Salud en jaque: el Gobierno declaró a otras dos obras sociales en situación de crisis
Las entidades alcanzadas por la medida deberán presentar un plan de contingencia en un plazo de 15 días.
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Bajo la premisa de reordenar el sistema de salud, el Gobierno declaró en crisis a Obra Social del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro y la Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club de Buenos Aires y los Hipódromos de Palermo y San Isidro.
La decisión se debe a que las entidades presentaron factores de criticidad superiores a los valores límite establecidos para su funcionamiento en relación a aspectos prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario.
Así quedó establecido a través de las resoluciones 1643/2025 y 1644/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud publicadas en el Boletín Oficial.
La dependencia oficial intimó a estas entidades a entregar un plan de contingencia en un plazo no superior a 15 días. El seguimiento de la situación de ambas obras sociales estará a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud.
En este sentido, se evaluarán también indicadores económico-financieros, capacidad de repago de la entidad y su dependencia de subsidios financieros.
“La gestión de la S.S.Salud tiene como principal objetivo fortalecer el rol fiscalizador del organismo para así garantizar un sistema de salud sustentable que permita el acceso a prestaciones de salud de calidad para la población”, dicta el comunicado oficial.
Esto ocurre en un contexto marcado por cambios en el sistema de salud. A través del decreto 170/2024, el Poder Ejecutivo dispuso que los trabajadores puedan elegir de manera directa la obra social o la empresa de medicina prepaga a la que derivarán sus aportes.
Esto es sin necesidad de pasar previamente por una entidad sindical como intermediaria. La medida busca transparentar los mecanismos de derivación y reforzar la libertad de elección dentro del sistema.
El alcance es amplio: comprende a más de 14 millones de personas, entre ellas asalariados en relación de dependencia, monotributistas y trabajadoras de casas particulares, además de los más de 5 millones de beneficiarios que forman parte del denominado sistema general.
En la práctica, el cambio reconfiguró la dinámica de financiamiento de las obras sociales y abrió el escenario a una competencia más directa con las prepagas. (con información de Infobae)