Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

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“Las provincias y los privados pueden comprar vacunas por su cuenta”

El Jefe de Gabinete Santiago Cafiero explicó que “no está prohibido y no es el Gobierno nacional el único que puede comprar dosis”.

Foto: Télam

   Santiago Cafiero aseguró que el Gobierno nacional no es el único habilitado para comprar vacunas con la finalidad de inmunizar a la población contra el coronavirus.

   “Hay un error que se está magnificando y por ahí uno no se detiene a explicar todo. Las provincias y el Gobierno de la Ciudad pueden comprar vacunas por su cuenta y los privados también. No está prohibido en Argentina”, afirmó el jefe de Gabinete.

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   En diálogo con TN, Cafiero mencionó que “en la ley de vacunas que se aprobó el año pasado está muy claro, no está prohibido y no es el Gobierno nacional el único que puede comprar vacunas”.

   No obstante, el funcionario indicó que “con el nivel de escasez que hay estas son las vacunas que se están consiguiendo. Cualquiera que salga al mercado a comprar las va a conseguir para vaya a saber qué mes”.

   Anoche, el presidente Alberto Fernández anunció nuevas medidas restrictivas hasta el próximo 30 de abril con la intención de no agravar la situación sanitaria mientras se avanza con la campaña de vacunación.

   El faltante de vacunas tiene en vilo a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y hay conversaciones para volver a comprar más dosis de la vacuna de Sinopharm.

   Al margen, en las últimas horas unas 17 mil vacunas arribaron a Bahía Blanca y la región.

   En nuestra ciudad se llevan colocadas 40.406 vacunas y 35.776 personas ya recibieron al menos la primera dosis.

Qué dice la ley de vacunas

   El Gobierno nacional promulgó en noviembre la Ley 27.573 que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus, en el marco de la emergencia sanitaria por la enfermedad.

   La norma, que había sido sancionada el 29 de octubre por el Senado, facultó al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, a realizar los trámites para la adquisición de las vacunas que se desarrollen para enfrentar la enfermedad. A su vez, exime del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud.

   Por otra parte, faculta al Poder Ejecutivo a incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas contra el COVID-19, de conformidad con las leyes 27.275 de Acceso a la Información Pública, 26.529 de Derechos del Paciente, y normas concordantes, complementarias y modificatorias, y a suscribir en los contratos que celebre conforme el procedimiento regulado en la presente ley, todos los actos administrativos previos y posteriores tendientes al efectivo cumplimiento de estos, a modificar sus términos y a incluir otras cláusulas acordes al mercado internacional de la vacuna.

   En cuanto a lo expresado anoche por el Jefe de Gabinete, el texto establece que “idéntico tratamiento” recibirán las vacunas que eventualmente puedan adquirir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, la resolución, que fue publicada en el Boletín Oficial, prevé que quien compre las vacunas contra el coronavirus tendrá que presentarlas ante la ANMAT a los efectos de la intervención de su competencia y deben ser autorizadas por el Ministerio de Salud nacional, quienes podrán expedirse en un plazo máximo de 30 días, previo a su uso en la población objetivo.

   Hasta ahora en el país fue el Ejecutivo nacional el que unificó las tratativas con los laboratorios y las adquisiciones y sobre este tema también la norma aclara que los contratos “deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Nación, a las comisiones de Salud del Congreso, siempre con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad que pudieran incluirse en los mismos”. (Infobae)