Fondo de emergencia para los municipios: ¿cuántos millones envió La Provincia a la región?

Redacción de La Nueva.

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   El gobierno bonaerense transfirió esta semana casi 1.300 millones de pesos de libre disponibilidad a los distritos de la Sexta Sección Electoral, provenientes del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.

   Este fondo había sido creado a fines del año pasado, en medio de las discusiones por el pedido de endeudamiento que el gobernador Axel Kicillof elevó a la Legislatura.

   En aquella oportunidad, la oposición condicionó el apoyo al proyecto del gobernador a la sanción de una ley que permitiera distribuir parte de la deuda tomada entre los municipios.

   Tras llegar a un acuerdo en tal sentido, esta semana llegó el primer desembolso: 13.010 millones de pesos para las 135 comunas, distribuidos de acuerdo con el Coeficiente Único de Distribución (CUD), que se utiliza para repartir los fondos de coparticipación.

   Debido al que el reparto se realizó en base al CUD -cuya fórmula otorga más recursos a los distritos con mayor  población, capacidad tributaria, gastos en salud y necesidades básicas, entre otros factores- Bahía Blanca quedó al tope de los distritos de la región que más dinero recibieron. Fueron en total 172.740.000 pesos

   Luego se ubicaron Patagones, con $ 94.970.000; Coronel Suárez, con $ 87.250.000; y Tres Arroyos, con $ 83.610.000.

   Entre los que menos recibieron, en tanto, figuran Monte Hermoso, con 24.350.000 pesos; Salliqueló, con $ 21.270.000; Pellegrini, con $ 20.640.000; y Tres Lomas, con $ 20.470.000.

   A nivel provincial, el distrito más beneficiado fue La Matanza, que obtuvo algo más de 856 millones de pesos. Luego vienen La Plata y Malvinas Argetinas, con unos 412 millones cada uno; Lomas de Zamora, con casi 397 millones; y Merlo, con 385 millones.

   El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, confirmó que se trata de recursos no reintegrables y de libre disponibilidad, lo que permitirá que cada municipio los utilice para la finalidad que crea más oportuna, como el pago de salarios.

   También confió que estos fondos provienen de la reciente primera colocación de bonos realizada por el Estado provincial en el mercado local por alrededor de 232 mil millones de pesos.

   El funcionario advirtió que el giro económico se da en el complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación.

   No obstante, el eje central del reclamo de algunos municipios apunta al 30% de los fondos que actualmente está condicionado a programas específicos en áreas como infraestructura, transporte y cultura.

   Por ahora, sólo el 70% se distribuye automáticamente entre los municipios a través del (CUD), como fue establecido por senadores y diputados. En ese sentido, Bianco pateó ante el palacio legislativo cualquier tipo de gestión de modificación sobre la configuración del esquema actual de reparto de fondos.

Preocupación y reclamo a Milei

   El giro de fondos provinciales a los municipios trajo algo de alivio a los intendentes, aunque no logró calmar el nerviosismo que existe entre ellos por la falta de recursos.

   Desde hace tiempo varios de ellos vienen alertando por la caída de la coparticipación provincial y de la actividad económica en general -lo que afecta la recaudación propia-, a lo que se suma la paralización de obras y proyectos financiados por el gobierno nacional, muchos de ellos de suma importancia, como el mantenimiento de rutas o la construcción de viviendas.

   Por ello esta semana alrededor de un centenar de intendentes, legisladores y funcionarios enrolados en la Federación Argentina de Municipios –una entidad formada por dirigentes justicialistas- marcharon hacia el ministerio de Economía de la Nación para exigir la reactivación de obras paralizadas y la transferencia de fondos adeudados a provincias y municipios.

   De la protesta tomaron parte el gobernador Kicillof y su par de La Rioja, Ricardo Quintela, así como los ministros provinciales de Gobierno, Carlos Bianco, y de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

   “Una enorme cantidad de intendentes e intendentas de la Argentina vinieron hoy a la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por las obras y los recursos que le corresponden a nuestro pueblo”, enfatizó el gobernador bonaerense.

   “En nuestra provincia y en todo el país estamos viviendo una situación cada día más difícil: mientras crecen las necesidades de la inmensa mayoría, el Gobierno nacional se desentiende de sus obligaciones, incumple leyes y desfinancia programas en todas las áreas”, agregó.

   “La deserción absoluta del Estado nacional generó una verdadera catástrofe social, productiva, laboral y económica para las familias argentinas”, denunció.

   El mandatario subrayó que, si no fuera por la solidaridad y asistencia que se brinda en cada municipio, “la Argentina de Javier Milei sería ya una calamidad absoluta”.

   El petitorio entregado en el Ministerio de Economía de la Nación reclama la reactivación de la obra pública con los recursos del impuesto a los combustibles; que se retrotraiga el precio de los combustibles al 1 de marzo pasado; y que se frene el recorte de fondos nacionales.

