Vuelve a escena el debate sobre cómo luchar contra el narcotráfico

Juan Pablo Gorbal

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Bahiense. 51 años. Técnico superior en Ciencias de la Comunicación Social. Periodista y editor jefe de contenido judicial y policial, con más de 30 años de trayectoria en la profesión (28 años en La Nueva.) Primer Premio ADEPA 2017 en la categoría Periodismo Judicial, otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

En marzo de 2004, cuando terminó de la peor manera el secuestro extorsivo del joven Axel Blumberg, la sociedad explotó y, de la mano de Juan Carlos, padre de la víctima, se movilizó para pedir leyes más severas.

Los legisladores acusaron el golpe y el Código Penal se endureció, aunque está a la vista que no fue la receta esperada para atenuar la inseguridad.

En ese contexto de disconformidad nació la idea de desfederalizar la lucha contra las drogas y, al año siguiente, fue la provincia de Buenos Aires (gobierno de Felipe Solá) la primera que adhirió a la Ley 26.052, a tres cuatro de promulgada.

Hasta entonces, tanto las organizaciones criminales más aceitadas como los "transas" eran investigados por la Justicia Federal.

El gobernador Solá consideraba que en ese contexto se dejaba sin castigo a los eslabones más bajos, que no hacían más que "inundar de drogas a los pibes".

Sucesivamente se sumaron provincias como Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Salta, Formosa, Santiago del Estero, CABA y, en los últimos meses, Santa Fe y su peculiar realidad a partir de Rosario.

Mirada crítica

A casi dos décadas de aquella adhesión, la administración actual del gobernador Axel Kicillof tiene una mirada crítica del sistema, porque avanzó contra los vendedores de droga de poca monta, que abarrotaron las cárceles, y pocas veces se llegó a los "peces gordos".

Por otro lado, el enojo del gobierno bonaerense pasa porque la administración federal nunca cumplió con el traspaso de recursos, tal como lo marcaba la ley.

El artículo 5 establece "un sistema de transferencias proporcionales" de los "créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente ley".

"Nos hicimos cargo pero no vimos un peso", aseguraron desde La Plata.

Los ministerios de Seguridad y Justicia provincial, a cargo de Javier Alonso y Juan Martín Mena, respectivamente, iniciaron este año una serie de jornadas de capacitación y debate sobre las políticas de persecución del crimen organizado, con foco en el narcotráfico.

Ya estuvieron en Bahía Blanca y también se reunieron con jueces, fiscales y operadores judiciales de otras ciudades como Lanús, La Plata, San Martín, Lomas de Zamora, San Fernando, Mar del Plata y Mercedes, con las universidades y el ámbito académico como escenario.

"Una opción era retirar la adhesión al convenio, pero propusimos abrir el debate para encontrar propuestas superadoras y más eficacia. Daremos una discusión legislativa para lograr una política que solucione el problema", afirmaron desde el círculo cercano a Mena.

También advirtieron que la Provincia "jamás" se retirará de la lucha contra el narcotráfico, pero sí buscan "ordenar el proceso".

Millonaria inversión

Desde 2005, al sumarse a la Ley 26.052, Buenos Aires lleva invertidos unos 5 mil millones de dólares que tendría que haber girado el Estado Federal.

Fueron destinados a una mayor contratación de policías, combustible para patrulleros, mantenimiento de comisarías y equipamiento de los efectivos, así como el incremento del presupuesto penitenciario y del Poder Judicial para atender esta problemática.

Mena ya le había dicho a La Nueva. que, a su criterio, los resultados del cambio fueron "calamitosos". Y no solo por la falencia económica.

No funcionó la política criminal, porque se persiguió al narcomenudeo, pero no se avanzó "hacia arriba" y algunos creen que la Justicia Federal, al menos en ciertas jurisdicciones, "se corrió" de la pelea, no así en Bahía Blanca, donde existe un compromiso y una intención de afianzar el trabajo coordinado con la Justicia ordinaria en este sentido.

En los tribunales de Comodoro Py, por caso, hace como 15 años que no hay un juicio contra una organización criminal compleja.

