​​​​​Escenario político: sueldos mal pagados, mucho peor que un error

Maximiliano Allica

mallica@lanueva.com

Jefe de Noticias de La Nueva. Analista político y conductor del programa de actualidad "Allica y Prieta a las 12" que se emite por La Nueva Play. Ha hecho coberturas políticas en el país y en el extranjero. 

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

   A fines de 2020 el Tribunal de Cuentas de la Provincia notificó a la Municipalidad de Bahía Blanca un error en el pago de salarios a los concejales, a quienes se les liquidó dinero de más durante ese ejercicio. Desde ese momento, y pese a que tuvieron todo 2021 para recuperar los 4 millones de pesos abonados de manera incorrecta, los responsables de subsanar ese defecto no hicieron nada.

   La falla administrativa, que se podía corregir con descuentos en los primeros haberes de 2021, se terminó convirtiendo en una mancha para la política local porque el trabajo para recuperar esos fondos públicos recién empezó cuando el tema salió a la luz, hace dos semanas, a partir de una publicación del periodista Luis Cano que luego continuó en la mayoría de los medios. 

   Es decir, pasó un año y medio desde que el área de Contaduría fue informada del error hasta que la Secretaría de Economía se dispuso a repararlo.

   El pase de la papa caliente de un lado a otro en estos días fue tragicómico. Y las consecuencias de este affaire aún son imprevisibles.

   Pero primero, una explicación sobre la cadena de responsabilidades. El área de Capital Humano del Municipio, encargada de tramitar los salarios, no advirtió que el ítem antigüedad de los concejales debía bajar del 3 % al 1 % en 2020 y eso hizo que se acumularan sumas de más en sus dietas. Algunos ediles cobraron ese año, el más duro de la pandemia, hasta 300 mil pesos por encima de lo que les correspondía.

   La titular de Capital Humano era María Elena Calvano, quien renunció el mes pasado, aunque según pudo saber La Nueva su decisión tuvo que ver con un problema severo de salud y no con este asunto, sobre el cual, de todos modos, no podía no estar al tanto.

   El contador general del Municipio, Marcelo Zeppa, es el responsable de firmar los sueldos. Es probable que no advirtiera la falla porque no puede revisar miles de recibos, uno por uno, cada mes. Pero es seguro que a fines de 2020 leyó la observación del Tribunal de Cuentas y, aunque tenía todo para recuperar de inmediato los fondos mal liquidados, no lo hizo. ¿Por qué? Difícil saberlo. Hasta el momento decidió no hacer declaraciones públicas.

   Zeppa podría haber establecido planes de recuperación del dinero cuando todos los concejales afectados permanecían en funciones. Ahora varios de ellos terminaron su mandato y ya no cobran salarios del Municipio, por lo que deberá pedirles el "favor" de que reintegren la plata. ¿Están todos dispuestos a devolverla? Se supone que sí, pero nadie lo confirma. En un escenario tan poco transparente, toda duda es razonable.

   Eso sí, Zeppa en algo tuvo suerte. El "descuido" no saltó durante las elecciones, momento en el cual se podría haber armado un escándalo de magnitud.

   Al día de hoy tampoco se conocen explicaciones del secretario de Economía, Juan Esandi. Hombre de extrema confianza de Héctor Gay desde el minuto uno, todo indica que se tiene que haber enterado del reclamo del Tribunal de Cuentas bastante antes que los medios de comunicación. Probablemente, poco después que Zeppa y que Fernando Compagnoni, entonces titular del Concejo, quien recibió el expediente del Tribunal y, según consta en los documentos, respondió que la tarea de liquidar sueldos le correspondía al Ejecutivo.

   En seis años y medio de gestión, una de las características principales de Esandi es que no da entrevistas ni conferencias de prensa. Pero en circunstancias así, tanto él como Zeppa deben comprender que no vale escudarse en el perfil técnico porque son funcionarios políticos a cargo de áreas muy sensibles. Manejan la plata de los contribuyentes, nada menos.

   Un dato significativo es que ninguno de los habituales voceros del intendente dijo una sola palabra. De hecho, parecen estar llevando el embudo hacia Esandi y Zeppa. Hay un secreto a voces que atraviesa a cualquier gestión municipal: los gabinetes suelen tener muy poco cariño por los secretarios de Economía, porque son los encargados de decir que "no" cada vez que alguien les pide dinero para resolver diferentes temas. Si a eso se suma que Esandi nunca puso la cara en los medios por este gobierno, la sensación es que todos se están corriendo para que los flashes lo enfoquen a él y le muestren las arrugas. Un gobierno, está claro, no es un club de amigos.

   ¿Y el intendente? Si nadie da explicaciones satisfactorias, más temprano que tarde estará obligado a hacerlo en persona. No tanto por la mala liquidación, ya que es imposible que estuviera enterado al momento del error, sino por el vidrioso manejo del caso dentro de un gobierno que levanta como principales banderas la transparencia y la institucionalidad.

   La pata que falta son los concejales. Cobraron de más en 2020 y les reacomodaron los sueldos a la baja en 2021, ya que ahí el Municipio empezó a liquidar los haberes con los cálculos correctos. Sin embargo, todos dicen que hasta que el asunto salió en los medios, hace 15 días, no sabían que habían recibido pagos equivocados a su favor.

   Es decir, alguien que en 2020 terminó cobrando por ejemplo 200 mil pesos, y en los primeros meses del año siguiente empezó a percibir 180 o 175 mil, no se dio cuenta de que le habían recortado los ingresos unos 20 o 25 mil pesos por mes. Raro. Cualquier trabajador se alarmaría si le pasa algo así y preguntaría por qué. Querer hacerle creer a la sociedad que todos los integrantes del Concejo Deliberante son unos bohemios que no revisan cuánto dinero entra en sus cuentas es tomar a la gente de tonta. No son una sucursal de Woodstock.

   Y, como la gente siente que la política la viene tomando de tonta hace rato, se enoja. Porque más allá de las razones y explicaciones, la sensación que quedará es que un grupo de funcionarios cobró de más y todos miraron para otro lado hasta que el periodismo puso la lupa.

   Mientras, en Alsina 65 y en Sarmiento 12 dan a entender que la recuperación del dinero está avanzada. De hecho, dos exconcejales, José López (Juntos) y Walter Larrea (Frente de Todos), avisaron que ya depositaron el monto adeudado. De todas maneras, el silencio oficial continúa y aún hay preguntas sin responder. ¿Los concejales tienen que devolver la plata en un solo pago o en cuotas? ¿Los montos a reintegrar serán los mismos de 2020 o se agregarán intereses? ¿Si hay ajuste se hará por inflación o por tasas del Banco Provincia, una referencia habitual en casos similares? 

   ¿Caben sanciones para los que cometieron el error administrativo? ¿Y para quienes tardaron una enormidad en emprender la solución, a pesar de que era su obligación directa?

   Finalmente, en términos políticos, ¿sobre quién recae el costo? ¿Le pega más al oficialismo porque cometió el error o a toda la "casta"?

   En principio, el malhumor parece apuntar por igual a los dos costados de la grieta, ya que la exigencia general es que devuelvan la plata tanto los concejales de Juntos como del Frente de Todos. Sobre cada uno de ellos pesa la sospecha de haber tenido una actitud corporativa.

   Este es un típico caso donde la política, a causa de su impericia, le abre flancos a la antipolítica. Ese es el error más peligroso.