Bahía Blanca | Domingo, 03 de marzo

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Venezuela: imputarán por terrorismo y traición a la patria a la activista Rocío San Miguel

Denunciaron que tanto ella como cinco de sus familiares (su hija, dos hermanos, su padre y su exesposo) sufrieron desaparición forzada.

Rocío San Miguel, activista venezolana.

La activista y experta en temas militares Rocío San Miguel, detenida cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela, será imputada por “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”, informó este lunes el fiscal general, Tarek William Saab.

Saab afirmó en X que el Ministerio Público solicitará al tribunal contra terrorismo que lleva el caso “privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros”.

La defensa de San Miguel denunció más temprano que tanto ella como cinco de sus familiares: su hija, dos hermanos, su padre y su exesposo sufrieron desaparición forzada.

Esto es “un patrón claro de desaparición forzada”, dijo Juan González Taguaruco, uno de los abogados defensores de la activista detenida el 9 de febrero en el área de migración del aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas.

En este sentido también se expresó la ONU en redes sociales: “Estamos siguiendo con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero aún es desconocido, lo que podría calificar su detención como una desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y al respeto de su derecho a la defensa legal”, escribió en un comunicado la oficina de Derechos Humanos.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) reclamó la liberación de la activista venezolana, un “atropello injustificable” en palabras del secretario general Luis Almagro, crítico con la “criminalización” de los defensores de los Derechos Humanos”.

Almagro condenó además la “detención arbitraria” de varios familiares de San Miguel, incidiendo en que se trata de “una acción repudiable e infame”, según un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también describió la detención de la activista como una “desaparición forzada” e instó a las autoridades venezolanas “a informar sobre su paradero y asegurar el respeto a sus garantías judiciales y presunción de inocencia”.

La fiscalía también solicitará privación preventiva de libertad para el militar retirado Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, expareja de San Miguel, por la “presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación”.

“Patrón sistemático”

ONGs y opositores cuestionan la detención. También reaccionó la embajada de Estados Unidos. “El patrón sistemático de desaparición forzada temporal en Venezuela ha sido documentado por órganos de Naciones Unidas y denunciado ante el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias”, señalaron 204 organizaciones en un comunicado conjunto divulgado este lunes.

La detención de San Miguel y sus familiares “sigue una tendencia preocupante” de detenciones arbitrarias, apuntó la embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela, que funciona desde Bogotá.

En octubre pasado el gobierno y la oposición firmaron un acuerdo político en Barbados de cara a las presidenciales, tras el cual fueron excarcelados 10 estadounidenses y otros 24 venezolanos presos por motivos políticos.

A cambio, Estados Unidos liberó a Alex Saab, considerado testaferro de Maduro y quien estuvo detenido en ese país bajo acusaciones de lavado de dinero.

En Venezuela hay 261 “presos políticos”, entre ellos 18 mujeres y 146 militares, según la ONG Foro Penal. Para finales de enero sumaban 36 detenidos y 22 órdenes de captura.

San Miguel ganó un caso contra el Estado venezolano en 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación de derechos políticos y de expresión, tras su despido de un ente público por apoyar en 2003 un referendo revocatorio del mandato del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013). (La Nación)