   “El desafío que tenemos como gobernadores e intendentes es diseñar una propuesta y un proyecto de país para ponerlo a consideración de nuestra gente: el peronismo tiene que asumir la responsabilidad de ser la columna vertebral de un frente que nuclee a todos los que defienden a la Argentina y están en contra de la entrega de nuestro futuro”, sostuvo por su parte Quintela.

    Por último, Kicillof afirmó que el programa del gobierno nacional “le está arruinando la vida a la gente”.

   “La microeconomía está mal y la macro es espantosa: la solución no es solo cambiar el elenco, sino modificar por completo el modelo. Tenemos la responsabilidad y la obligación de mostrar que otro camino es posible: estamos trabajando para crear una alternativa política que pueda sacar al país del pozo en el que nos están metiendo”, concluyó.

   El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, dijo que los intendentes son “los oídos que reciben los reclamos de los vecinos”

   “Por esto sabemos que la ausencia del Estado Nacional está generando una crisis social, productiva, laboral y económica que realmente es alarmante. No podemos permitir que se frene el desarrollo de nuestros pueblos ni que se abandone a nuestros vecinos”, remarcó.

   Otro intendente de la región, el maragato Ricardo Marino, señaló que los intendentes no pueden estar ausentes “ante el atropello de la Nación a las provincias”.

   “Tenemos que estar presentes y acompañar, porque el Gobierno nacional está cercenando derechos a las provincias y eso termina perjudicando directamente a cada uno de los distritos”, dijo.

   También dijo que su distrito, Patagones, es “uno de los distritos más castigados”.

   “Por suerte ha llovido (en alusión al sector agropecuario, motor de la economía local), pero no llueve dinero, ni trabajo ni obra pública”, ironizó.

   “Necesitamos que el Gobierno nacional escuche al gobernador bonaerense. Este petitorio surge del ajuste que nos ha perjudicado notablemente y hoy, en mi pueblo, ya hay hambre”, añadió.

   Alfredo Fisher, intendente de Laprida, dijo que es necesario recordarle a Milei que debe “redistribuir lo que percibe a través de la percepción de impuestos, como el impuesto país o al combustible, que suman más de cinco billones de pesos”.

   “Solo pedimos que lo distribuyan como dicen las leyes. Si no querés hacer viviendas ni escuelas, si querés cerrar hospitales, es parte de tu disposición como presidente de la nación. Pero tenés una obligación: los impuestos que se recaudan y son coparticipables, deben ser distribuidos; si no, es delito”, agregó.

Lapidario

   En el diagnóstico que elevaron el gobierno nacional, los intendentes que integran la FAM recordaron que las provincias han sufrido una caída de la coparticipación nacional del orden del 21% desde 2024 hasta hoy. Sólo en lo que va de 2026, la pérdida fue de 11 puntos porcentuales.

   En este marco, denunciaron que el gobierno central está utilizando los ATN (aportes del tesoro nacional) “con absoluta discrecionalidad, sin cumplir la finalidad con la que fueron establecidos”.

   “Por ello, resulta urgente que se distribuyan en idéntica forma que la coparticipación entre las provincias y los municipios”, dijeron.

   También lamentaron la eliminación de subsidios al consumo de energía eléctrica y gas natural, lo que provocó “que muchas familias no puedan pagar los servicios básicos”.

   “Además, la quita del subsidio al transporte público generó aumento de tarifas, deterioro en los servicios y hasta el cierre de empresas de transportes”, dijeron.

   “De la misma forma –añadieron- hasta el 31 de marzo, el Gobierno Nacional recaudó 1,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, pero no lo está utilizando, ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para hacer obras en rutas”.

   En su diagnóstico los intendentes también detallaron que la apertura indiscriminada de importaciones “generó pérdida de empleo y al momento ya han cerrado más de 22 mil empresas en todo el país”.

   Denunciaron además la “desaparición de herramientas que sostenían a pequeños emprendedores y pymes”, lo que –dijeron- “compromete la sostenibilidad del entramado productivo y el empleo”.

   En este marco, “aumentó un 100% la demanda de alimentos y de ayuda social”, pese a lo cual –enfatizaron- “en más de dos años de gobierno no llegó a los municipios ni un paquete de arroz enviado por el gobierno nacional”.

   Los intendentes también denunciaron que los jubilados “ya no logran acceder a medicamentos básicos”, y las personas con discapacidad sufren “dificultades en el acceso y continuidad de derechos”.

   “En muchos casos, se les quitó la pensión y también la ayuda para comprar medicamentos –lamentaron-. Esto hace que muchas familias no puedan sostener tratamientos básicos y vean afectada su salud y su calidad de vida”.

   Todo esto –añadieron- redundó en “un deterioro general de las condiciones de vida de trabajadores y familias”.