Colegios privados van a la Justicia por el traspaso de personal de Anses al IPS
Advierten que ese cambio en el régimen previsional de los no docentes y personal extraprogramático generará perjuicios económicos para las instituciones y los trabajadores.
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para cuestionar el traspaso del personal no docente y de los docentes extraprogramáticos de los colegios privados desde el régimen previsional nacional, administrado por ANSES, al Instituto de Previsión Social (IPS).
La controversia surge a partir del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires, que establece que los docentes extraprogramáticos —quienes dictan actividades o materias fuera de la planta funcional obligatoria— y el personal no docente de instituciones educativas de gestión privada pasen a realizar sus aportes al régimen previsional provincial.
Desde AIEPA sostienen que la medida fue adoptada sin un proceso suficiente de diálogo y sin un marco normativo y administrativo que brinde seguridad jurídica a las instituciones alcanzadas.
"El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al régimen administrado por ANSES", afirmó Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.
Según estimaciones de la entidad, el cambio alcanzaría a entre 50.000 y 55.000 trabajadores, entre personal auxiliar, no docente y docentes que desarrollan actividades extraprogramáticas.
La asociación advirtió que la modificación podría generar un aumento en los costos laborales para los establecimientos educativos privados, debido a la posible pérdida o inaplicabilidad del régimen diferencial de contribuciones patronales previsto por la normativa nacional. Además, señaló que el aporte personal exigido por el IPS es superior al del sistema nacional, lo que podría reducir el salario de bolsillo de los trabajadores.
Otro de los planteos está vinculado con las futuras jubilaciones del personal alcanzado. Desde AIEPA indicaron que muchos trabajadores desarrollaron gran parte de su carrera bajo el régimen nacional y podrían no reunir los años necesarios para acceder a un beneficio previsional provincial, por lo que eventualmente terminarían jubilándose por ANSES pese a haber aportado durante años al IPS.
Ante este escenario, la entidad solicitó a la Suprema Corte bonaerense la declaración de inconstitucionalidad de la normativa provincial y medidas que resguarden la seguridad jurídica de los establecimientos educativos.
La presentación sostiene que continúa vigente el régimen nacional, cuestiona la falta de coordinación entre Nación y Provincia y advierte sobre el riesgo de que las instituciones enfrenten reclamos simultáneos de organismos nacionales y provinciales.
En ese sentido, AIEPA señaló que, si los colegios dejan de realizar los aportes al régimen nacional sin una norma que expresamente los exima de esa obligación, podrían quedar expuestos a eventuales reclamos de deuda por parte de ANSES, ARCA u otros organismos competentes.
Paralelamente, la entidad realizó presentaciones ante distintos organismos y solicitó a la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) que, mientras no exista una definición normativa o judicial, no se exija a los establecimientos incorporar al personal extraprogramático a la planta funcional.
El conflicto también llegó al ámbito nacional. El Estado Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de que se suspenda la aplicación de la normativa provincial.
Para AIEPA, esa demanda respalda la postura que viene sosteniendo desde el inicio del conflicto, al considerar que la discusión excede el ámbito provincial e involucra competencias nacionales y el régimen de la seguridad social.
"La aplicación inmediata del régimen provincial puede colocar a las instituciones educativas en una situación de grave incertidumbre jurídica, con riesgo de superposición de obligaciones, mayores costos laborales, eventuales reclamos de organismos nacionales y perjuicios para el personal alcanzado", señalaron desde la entidad.
Finalmente, AIEPA reiteró que los colegios privados no buscan incumplir con sus obligaciones previsionales, sino contar con una definición clara y coordinada entre Nación y Provincia sobre cuál es el régimen aplicable. Por ese motivo, solicitó que no se exija la implementación del traspaso hasta que exista una resolución judicial o normativa que otorgue certeza al sector.