No convalidar la insensibilidad ni el desamparo

Juan Pedro Tunessi

Fue concejal, presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, diputado provincial, diputado nacional y secretario parlamentario del Senado de la Nación. UCR.

El Congreso sancionó con el voto de 230 Diputados y 63 Senadores, es decir una amplísima mayoría en ambas Cámaras, la ley 27.790 declarando la emergencia en los distritos de Bahía Blanca y Coronel Rosales, gravemente afectados por la inundación del 7 de marzo pasado.

La norma destinada a establecer criterios operativos y asignar fondos para la reconstrucción de ambos Municipios, acaba de ser vetada en su totalidad por el PE, alegando básicamente la superposición con el DNU 238/25 que oportunamente implementó recursos para la ayuda a personas y familias damnificadas, por un monto de 200 mil millones equivalente al contemplado en la ley vetada y al mismo tiempo por no identificar las fuentes de financiación para la creación del fondo de emergencia contemplado en la misma

Sin perjuicio del uso abusivo de la facultad constitucional de veto por parte del Presidente, al punto de convertir un recurso excepcional en una práctica cotidiana, con absoluto desprecio por el Parlamento, ambos fundamentos utilizados son falsos, ofenden la sensibilidad de ambas comunidades, gravemente golpeadas por la recurrencia de catástrofes naturales y confirman cuan rudimentario e inequitativo resulta el ajuste fiscal instrumentado por esta administración.

Sin dejar de mencionar la superior jerarquía constitucional de una ley, a diferencia del DNU 238/25, la norma vetada genera un marco integral, de caracter emergencial, contemplando ademas de mecanismos de asistencia y auxilio directos, medidas fiscales e impositivas, financieras, de infraestructura y juridicas, especialmente destinadas, estas ultimas, a acompasar temporalmente un horizonte de recuperación.-

Es cierto como se sostiene en los fundamentos del veto, que mediante el DNU 238/25, dictado en el marco de una demanda urgente e impostergable, se crea el S.U.R. (Suplemento Unico para la Reconstrucción), asignando una suma de 200 mil millones para subsidios a los damnificados directos, cuya finalidad estaba destinada a asistir en una primera instancia a quienes en muchos casos habían perdido todo, pero que ni de lejos guardan relación proporcional con las necesidades de una reconstrucción física, económica y social, que aún ni siquiera tiene visos de haberse iniciado.

Es más, siempre a tenor de los fundamentos esgrimidos en el veto, se puede tomar conocimiento que en el registro creado para la implementación del S.U.R, se inscribieron un total de 37.500 personas, habiendo recibido asistencia directa unas 32.000 personas, encontrándose en análisis otros 3.200 casos. Teniendo en cuenta que el importe de los subsidios se fijó en 2 o 3 millones de pesos por daminificado, a razón de uno por grupo familiar y en función del número de integrantes de cada familia, es fácil concluir que el total de la erogación de Gobierno Nacional en asistencia directa, no alcanza a los 100 mil millones, es decir menos del 50% del monto previsto en el referido DNU.

Sin embargo el colmo de la hipocresía lo constituye alegar que la norma vetada no identifica las fuentes de financiación para la creación del fondo de emergencia, al establecer que la JGM será la encargada de reasignar las partidas presupuestarias correspondientes para el cumplimiento de la ley. Lo sostiene y afirma un gobierno que administra en base a un presupuesto prorrogado por dos años consecutivos y que cotidianamente reasigna fondos en forma escandalosa, por lo general en detrimento de la obra pública, la asistencia social, la educación, la ciencia y la cultura.

Aun cuando no se trate de fondos de magnitud equiparable, frente al padecimiento de una comunidad, muchos de cuyos integrantes lo han perdido todo, incluyendo la vida de seres queridos, reasignar partidas para reforzar el aparato comunicacional del Gobierno, o los oscuros servicios de inteligencia, o los incontables viajes al exterior sin fines oficiales del Presidente, no parece alcanzar mínimos estándares morales.

El mensaje implícito del Gobierno al vetar sin más la totalidad de la ley y argumentar populismo e irresponsabilidad fiscal a una decisión soberana del Congreso, constituye un desprecio al esfuerzo que los bahienses deben conjugar en esta tarea. Suena a algo así como “¿Qué pretenden? ¡Ya hicimos lo posible! Arréglense!”, sin comprender la magnitud del desafío estructural que queda por delante y en cuya concreción el Gobierno Nacional tiene claras e ineludibles responsabilidades jurisdiccionales.

Bahía Blanca ha sufrido dos catástrofes naturales en poco tiempo, la última el 7 de marzo de consecuencias devastadoras, en ambas lamentando la pérdida irreparable de vidas humanas y con daños materiales y psicológicos inconmensurables. Es una sociedad caracterizada por una cultura solidaria muy profunda y un gran sentido de pertenencia y apego emocional por su terruño . Sin embargo le toca emprender una tarea de proporciones gigantescas, reconstruir su infraestructura física, concretar imprescindibles obras de prevención para evitar nuevas catástrofes, recomponer su actividadad económica, restablecer su vida social, cultural y deportiva. No será sencillo.

La enorme ayuda recibida de todos los rincones del país en una muestra conmovedora de solidaridad, sumado a los aportes que distintas jurisdicciones del Estado realizaron, permitieron paliar la emergencia, contener en el momento más agudo y evitar mayores consecuencias.

Sin embargo, la tarea de su reconstrucción apenas está comenzando y reclama además del consabido espíritu resiliente de los bahienses, un enfoque estructural, una política pública y un planeamiento de mediano y largo plazo.

El Congreso Argentino debe rechazar este veto tan innecesario como inoportuno que conspira contra el vital epíritu de unidad y recuperación que el volumen de la tarea nos demanda.