"Se entregó una responsabilidad acotada para perseguir muy poco y las organizaciones crecen. Casi nadie ataca el lavado de dinero ni el orden financiero de las bandas, que son delitos federales", dijeron.

Este panorama también hizo estallar el sistema penitenciario bonaerense: cuando en 2005 había apenas un 0,3% de detenidos por infracción a la ley de drogas, hoy esa cifra trepó a más del 12% (es el segundo delito con más presos después del robo con armas, que llega a 21%).

Dicho aumento incidió negativamente en la sobrepoblación carcelaria, un gran desafío que afronta el servicio desde hace décadas y que demandó otras fuertes erogaciones, por la necesidad de ampliar espacios de detención.

Otros aspectos negativos

La Ley 23.737, que persigue el narcotráfico, no contempló grandes diferencias punitivas entre quienes se encargan del microtráfico y aquellos que lo hacen a gran escala. El piso penal es de 4 años de prisión para todos y, por otro lado, es un delito que, desde 2017, está incluido en el artículo 14 del Código Penal, entre aquellos que no permiten ningún tipo de beneficio excarcelatorio.

Por ese motivo ninguno de los "dealers" que forman parte de los eslabones bajos de la cadena puede recibir libertad condicional. Y así engrosan por meses y años la población carcelaria.

Otro punto "negro" de estos 19 años es el aumento significativo del caudal de trabajo en los organismos del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial, con una suba progresiva de las causas por este delito (entre el 6% y el 10% del total), con sobrecarga en las Cámaras Penales y Casación, así como en los tribunales con las audiencias orales.

Y un aspecto más novedoso, pero no menos preocupante, tiene que ver con el crecimiento, en un 40%, de la detención por narcomenudeo de mujeres y personas trans (76%).

"A esta altura ya no hay lugar dónde alojarlas, algunas tienen que ser trasladadas a la cárcel de Azul, con los gastos que esa situación implica", comentó un juez local.

"Las bandas tienen cantidades de recursos para penetrar en los estratos más vulnerables de la sociedad, para seguir ampliando su poder territorial. Cuando se detiene a un 'soldadito' en un barrio, al otro día la organización criminal tiene 100 más; lo sustituye de inmediato", sostuvo, a su turno, un investigador.

Dudas si retroceden

Está claro que existen parámetros que marcan algunos resultados negativos en las casi dos décadas de desfederalización de la lucha contra las drogas.

Pero también hay dudas o desafíos que enfrentar si la Provincia da marcha atrás y vuelve a 2004.

En ciudades como Bahía existen fuerzas y juzgados federales que podrían atender la situación, pero ¿qué pasa en los pueblos? ¿Se podría retroceder en la batalla?

"Hoy las localidades más pequeñas, además de contar con la policía provincial, tienen ayudantías fiscales bonaerenses, con proximidad territorial. De refederalizar el combate a las drogas, podría ser un retroceso en ese sentido", dijo otro operador judicial.

El mismo vocero destacó, como aspecto positivo, que la desfederalización, a lo largo del tiempo, corrió de eje la persecución de consumidores, como se daba en un principio, teniendo en cuenta que la tenencia simple de drogas en menor cuantía es una acción que no daña a terceros y que no tiene sentido criminalizarla sino que debe ser tratada desde la salud.

Al 31 de diciembre de 2023, el 96% de los 7.567 detenidos en la provincia por infracción a la ley de narcotráfico está relacionado con la comercialización.

Paso del tiempo y cambio de mirada

Historia. En estos casi 20 años, la Corte de Nación fue fijando posturas sobre la lucha contra las drogas. Uno de los fallos de referencia es "Arriola", en 2009, que declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal.

Salud. En esa misma resolución los jueces instaron a las autoridades públicas a que abordaran el problema del consumo desde el plano sanitario, atento al fracaso de las políticas criminales.

Cannabis. El Poder Legislativo, en 2017, le dio sanción a la Ley 27.350, que reglamentó el consumo de cannabis y su autocultivo con fines terapéuticos. Y en 2022 se creó la Ley 27.669, que regula el marco de desarrollo productivo de cannabis medicinal.