Provincialización de las rutas: qué pasará con las de nuestra zona

Redacción de La Nueva.

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Un nuevo grito en el cielo se escuchó en los últimos días por el estado general de las rutas nacionales, entre las que se encuentran muchas que atraviesan nuestra región, luego de que el Gobierno nacional anunciara el traspaso de varias carreteras a distintas provincias.

Este proceso, que fue conocido como la provincialización de rutas y anunciado con bombos y platillos como la supuesta solución al deplorable estado que tienen algunos tramos en distintos puntos del país, por el momento solo se circunscribe a determinados territorios, de los que Buenos Aires no forma parte.

Más allá de que las rutas de nuestra región nuevamente deban esperar y los usuarios tengan que seguir circulando entre baches, pavimento agrietado o acanalado, banquinas dejadas, tramos en los que el asfalto es solo un recuerdo, puentes en dudoso estado, vados de los que nadie se hace cargo y obras sin concluir, varias voces se han alzado en contra de la iniciativa en sí.

Al respecto, el ingeniero José Raúl Rizzo, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (CONADUV), cuestionó el proyecto de provincialización de rutas nacionales, ya que plantea la transferencia de responsabilidades a las provincias sin el giro correspondiente de fondos.

Advirtió que esta medida, sumada a la propuesta de implementar peajes en rutas de escaso tránsito, podría derivar en una "doble imposición" para los usuarios porque, entiende, las provincias también van a querer recaudar.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener el carácter nacional de las rutas para garantizar un estándar de servicio uniforme, evitando que cada provincia priorice tramos de manera arbitraria.

"En realidad, Vialidad Nacional debería contar con fondos específicos derivados del Impuesto a los Combustibles, pero el Gobierno los está desviando hacia otras áreas, lo que afecta directamente el mantenimiento de la red vial —sostuvo—. Si tuviéramos ese dinero, no necesitaríamos estar provincializando nada".

El dirigente también señaló que la falta de inversión ha llevado a una parálisis casi total de las obras en todo el país.

"Esta situación —consideró— es particularmente preocupante en el Sudoeste Bonaerense y la región sur, donde la conectividad con puertos y centros de producción es vital".

Rizzo recordó que "la razón de ser de las rutas nacionales, y de su diferenciación de las provinciales o municipales, es la importancia que tiene cada una de ellas para el crecimiento del país".

"La idea es mantener un mismo nivel de servicio a lo largo de todo el tramo, de toda la longitud de la ruta, para que el usuario sepa siempre qué va a encontrar. Porque, si no, uno puede encontrar 50 kilómetros en buen estado, otros 50 en malo y así sucesivamente", dijo.

Sin embargo, advirtió que con este proyecto "va a suceder que de pronto a una provincia le puede interesar mantener las rutas bien y a otra puede interesarle no mantenerlas y cobrar peaje por no mantenerlas".

"¿Qué pasaría, por ejemplo, si se provincializan las rutas en Río Negro y su gobierno plantea que solo le interesan sus puertos y el contacto con Buenos Aires, y no con Chubut o Santa Cruz? O sea, solo atiende la mitad de la ruta", dijo.

El secretario de CONADUV sostuvo también que el esquema de concesiones propuesto desde el Gobierno nacional podría multiplicar significativamente el costo de los peajes, encareciendo el transporte de carga y la circulación de particulares.

Al respecto, recordó que el primer tramo de concesiones de obra pública que planteó el Gobierno el año pasado abarcaba 9.000 kilómetros de caminos, "en donde se duplica la cantidad de cabinas de peaje y prácticamente se triplica el valor en cada cabina".

"Entonces, para hacer el mismo recorrido que estamos haciendo en este momento, vamos a tener que pagar seis veces más de lo que se está pagando ahora. Y si a eso le sumamos rutas de escaso tránsito que también se concesionan, vamos a estar pagando peajes hasta para salir a la puerta de casa", añadió.

"Ilegal, inconstitucional e inoportuna"

Días atrás, la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional rechazó el Decreto 253/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, que dispone la provincialización de rutas nacionales y habilita el financiamiento mediante peaje directo con cobro en ruta.

Para el sindicato, la medida es "ilegal, inconstitucional e inoportuna" y traerá graves consecuencias para la seguridad vial, las economías regionales, la logística productiva y el mantenimiento de la red vial.

Entre los principales efectos negativos, CONADUV advierte que la transferencia de la gestión de rutas nacionales a las provincias o al sector privado restringirá la circulación interna, encarecerá el acceso a los mercados y afectará la competitividad de la producción. Tampoco habrá mejoras en la seguridad vial ni una real reducción en los costos de transporte, según el comunicado.

A través de un comunicado, el gremio sostiene que el decreto carece de una ley formal que lo respalde, tal como exige la Constitución Nacional en su artículo 75, y viola principios de legalidad, razonabilidad y federalismo. Al no establecerse una transferencia presupuestaria, se trasladan cargas a las provincias de forma arbitraria.

En cuanto al peaje, CONADUV argumenta que se trata de un impuesto encubierto porque no garantiza una contraprestación suficiente ni proporcional. La jurisprudencia admitiría el peaje como tasa solo si retribuye un servicio concreto, condición que aquí no se cumpliría. Además, la medida superpone cargas al coexistir con el Impuesto a los Combustibles, cuyos fondos —denuncia el gremio— son mal administrados y desviados a otros fines.

Por ello, se propone recuperar la gestión estatal de las rutas, jerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad y destinar efectivamente los fondos del Impuesto a los Combustibles a su finalidad original: garantizar un sistema vial óptimo, sin peajes ni barreras. Asimismo, impulsa un proyecto de transporte multimodal (vial, ferroviario y fluvial) concebido como política de Estado.