Bahía Blanca | Domingo, 28 de abril

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Paso clave para cubrir la vacante en el Juzgado Federal Nº 1

La comisión de Acuerdos del Senado aprobó el pliego de Walter López Da Silva, quien actualmente es secretario del juzgado de Bariloche.
Foto: Pablo Presti-LN.

   En la próxima sesión del Senado de la Nación -con fecha a definir-, si su pliego es aprobado con dos tercios de los presentes, el doctor Walter Ezequiel López Da Silva se convertirá en el nuevo titular del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca. De esa manera se mitigará la falta de nombramientos en el ámbito de la Justicia Federal de Bahía Blanca, que para el fiscal Alejandro Cantaro, según dijo en los últimos días, atraviesa "su peor momento" por esta situación.

   La comisión de Acuerdos de la Cámara Alta aprobó en las últimas horas el pliego de Da Silva, quien desde 2002 es secretario o juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche.

   El Juzgado Federal Nº 1 está sin juez desde hace 4 años, cuando renunció y se jubiló el doctor Alcindo Álvarez Canale. El otro juzgado federal (Nº 2), que estaba sin titular desde 2009, fue ocupado en febrero pasado por la doctora María Gabriela Marrón, aunque poco después tomó licencia por el traslado laboral de su marido al exterior y recién regresará en octubre del año que viene.

   En la actualidad -como pasa en la causa por el secuestro de drogas sintéticas en la fiesta electrónica- viene subrogando en Bahía la jueza federal de Viedma, Mirta Susana Filipuzzi, aunque esa situación genera contratiempos y demoras en el trámite de los procesos. De hecho, en alguna circunstancia, la doctora Filipuzzi advirtió limitaciones para viajar periódicamente de su lugar de origen y pidió a la Cámara Federal bahiense que se le envíen las causas a su despacho, acto que de por sí implica un riesgo, teniendo en cuenta que se trata del traslado de expedientes judiciales.

   En el ámbito federal, los jueces deben intervenir en causas relacionadas con el crimen organizado (narcotráfico, trata de personas y secuestros), en delitos cometidos en ámbitos nacionales (como la UNS o rutas nacionales), en alta mar o el espacio aéreo, en causas de lesa humanidad y en aquellas que tienen que ver con cuestiones tributarias, evasión fiscal, transgresiones aduaneras y reajustes de haberes de la ANSES.