El 80% de las motos secuestradas en Bahía nunca vuelve a manos de sus dueños

Redacción de La Nueva.

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El municipio de Bahía Blanca puso en marcha un nuevo operativo de compactación de vehículos en desuso, con un dato que enciende alertas: la enorme mayoría de las unidades acumuladas son motocicletas que nunca fueron retiradas por sus dueños.

El procedimiento se desarrolló en el predio municipal de Undiano y Brickman —el depósito de motos más grande de la ciudad— en el marco de la Ley Provincial 14.547 y del programa nacional de descontaminación y compactación.

Según informó el jefe de Gabinete, Luis Calderaro, el operativo actual contempla más de 200 automóviles y aproximadamente 2 mil motocicletas, una desproporción que expone un fenómeno creciente.

“Nosotros tenemos una estimación que de cada 10 motos que se secuestran al menos 8 no se retiran y en el caso de que cada 10 autos que se secuestran al menos 9 se retiran. Por eso también ven la acumulación de motos en el predio”, explicó el funcionario.

Para tomar dimensión de la problemática, en poco menos de un mes (entre el 26 de enero y el 23 de febrero), en distintos operativos de tránsito realizados por la División de Control y Ordenamiento Urbano, se retuvieron 190 motocicletas, ya sea por falta de documentación, por el estado del conductor (positivo a los tests de alcoholemia y de estupefacientes) o bien defectos graves en el rodado (ausencia de caños de escapes o luces) y 108 automóviles, también por faltas similares.

Salud y espacio público

Calderaro remarcó que la iniciativa no sólo apunta al ordenamiento urbano sino también a cuestiones sanitarias y ambientales.

“Esta decisión vincula temas de salubridad, medio ambiente y orden público; es por eso esta disposición final que tiene el aval del intendente Federico Susbielles para darle continuidad y que sea permanente este tipo de programa”, señaló.

El operativo forma parte del programa PRODECO del Ministerio de Seguridad de la Nación, que permite realizar la compactación sin costo para el municipio y destinar lo recaudado a entidades de bien público locales.

“El intendente Federico Susbielles nos ha pedido encarecidamente que regularicemos la situación y tener una política clara al respecto, porque todos los predios y corralones municipales están abarrotados de vehículos”, agregó Calderaro.

Actualmente, en la ciudad existen al menos seis depósitos con una estimación de casi 15 mil vehículos secuestrados entre autos y motos.

Por qué se abandonan

La jueza de Faltas Soledad Monardez aportó la clave del fenómeno: la mayoría de las motocicletas retenidas no puede ser retirada por problemas documentales, deudas o condiciones técnicas.

Ante la consulta sobre si existe un patrón de abandono deliberado, la magistrada fue clara.

“Hay que tener en cuenta que los vehículos tienen que estar en condiciones de rodar para ser retirados del corralón y lo que sucede con ese porcentaje que menciona Calderaro es que muchas no están en condiciones de rodar”.

Según explicó, la informalidad en el mercado de motos es determinante.

“Hay mucha informalidad en la compra y venta de motocicletas y cuando intentan recuperarla se dan cuenta que no cuentan con la documentación necesaria respaldatoria o que quizás tengan muchísimas multas o deudas de patentes y al momento de retirar hay que abonarlas. Esas son las razones fundamentales”.

A esto se suma el costo creciente de la estadía.

“También hay que tener en cuenta el tiempo que esté en el corralón, porque eso también acumula deudas”, advirtió.

Incluso, en muchos casos la deuda supera el valor del rodado.

“La ordenanza fiscal impositiva establece que para realizar un acto administrativo sobre un mueble o un inmueble debe pagar la denuncia. Entonces para poder retirar una moto se tiene que abonar lo que se adeuda… a veces realmente excede el valor del rodado”, precisó.

El reloj corre

Monardez recordó que la normativa fija plazos claros para la disposición final.

“Es importante que la gente sepa que pasados los 180 días de secuestrado el vehículo, la ley habilita a considerar que el rodado está en estado de abandono”.

Desde ese momento, y tras las intimaciones correspondientes, el municipio puede avanzar con la compactación.

“Esta gestión tomó la decisión de darle continuidad a esta decisión. Por lo cual, la gente tiene que saber que pasado los seis meses eso va a empezar a suceder”, subrayó.

El proceso se realiza bajo estrictos pasos administrativos —incluidos edictos y notificaciones— para evitar futuros reclamos legales.

Los vehículos que no poseen certificado de rodabilidad van directamente a compactación; los que sí lo tienen pueden ser subastados o reutilizados por el Estado.

El material resultante se comercializa como chatarra y los fondos se distribuyen entre organizaciones de bien público de Bahía Blanca. Cada cubo compactado pesa entre 800 y 1000 kilos y el monto final depende del tonelaje obtenido.

Más que una cuestión estética

Desde el municipio insisten en que la acumulación de vehículos abandonados genera riesgos concretos: los depósitos favorecen la proliferación de roedores y mosquitos, y las unidades deterioradas liberan sustancias contaminantes como aceites, combustibles, ácido sulfúrico y plomo.

“No solo es lo visual… sino que también están en juego cuestiones de salud y medioambientales, además de recuperar espacios”, concluyó Calderaro.

Con la meta de realizar entre dos y tres operativos por año, la comuna busca descomprimir predios saturados. Pero los números dejan en evidencia que el verdadero desafío está en otro lado: la informalidad y el abandono sistemático de motocicletas siguen alimentando un problema que crece más rápido de lo que se compacta.

Los autos quemados de la 51

El incendio que arrasó con alrededor de 350 vehículos en el predio de la Caminera, sobre la ruta provincial 51, no solo dejó una postal impactante, sino que volvió a poner sobre la mesa esta problemática latente en Bahía Blanca.

“Con esos autos hay una traba insoslayable, ya que no están bajo juzgado municipal. Se trata de automóviles que están en el marco de un proceso judicial, ya sea de la justicia ordinaria o de la justicia federal”, señaló Calderaro.

Y añadió: “Pero sí hemos mantenido conversaciones con autoridades judiciales para agilizar el proceso para que aquellos vehículos que han finalizado sus peritajes o las causes estén cerradas, puedan ser retirados y darles una disposición final”.