Bahía Blanca | Domingo, 14 de septiembre

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Llega a juicio una pareja acusada de 20 estafas con tarjetas de crédito

Los hechos ocurrieron en nuestra ciudad y Saavedra, entre marzo y julio de 2021. 

Fotos: Archivo LN.

La semana que viene será juzgada en nuestra ciudad una pareja acusada de formar parte de una banda imputada de llevar adelante al menos 20 estafas mediante la utilización de tarjetas de crédito.

El debate, que se llevará adelante entre lunes y miércoles venidero, estará a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 1 y se analizará la conducta de Emiliano Jesús Veralli y Gisela Soraya Trujillo, quienes están imputados de formar parte de una asociación ilícita y defraudación.

Según la investigación del fiscal Gustavo Zorzano, los hechos se registraron entre marzo y julio de 2021 cuando Veralli y Ezequiel Constazo Rodríguez -quienes se encontraban alojados en la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra- junto a Trujillo y otras personas no identificadas, acordaron y organizaron la distribución de tareas logísticas para adquirir mercadería a través de compras telefónicas.

Esas transacciones eran abonadas con tarjetas de crédito de terceros y salían a la luz cuando los titulares de los plásticos desconocían los movimientos ante el banco, generando perjuicio económico a comerciantes del rubro ferretería, blanquería y colchonería.

"Además, en algunos casos la mercadería era retirada por fleteros o empresas de transporte y ofrecida a la venta a través de Marketplace. En esos casos, Trujillo era la encargada de retener las compras ilícitas en su domicilio hasta que se llevaba a cabo la reventa", indicaron desde el Ministerio Público.

También se logró determinar la participación necesaria de Mario Alberto Marín en dos defraudaciones mediante el retiro de mercadería, con el conocimiento de que se encontraba participando de una actividad ilícita.

Veralli y Trujillo llegan a juicio imputados de los delitos de asociación ilícita y 20 hechos de defraudación. Constanzo Rodríguez fue condenado en juicio abreviado a la pena de 8 años de prisión y Marín recibió una suspensión de juicio a prueba, reglas de conducta por 2 años y se acordó una reparación económica para los comerciantes afectados.