Ley de Tierras: ¿cuánto territorio argentino ya está actualmente en manos extranjeras?
Se trata de más de 13 millones de hectáreas distribuidas en distintas provincias.
Un total de 13,2 millones de hectáreas de tierras argentinas ya se encuentra actualmente en manos extranjeras, un porcentaje que equivale a casi el 5% de toda la superficie continental del país. Es un territorio similar al de las provincias de Santa Fe o Santiago del Estero, y unas diez veces la superficie de las Islas Malvinas.
Esas tierras rurales no se distribuyen de manera homogénea. Las mayores concentraciones aparecen donde confluyen algunos de los principales activos estratégicos del país: agua dulce, minerales críticos, puertos, bosques, infraestructura energética y pasos fronterizos.
A nivel provincial, ninguna provincia supera el límite del 15% establecido por ley. Las que cuentan con el mayor porcentaje de sus tierras extranjerizadas son Salta (11,4%), Misiones (11,3%), San Juan (10,4%), Mendoza (9,1%), Catamarca (8,2%) y Santa Cruz (8,1%).
En cambio, hoy existen 31 departamentos y municipios donde la participación extranjera supera el límite del 15% previsto por la ley vigente. Casi la mitad son departamentos fronterizos, y algunos superan el 50%, como San Carlos y Molinos en Salta, y General Lamadrid en La Rioja.
Entre los recursos asociados a estos territorios en manos extranjeras, el corredor del Paraná contiene puertos, industrias y centrales nucleares.
En el Noroeste y la zona de Cuyo hay proyectos de cobre, litio y oro con una alta concentración de glaciares, recursos hídricos y pasos internacionales; en el Noreste, la extranjerización se concentra en el corredor forestal del norte de Misiones y Corrientes, con industrias madereras y los recursos hídricos de los humedales, mientras que en Patagonia la mayoría de las tierras en manos no argentinas se concentra en torno a lagos, ríos, bosques y cuencas de origen glacial compartidas con Chile.
Más allá del revés en el Congreso, ya que por falta de apoyos la Casa Rosada decidió retirar el capítulo que proponía liberar la compra de tierras, este modelo es reivindicado por el Gobierno como un ejemplo del tipo de inversiones que busca atraer con la reforma. Durante su discurso en la Sociedad Rural, el presidente Javier Milei sostuvo que la flexibilización de la ley permitiría desarrollar actividades como la industria forestal, el riego o determinadas economías regionales y estimó inversiones por US$15.000 millones.
La ley vigente fue sancionada en 2011, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de limitar la concentración de tierras rurales en manos extranjeras sin afectar los derechos adquiridos. Por esa razón, en los lugares que ya superaban los límites establecidos permanecieron en esa situación y hoy existen 31 departamentos y municipios por encima del tope legal.
¿Qué cambia la reforma?
Si prosperase la reforma impulsada por Javier Milei, el porcentaje actual de tierras rurales en manos de extranjeros podría incrementarse. La iniciativa forma parte del paquete de desregulaciones denominado "Inviolabilidad de la propiedad privada" y modifica aspectos centrales de la Ley de Tierras Rurales (26.737).
La última versión del proyecto que circuló entre los senadores propone aumentar el tope de 15% a 25% de tierras rurales en manos extranjeras (nación, provincias y municipios), eliminando cupos por nacionalidad y zona núcleo (o equivalente) por titular y prohíbe únicamente la compra de tierras por Estados extranjeros.
También permitiría, en caso de aprobarse, la compra por extranjeros de tierras con recursos hídricos y en zonas de seguridad de frontera. Además, los compradores no deberán declarar su titularidad y solo deberán inscribirse en el Registro Nacional de Tierras Rurales.
En este marco, especialistas y legisladores cuestionan la redacción del nuevo artículo sobre el límite del 25%. Advierten que, al no mencionar expresamente a los departamentos, la reforma permitiría que la totalidad de la tierra rural de un municipio quede en manos extranjeras, siempre que el porcentaje provincial no supere el nuevo tope.
El Gobierno sostiene una posición opuesta. Al defender el proyecto en el Senado, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, calificó la Ley de Tierras como “flagrantemente inconstitucional” porque, a su juicio, contradice los artículos 20 y 25 de la Constitución, que reconocen a los extranjeros el derecho a adquirir bienes inmuebles. Además, afirmó que la normativa constituye "un cerco a las inversiones" al desalentar proyectos productivos y de infraestructura. Desde la vereda contraria sostienen que se trata de una interpretación “parcial y forzada” de la Constitución.
Un poco de historia
La ley vigente de 2011 fue aprobada con amplio consenso político, a partir de un acuerdo entre las provincias, las Fuerzas Armadas, universidades, el Conicet, el INTA y distintos organismos del Estado.
Quince años después, el oficialismo busca revertir ese esquema. La reforma ya obtuvo dictamen en el Senado, aunque su texto se modificó en más de una decena de oportunidades y ya fue retirado de la discusión de las próximas horas.
Una de las voces más críticas fue la de la propia vicepresidenta Victoria Villarruel, que acusó al Poder Ejecutivo de querer "vender el país”. (con información de La Nación)