habilitación municipal y tampoco contaba con el libro de registro de autopartes, en infracción a los artículos primero y sexto de la ley 13.081, y por ese motivo se decidió su clausura preventiva.
Después de identificar a los encargados del lugar --Domínguez y Vasconcellos--, se concretó un pormenorizado análisis de la mercadería en depósito.
"Se detectaron cuatro cajas de cambio de Ford, para modelos Fiesta o Ka, y otras dos de Renault Twingo y Peugeot 206, de reciente fabricación, a las cuales se les había suprimido el sticker identificatorio", explicó un informante de la fuerza.
También encontraron un cristal, con numeración original, perteneciente a un Volkswagen Golf, modelo 2001, coincidente con el dominio original DSO 218, que presentaba pedido de secuestro activo en una causa caratulada como robo y robo de automotor, del 6 de agosto de 2002, librado por la comisaría Cuarta de Lanús.
En ese hecho resultó víctima y denunciante Alberto Daniel Parafioti, quien vive en Andrade 739, de Remedios de Escalada, se indicó.
"Además se hallaron autopartes que presentaban violencia en su extracción, como, por ejemplo, puertas a las que, en lugar de quitarles los tornillos, se habían cortado sus bisagras con amoladoras, suprimiéndoseles los sticker de registro", aclaró el vocero.
Los dos acusados quedaron a disposición del fiscal Guillermo Federico Petersen, de la UFI Nº 2, imputados, en principio, de infringir los artículos 277 y 289 del Código Penal.
Los ilícitos del Sur
Roberto Vasconcellos fue uno de varios empresarios bahienses que estuvo involucrado, en la década del '80, en los llamados ilícitos del sur, maniobras que perjudicaron al fisco en sumas multimillonarias, al amparo de la ley de promoción industrial que beneficiaba a Tierra del Fuego.
A mediados del año 1994, el juez federal Alcindo Alvarez Canale sentenció a Vasconcellos a seis años de prisión por defraudación a la administración pública (55 hechos consumados y 28 en grado de tentativa) y asociación ilícita.
En un fallo posterior, dictado en otra de las causas vinculadas, el magistrado había clarificado el monto del perjuicio que sufrió el Estado por el cobro indebido de permisos de embarque: 7.581.979 dólares.
Las maniobras fraudulentas al amparo de la ley de promoción industrial número 19640, que regía para la Isla Grande de Tierra del Fuego, fueron detectadas en los primeros meses de 1988.
En marzo de aquel año, el entonces intendente municipal, doctor Juan Carlos Cabirón, realizó una denuncia pública sobre el tema y la justicia federal inició una pormenorizada investigación, que llevó a procesar y detener a decenas de personas, la mayoría de ellas empresarios y despachantes de Aduana.
Cuando el fiscal de la Cámara Federal local, doctor Hugo Omar Cañón, denunció los ilícitos ante la fiscalía de primera instancia del Juzgado Federal Nº 1, explicó la manera en que se concretaban las tramitaciones irregulares.
La ley 19640 --había dicho-- creó en Tierra del Fuego un Area Aduanera Especial, motivo por el cual las mercaderías que llegaban del resto del territorio, gozaban de excepciones de requisitos cambiarios, exenciones de tributos y reintegros o reembolsos impositivos por exportación, como si los envíos se efectuaran al extranjero.
Detalló que en el caso de las empresas de Bahía Blanca, la actividad delictual se realizaba de dos maneras.
Una de ellas consistía en cometer fraudes al Estado a través de reintegros o reembolsos improcedentes, falseándose declaraciones sobre los valores de las mercaderías destinadas a la isla y obteniéndose el pago de sumas que no correspondían.
La otra se concretaba mediante el envío al Area Aduanera Especial, de mercaderías (sobre todo materiales para galpones y viviendas industrializadas) distintas a las documentadas o en volúmenes inferiores a los consignados en los papeles que se presentaban, lográndose el cobro de abultados e indebidos reintegros.