Buscan mejorar en Bahía la asistencia a las víctimas de trata de personas

Redacción de La Nueva.

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   Salud mental, vivienda y reinserción laboral son los ejes más importantes en los que la Justicia Federal y organismos públicos provinciales y municipales bahienses hicieron foco para la asistencia integral a víctimas de trata de personas en esta jurisdicción.
   Distintos actores que integran la mesa interinstitucional contra la trata de la Sexta Sección se reunieron en la ciudad para avanzar en el desarrollo de estrategias de articulación tendientes a perseguir este delito en sus diferentes modalidades y asistir a quienes lo sufren.
   El juez Pablo Larriera, vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía, analizó la problemática en nuestra ciudad y la zona y aclaró que la intervención estatal para ayudar a personas explotadas, con fines sexuales y laborales, es independiente de que los imputados sean condenados o no.
   El camarista se refirió, además, a los medios electrónicos como nuevas vías de captación y explotación por parte de los tratantes, muchas veces con falsas ofertas de empleo.
   Durante el encuentro, hecho a principios de este mes y convocado por la dirección operativa del Comité ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas, también se puso énfasis en la fiscalización de las condiciones de trabajadores estacionales que, por ejemplo, cosechan cebolla en campos del sur de la provincia.
   De esta manera se intenta prevenir que los operarios 'golondrinas' sean sometidos por sus empleadores a prestar servicios en contextos de trabajo a veces infrahumanos, y detener a los responsables de dichas conductas delictivas.
   Las actividades en las que se detectaron mayores índices de explotación laboral son el trabajo doméstico y/o atención al cliente, la cosecha de cebolla y la construcción.

   Desde abril de 2008 -cuando se sancionó la primera ley en la materia- hasta la actualidad, se registraron 169 víctimas, en su mayoría menores de edad, seguidas de las franjas comprendidas entre 18 y 35 años, y de 35 a 50.
   El 19 por ciento de las personas afectadas son varones, el 10% mujeres y en el 71% de los hechos no consta el sexo de los explotados laboralmente. Sus nacionalidades, computadas por causa y no por cada damnificado, son principalmente argentina, boliviana, china y peruana.
   El 65% de los imputados por esta modalidad de trata son hombres y el 35% mujeres, nativos sobre todo de nuestro país, Bolivia y China. La franja etaria que predomina entre ellos va de 35 a 50 años.

Desde 2008

   Respecto de la trata para explotación sexual, desde abril de 2008 hasta la actualidad se contabilizaron 410 víctimas de este delito en el ámbito de competencia de la Cámara Federal, que abarca Bahía Blanca y el resto del sudoeste bonaerense y la provincia de La Pampa.
   El 99% son mujeres mayores de edad, quienes no exceden los 35 años (98%), en tanto que los menores perjudicados representan el 1,7% (7 personas, la más chica, de 14 años). Menos del 1% corresponde a víctimas trans.
   Las personas sometidas sexualmente son, en gran parte, argentinas, paraguayas y dominicanas y, en menor medida, bolivianas y chilenas.
   En vinculación con este ilícito hubo 118 acusados, de los cuales el 72% son hombres, el 27% mujeres (víctima-reclutadora y/o pareja del imputado principal), y el 1% de los causantes son transexuales. Mayormente son oriundos de Argentina, República Dominicana y Paraguay.
   Las estadísticas corresponden a un estudio elaborado en base a información pública únicamente de resoluciones de primera instancia revisadas por la Cámara, durante el período indicado.

   En los últimos 14 años el órgano jurisdiccional de Bahía intervino en 45 causas por explotación sexual (70%), 17 investigaciones ligadas a explotación laboral (27%) y 2 casos de matrimonios forzados (3%).
   “Sucede que se sancionó la ley de trata (26.364) y pasaron unos años hasta que la Cámara intervino en la primera resolución de trata; se radicaron más denuncias y probablemente también hubo más investigaciones por trata de personas”, explicó otra fuente judicial.

   El estudio estuvo a cargo de las doctoras Florencia Guariste, jefa de despacho y relatora de la Cámara Federal, y Paula Riganti, secretaria del juzgado Federal N° 2 de esta ciudad.

Calendario de inspecciones

   La segunda reunión de la mesa interinstitucional se desarrolló en el marco de la conmemoración -el 30 de julio pasado- del Día mundial contra la trata, con el fin asimismo de extender al conjunto de la sociedad los programas vigentes de asistencia integral.
   La actividad, que se realizó en el centro histórico-cultural de la UNS, tuvo como objetivo también coordinar el mapa y fijar el calendario de inspecciones en el sur de la provincia de Buenos Aires.
   El encuentro fue encabezado por el doctor Luis Irigoyen, asesor legal de la dirección del Comité para la lucha contra la trata; la licenciada Patricia Gordon, coordinadora del equipo técnico; y Evangelina Castro, delegada de la dirección para la Sexta Sección.
   Además participaron autoridades de la Policía Federal, Gendarmería, comisaría de la Mujer, Cámara Federal de Apelaciones, juzgados federales N° 1 y 2, Ministerio Público Fiscal, Tribunal Oral en lo Criminal Federal, AFIP, CNRT, ministerio de Trabajo de la Nación, ENACOM, RENATRE, Colegio de Psicólogos y del servicio social del Hospital Municipal.
   También estuvieron presentes representantes de organizaciones de la sociedad civil, la dirección de Desarrollo Social, la secretaría de las Mujeres y de las secretarías de Niñez y Adolescencia de Villarino, Saavedra, Tornquist, Puan, Coronel Pringles y Bahía Blanca.
   Se acordaron lineamientos para fiscalizaciones conjuntas y convenios marco para formaciones dirigidas a los equipos de trabajo de los organismos presentes.

   A su vez se compartieron las últimas 2 ordenanzas de difusión de la línea de denuncia 145, aprobadas en los partidos de Puan y Coronel Rosales, que se sumaron a Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Daireaux, General La Madrid, Guaminí, Laprida, Monte Hermoso y Saavedra.
   De los 22 municipios, 11 se comprometieron a colocar la información de la línea telefónica en espacios públicos y terminales de ómnibus.