Jujuy lidera la tasa de femicidios: 2,8 por cada 100.000 mujeres

Redacción de La Nueva.

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   Los datos indignan y preocupan. En todo el país los casos de muertes violentas contra las mujeres ceden muy poco pero, en provincias como Jujuy, crecen sin que la administración de Gerardo Morales enseñe alguna reacción o política pública contundente para detener la violencia. Al contrario, sus funcionarios, le echaron la culpa a la cuarentena por el coronavirus.

   Las estadísticas frías, sin alma, sólo ponen un número a cada tragedia que se esconde detrás de cada planilla judicial donde se investigan los casos por crímenes contra las mujeres. La provincia del norte argentino anotó una tasa de femicidios de 2,8 por cada 100.000 mujeres.

   Con estos números, la provincia de Jujuy está a punto de triplicar la media nacional, que alcanza el 1,1 cada cien mil, según el informe anual de la ONG Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá).

   Se trata de un informe que se realiza con datos y denuncias aportados, in situ y relevando y chequeando las denuncias que se publican en los medios periodísticos. En el año de la pandemia que acaba de terminar, en la Argentina, se produjeron 329 muertes violentas de mujeres, personas trans y travestis.

   De ellas, 270 fueron caratuladas como femicidios, por lo que hablamos de un femicidio cada 32 horas en el país durante 2020.

   El nuevo año no comenzó de la mejor manera, en la primera quincena de enero ya se registraron seis muertes violentas de mujeres.

   La provincia de Jujuy se halla primera en las estadísticas del año pasado, seguida por las provincias de Tucumán, con una incidencia de 2,1 cada 100 mil mujeres y Salta, con 1,8.

   “Las mujeres tenemos más chances de morir por hombres que por covid-19 en esta provincia”.

   Ese fue uno de los cientos de carteles que se exhibieron en una multitudinaria marcha a fines del mes de septiembre, luego de conocerse dos casos, que indignaron a la gente de bien de la provincia.

   El lema de la convocatoria en reclamo de justicia por Gabriela Cruz de 24 años e Iara Rueda de 16 años, que fue hallada semienterrada en un descampado de Palpalá, fue el repudio a “la ausencia del Estado provincial” en esta crisis.

   En octubre, el gobernador de Juntos por el Cambio Gerardo Morales, debió reconocer “estamos en un punto muy complicado que merece un abordaje muy serio” y anunció la creación de nuevos juzgados para atender la problemática de la violencia de género. .

   El dinero manda: Sin embargo, si revisamos el Presupuesto aprobado para este año en la provincia de Jujuy, la administración de Gerardo Morales otorgará a las instituciones religiosas, en promedio, diez veces más dinero que a los planes contra la violencia de género.

   Según el presidente del Concejo Deliberante, Carlos Sadir, el presupuesto del Consejo de la Mujer rondará los 75 millones de pesos anuales; 65 millones de pesos para otros organismos abocados a la concientización y 140 millones de pesos para la aplicación de la ley IARA, que prevé refugios y asistencia económica a las víctimas en esa provincia.

   Por otro lado, también existirán erogaciones más tradicionales y no producto de la urgencia que amerita la violencia contra las mujeres.

   Por ejemplo, Gerardo Morales subvencionará a las instituciones religiosas con más de 1330 millones de pesos anuales, más 13 millones extras para el funcionamiento del Seminario Mayor y 1,1 millón de pesos para abonar la energía eléctrica de las capillas e iglesias.

   Más de 9 veces el presupuesto en comparación con una demanda social que ha llevado a algunos dirigentes de derechos humanos a comparar la situación de Jujuy con la violencia narco en Ciudad Juárez en México donde, también, las mujeres son víctimas principales.

   De hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado azteca por las permanentes violaciones y el Equipo de Antropología Forense argentino tuvo una destacada actuación para resolver casos de difícil resolución.

   Con los crímenes de Roxana Mazala en Perico, Jujuy y de Cesia Reinaga en la localidad jujeña de Abra Pampa, la administración de Morales se aproxima peligrosamente a afrontar una investigación del prestigioso foro de derechos humanos. 

Extrañas respuestas desde el estado jujeño:

   Ante las movilizaciones organizadas por los colectivos feministas pero sustentadas en la respuesta de la gente común que se mostró horrorizada por los niveles de violencia en su provincia, las autoridades de la administración de Morales, ensayaron algunas hipótesis de las causas del incremento de los femicidios. Algunas bastantes insólitas.

   Por ejemplo, se dijo que fueron producto “del aislamiento obligatorio decretado por el Presidente Alberto Fernández para achatar la curva de contagios de Covid-19”.

   Otros hablaron de cuestiones folklóricas. Ante las cámaras del canal de noticias TN funcionarios provinciales explicaron “son cuestiones culturales que cuestan desprender y con las que ya no cargan las nuevas generaciones” afirmaron.

   Para Alejandra Martínez, titular del Consejo provincial de la Mujer y de Igualdad de Género, “la ley de emergencia en violencia se sancionó por la demanda de la sociedad pero ya veníamos trabajando con la creación de centros de atención integral para las víctimas”.

   Sin embargo, esas políticas son correr de atrás el problema. Se atienden las consecuencias pero no las causas y allí es donde la gobernación de Morales muestra serias deficiencias.

   Existe en la sociedad jujeña, además de una pandemia que crece por coronavirus, una precariedad en la vida diaria de las mujeres de esa provincia de todas las edades.

   Desde aquellas madres solteras que cobran AUH hasta las mujeres retiradas, jubiladas o pensionadas que ven como su economía está cada vez más endeble y se ven sometidas a la ley de los más fuertes en las calles ante la impotencia del Estado.

   Las estadísticas lo grafican. El 2021 empezó en Jujuy con tres tentativas de femicidios. El feriado del 1 de enero pasado hubo tres denuncias ante la Justicia en las ciudades de San Salvador de Jujuy; General San Martín y Palpalá. (NA)