El Salario Básico Universal: alcances de una idea con varios puntos flacos

Francisco Rinaldi

frinaldi@lanueva.com

Licenciado en Economía por la UNS y periodista económico con 16 años de trayectoria en La Nueva. A la largo de su recorrido profesional, se ha especializado en el seguimiento de los grandes problemas de la economía argentina y sus posibles implicancias para la bahiense, con una mirada local.
También se desempeña como profesor de los niveles secundario, formación profesional y terciario en Economía Política, Administración y Contabilidad.

Francisco Rinaldi / frinaldi@lanueva.com

   La idea de un ingreso universal al que todo ciudadano debería tener acceso por el solo hecho de nacer no es nueva y ya se discutió en el mundo desarrollado. De hecho, por abrumadora mayoría y en 2016, los suizos dijeron “no” a la iniciativa, aunque no por eso perdió vigencia, a juzgar por el proyecto oficialista de Salario Básico Universal (SBU), que cuenta con el aval de Cristina Fernández de Kirchner.

   Aunque pueda estar inspirada en el mismo, el SBU no es igual al ingreso universal. La diferencia principal estriba en que mientras este último busca garantizar ingresos para todas las personas, es decir, no se exige otra condición personal que la de ser ciudadano, el SBU se centra en un grupo de individuos, los más vulnerables de la sociedad.

   El proyecto define al SBU como “una prestación monetaria mensual, no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”, el que sería cobrado por desocupados, trabajadores informales, monotributistas de la categoría más baja o inscriptos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente.

   También podrían percibirlo los asalariados formales (mal llamados empleados “en blanco”) siempre y cuando cobren un salario bruto anual igual o inferior al establecido para la categoría “A” del Monotributo (a la fecha, 748.282 pesos al año o $ 62.365 por mes).

   El importe del SBU sería igual al de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de un adulto equivalente informada por el INDEC, el que a mayo del corriente totalizó unos 14.400 pesos.

   La iniciativa, que también cuenta con el apoyo del dirigente social afín al Frente de Todos, Juan Grabois, tiene el objetivo de eliminar la indigencia, ya que al ser la CBA el límite de la misma, asegurando ese monto mínimo, el flagelo, según sus impulsores, debería extinguirse.

   El proyecto estipula también que cada familia podría percibir beneficios por un monto mensual de hasta dos veces el valor del SBU, al tiempo que correría por cuenta de la Anses realizar evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales de las personas para corroborar “la real necesidad del individuo y de su grupo familiar”.

   A diferencia de otros programas de transferencias de ingresos (como la AUH), quienes perciban el SBU deberán realizar anualmente alguna de las siguientes actividades: finalización de estudios primarios y/o secundarios; diversos “talleres” (de formación profesional y capacitación laboral, de orientación laboral para la búsqueda de empleo o de orientación al trabajo independiente, de Profesionalización del Trabajo Doméstico); o desarrollar actividades socio-comunitarias.

   El proyecto no establece fuentes de financiamiento del gasto, remitiéndose a fondos de rentas generales del Tesoro nacional.

   Y este es uno de sus puntos flacos, ya que propiciar iniciativas sin mecanismo de financiamiento previstos atenta contra su sostenibilidad en el tiempo.

    Pero no es todo: tal como advierte el economista Rubén Lo Vuolo en un diario capitalino, de aprobarse la iniciativa, el SBU sería sostenido por impuestos altamente distorsivos y regresivos, producto de una estructura tributaria deficiente, que depende de tributos como el IVA (recauda casi el 27% del total).

   Esto dato no es menor, ya que el IVA es un impuesto con elevada regresividad distributiva, porque el 21% con que se gravan varios de los productos de la canasta alimentaria lo pagan tanto los más acomodados como los menos pudientes.

    Lo Vuolo, decidido impulsor del ingreso ciudadano, explica que cualquier idea de este tipo exige la implementación previa de una reforma fiscal progresiva, con una participación destacada en la recaudación nacional de impuestos que recaen con mayor fuerza sobre los más ricos, como Ganancias, Bienes Personales, herencias, etcétera, lo que asegura una contribución de estos hacia los más pobres.

Los costos fiscales

    Otra de las críticas viene del lado del costo fiscal del SBU. El mismo ascendería al 0,7% del PBI, de acuerdo con estimaciones oficiales. Y es aquí donde se hace notar otro de los puntos, en el mejor de los casos, polémicos, ya que sin fuente de financiamiento específica se puede recurrir a una mayor emisión de pesos, algo que no parece prudente en un contexto de fuerte aceleración inflacionaria como el actual.

   “Si sale lo que se está proponiendo, nos vamos a la 'miércoles'. Es de una magnitud tan grande que excede la ilógica de este modelo", dijo el economista Rodolfo Santángelo en declaraciones radiales.

   Santagelo apeló al "sentido común" de quienes ocupan cargos ejecutivos en el gobierno e instó a la nueva ministra a "parar" con propuestas que ahondan el déficit fiscal.

   "Ellos creen (los impulsores de la medida) que con esto se reactiva la economía, no entienden el rol de la inflación. Y es la inflación la que hace el ajuste por las malas", afirmó para finalizar.

   ¿Y qué piensa la flamante ministra Silvina Batakis? Anoche, en el programa de TV "A dos voces", respondió lo siguiente:

   "Es una discusión que tiene alcance internacional, hay países europeos que lo han aplicado, aunque por supuesto son países distintos a la Argentina. Es un debate vinculado con la revolución 4.0, en los próximos 30 o 40 años van a desaparecer muchos puestos de trabajo tal como hoy los conocemos, y se crearán otros, pero nos tenemos que ir preparando. Uno tiene que hacer todos estos análisis para ver cómo serán los ingresos de la población que no va a encontrar lugar en el nuevo escenario. De todos modos, estas medidas deben tener neutralidad fiscal. El Estado debe tener solvencia fiscal".

   En esa línea aseguró que, por ahora, no piensa en su implementación por considerar que no están previstos los recursos para sostener la medida.

   En su discurso del pasado sábado, la vicepresidenta, principal figura de la coalición de gobierno, defendió al SBU. Evidentemente, el debate está abierto.