La gestión de las alertas: cuando administrar el riesgo se vuelve una función central del intendente

Redacción de La Nueva.

[email protected]

En los últimos años, la recurrencia de fenómenos climáticos intensos dejó de ser una excepción para convertirse en una variable estructural en ciudades como Bahía Blanca. Lluvias concentradas, eventos de viento severo y alertas meteorológicas cada vez más frecuentes obligan a repensar no sólo la infraestructura, sino también el rol del Estado local frente a escenarios de riesgo.

En ese contexto, la figura del intendente empieza a incorporar un atributo que hasta hace no mucho tiempo no ocupaba un lugar central en la gestión: la administración de catástrofes climáticas.

Lejos de limitarse a la reacción posterior al evento, la actual gestión municipal viene mostrando un enfoque que pone el acento en la anticipación. La activación de protocolos ante alertas amarillas y naranjas, basada en información meteorológica oficial, dejó de ser un acto meramente formal para transformarse en un dispositivo operativo transversal.

Cada alerta implica hoy la movilización coordinada de distintas áreas del municipio: desde Defensa Civil hasta servicios urbanos, pasando por tránsito, salud y asistencia social. No se trata sólo de “estar atentos”, sino de disponer recursos concretos en territorio, con lógica preventiva. La limpieza de desagües, el monitoreo de puntos críticos, la preposición de equipos y la comunicación temprana a la comunidad forman parte de una rutina que se activa incluso antes de que el fenómeno ocurra.

Este cambio de enfoque no es menor y tuvo un antecedente reciente que permite dimensionar el cambio de lógica. Frente a la alerta previa al evento del 7, el municipio avanzó con medidas de carácter excepcional: la suspensión preventiva de clases, la interrupción de actividades comerciales y la restricción de circulación y transporte. Más allá del impacto que decisiones de este tipo generan en la dinámica cotidiana, lo relevante es el criterio que las sustenta: priorizar la reducción del riesgo antes de que el fenómeno se materialice.
Supone pasar de una cultura de respuesta a una cultura de gestión del riesgo. Y en ese tránsito, la administración municipal comienza a asumir un rol que combina capacidad técnica, coordinación operativa y lectura política del territorio.

También hay un elemento que merece ser destacado: la utilización de herramientas municipales como soporte de un operativo que excede a cualquier área específica. La prevención ante eventos climáticos ya no es patrimonio exclusivo de Defensa Civil, sino un proceso que involucra a toda la estructura estatal. Esa transversalidad, que en otros contextos suele ser una aspiración, empieza a materializarse en la práctica.

Sin embargo, este escenario también plantea desafíos. La eficacia de estos dispositivos no sólo se mide en la capacidad de anticipación, sino en su impacto real frente a eventos cada vez más extremos. La infraestructura urbana, muchas veces diseñada para otras condiciones climáticas, sigue siendo un límite estructural que la gestión no puede resolver en el corto plazo.

En ese marco, el rol del intendente se tensiona entre lo inmediato y lo estratégico: administrar la emergencia y, al mismo tiempo, proyectar obras que mitiguen riesgos futuros.

Lo que comienza a consolidarse es una certeza: en ciudades atravesadas por la variabilidad climática, la gestión del riesgo dejó de ser un atributo accesorio para convertirse en una competencia central. Ya no alcanza con administrar servicios; se vuelve indispensable administrar contingencias.

En ese sentido, la actual conducción municipal parece haber internalizado que cada alerta meteorológica no es sólo un parte técnico, sino un disparador de acción política y operativa.

Y quizás allí radique el principal cambio de paradigma: entender que gobernar hoy también implica, de manera creciente, gobernar la incertidumbre.