Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

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Fraude en seguros, un delito que le cuesta a las compañías $ 55.000 millones al año

Se trata de una violación a las leyes que tiene escasa o nula condena social, aunque genera prejuicios a la industria y a los propios asegurados.

Fotos: archivo La Nueva.

Francisco Rinaldi / frinaldi@lanueva.com

   Las necesidades económicas que impuso la pandemia incrementaron en un 15 por ciento una modalidad delictiva que casi no tiene condena social: el fraude en seguros, de acuerdo con un informe elaborado en base a datos oficiales y de las propias compañías del mercado asegurador de nuestro país.

    El fraude en seguros abarca a una amplia gama de estrategias delictuales, que van desde la simulación de accidentes de tránsito al autorrobo de ruedas de motovehículos y autos, por citar apenas algunos.

    Aunque son bastante menos frecuentes, la rama vida también padece este tipo de situaciones.

    “En la pandemia se dieron situaciones que explican el incremento del fraude".

    "La primera de ellas es la necesidad económica de la gente, quienes salieron con mayor frecuencia a cometer estos ilícitos".

     "Pero, además, nuestros inspectores no podían salir a la calle a constatar los siniestros durante la etapa más álgida del aislamiento, y como las empresas tenemos plazos legales para responder y la duda siempre corre a favor del asegurado, tuvimos que pagar siniestros que o eran exagerados o no eran tales”, explicó a La Nueva. Juan Ignacio Perucci, gerente general de Libra Seguros.

    Aclaró que dentro del espectro de delitos relacionados con los seguros conviven auténticas bandas organizadas, que agrupan a profesionales como médicos, abogados, etcétera, con asegurados que intentan sacar algún provecho, a través de la simulación o exageración de siniestros, generalmente, accidentes de tránsito.

     “Las bandas actúan más en la simulación de accidentes viales, y lo que buscan es exigir a las compañías un resarcimiento por un siniestro inexistente, mientras que, entre el segundo grupo, en el que no existen organizaciones, suelen actuar asegurados simulando robos".

    "Uno de los que más crecimiento ha tenido es el autorrobo de ruedas de motos y autos, lo que sin dudas están íntimamente relacionado con el fuerte aumento de precios del producto”, explicó.

    Más allá de la forma del delito, lo cierto es que el fraude es una verdadera preocupación para la industria, toda vez que su costo para las empresas ronda los 55.000 millones de pesos al año, según el informe.

    “Todo esto lo que hace es afectar al margen de solvencia de las empresas del sector, de manera que muchas veces, no se puede cumplir como es debido con quienes realmente han sido afectados por un accidente”, advirtió.

    Con relación a la falta de condena social de estos delitos, ya que el imaginario popular y la mala conducta de algunas aseguradoras, hacen pensar a la gente que la compañía no va a cumplir con lo pactado, Perucci señaló que “en plena crisis de 2001, el sector respondió muy bien a las demandas de ese momento, aunque es verdad que algunas firmas no se comportaron como es debido".

    "Pero tenga en cuenta que hay 200 empresas en el mercado asegurador argentino, y estamos hablando de no más de 20 que no hicieron las cosas bien. Sin embargo, lamentablemente, su accionar nos manchó a todos”, aclaró.

    Pese a ello, algunos servicios que prestan las aseguradoras están muy por debajo de las expectativas de los asegurados.

   “Debo admitir que hay errores propios. Un ejemplo claro son los servicios que tercerizamos, como por ejemplo, las grúas".

    "Es obvio que si dejamos a una persona con su familia tirada 13 horas en la ruta, como pasó días atrás con "Campi" (N de R: se refiere al reconocido actor cómico Martín Campilongo, quien permaneció varado por ese tiempo, con sus hijos, en plena Ruta 2 esperando que su compañía le enviara la grúa), la gente no va a tener la mejor imagen de nosotros".

    "Lamentablemente, eso nos afecta a todas las empresas, inclusive, a las más grandes y reconocidas del mercado”, dijo.

    Exageradas

    Según el informe, elaborado  por Libra en base a datos oficiales y de organizaciones que reciben apoyo de las aseguradoras, como CESVI Argentina, casi la mitad de las denuncias de siniestros en Argentina son falsas o exageradas.

    "De los efectos devastadores de la pandemia en la economía se ha escuchado y leído hasta el cansancio".

    "Pero poco se habló del auge de conductas delictivas que crecieron justamente al calor de la crisis, la dificultad para controlar y la suposición errónea de que se trata apenas de una picardía", reza el informe.

    “El fraude, en todo sentido y en cualquier industria, es claramente un delito y así está tipificado en el Código Penal. Y en la industria aseguradora tiene un impacto de magnitud porque representa un alto porcentaje de los pagos por siniestros, lo que afecta la solvencia del sistema”, dice Gabriel Bussola, titular de Libra.

   Aunque se trata de un problema mundial, en la Argentina aproximadamente el 45% de las denuncias de siniestro son falsas o exageradas, una cifra que en otros países oscila entre el 38 y el 40 %.

    “Libra tiene tomada la decisión política de no avalar ninguna conducta de este tipo. Vamos a detectar, combatir y llevar a la Justicia los casos de fraude”, explica Bussola.

    La compañía detecta entre 20 y 30 casos de fraude mensuales. Ese trabajo le permite destinar unos 80 millones de pesos al año para siniestros y juicios que sí corresponde pagar a término.

    Relevamientos del sector detallan que de cada 100 intentos de fraude en vehículos, unos 80 corresponden a presuntos robos del auto o la moto, 15 a cubiertas y los 5 restantes a sobreestimación en el valor del siniestro.

    El fraude también aparece, aunque en menor medida, en otros tipos de seguros: suelen inventarse daños a electrodomésticos y causales de muerte distintas a las amparadas en las coberturas de personas.

    “Están las condiciones dadas, en materia de derecho de seguros y derecho penal, para poder rechazar los siniestros fraudulentos dentro de los plazos establecidos por la Ley de Seguros, y utilizar esos fundamentos a la hora de denunciar penalmente a quien intentó cobrar un siniestro que no correspondía”, explica Cúneo Libarona, experto en Derecho Penal y Procesal Penal.

   En la misma línea se expresa Bussola: “Si el que intenta un fraude o lo lleva adelante no tiene consecuencia legal alguna, estamos fomentando un camino de enriquecimiento ilícito".

    "Hay que romper con la abulia o liviandad con que se toma la temática del fraude en la industria del seguro. No alcanza con la detección o con lograr el desistimiento, hay que tomar conciencia del impacto económico que provoca y del efecto en la conciencia social que implica mirar para otro lado frente a un delito. La sociedad requiere de fuertes señales", señaló.