Contaminación en la ría: acuerdos con empresas para mejoras y acción penal contra ABSA
El fiscal federal Santiago Martínez presentó un dictamen para que lo homologue la Justicia y anunció el impulso contra la prestataria del servicio de agua y cloacas por falta de convenio.
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La jueza federal N° 2, María Gabriela Marrón, deberá homologar los acuerdos a los que arribó la Fiscalía Federal N° 2 con 7 empresas del Polo Industrial, en el marco de la causa que investiga la contaminación en la ría.
El dictamen fue presentado hoy por el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y los acuerdos -individuales- deberán ser rubricados por la Justicia.
La conciliación alcanza a Profertil, Compañía Mega, PBB Polisur, Oiltanking, Unipar Indupa, TGS y Refinería Bahía Blanca, quienes se comprometieron a hacer distintas obras y acciones para las mejoras.
En el caso de ABSA -considerado el principal agente contaminante por los líquidos cloacales- el fiscal impulsará la acción penal porque no hubo respuestas satisfactorias desde esa parte para avanzar hacia una solución.
"No fue superadora"
La propuesta de Aguas Bonaerenses "no resulta superadora del conflicto" dijo Martínez, toda vez que fijaron 30 años para la ejecución de medidas estructurales, lo cual "resulta excesivo".
Y más allá de la incorporación de nuevas obras (más allá de las que están en ejecución), que permitan una mejora cualitativa de la calidad de las aguas que actualmente son arrojadas al estuario -con un alto grado de contaminación-, "no resultó posible formalizar acuerdo alguno".
Al no avizorar una solución en lo mediato, "y sin perjuicio de quedar abierta esta Fiscalía a una mejor propuesta", se dispuso avanzar desde el punto de vista penal contra las autoridades de ABSA.
En su momento, la Cámara Federal había revocado las homologaciones porque no cumplían los estándares fijados, con lo cual la fiscalía amplió las medidas, los actores y la información actualizada, para volver a pedir la aceptación.
La convocatoria incluyó a la totalidad de las empresas, el abogado de los pescadores de la ría (impulsores de la acción), a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), al IADO, al municipio y al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, entre otros actores.
La querella consideró, en el caso de ABSA, que una alternativa es la planta de tratamiento de líquidos cloacales, porque los desagües de la primera cuenca son el mayor aporte (al menos cuantitativo) de contaminantes al estuario.
En el ámbito provincial, en tanto, el juez en lo Contencioso Administrativo, Agustín López Cóppola, había rechazado a mitad de este año un pedido de indemnización de los pescadores, aunque aceptó parcialmente la demanda y ordenó a la provincia y al municipio un plan para identificar todos los agentes contaminantes del estuario y modificar los parámetros de monitoreo.
A su vez, condenó a las empresas y a los organismos actuantes a pagar 20 millones de pesos en concepto de daño moral, monto que se asignará al patrimonio de afectación para mejorar esta situación.