Acuerdo por la deuda: qué opinan 5 especialistas bahienses

Redacción de La Nueva.

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Por Francisco Rinaldi / frinaldi@lanueva.com

   El arreglo de la deuda con acreedores extranjeros es una buena noticia que no resuelve los problemas de fondo que impiden a la economía argentina crecer y a la que le falta un blindaje legal extra para alejar al fantasma de nuevos reclamos a futuro, de acuerdo con  profesionales consultados por La Nueva. 

   Del lado de los beneficios, se espera que el acuerdo al que arribó el Gobierno argentino con el grupo de acreedores más importante le dé más aire al mercado de cambios, preso de recurrentes restricciones que complicaban la operatoria del comercio exterior y comprometían a una industria altamente dependiente de insumos y maquinarias de origen extranjero: según el INDEC, más del 70% de lo que se importa se destina a sostener al sector productivo nacional, ya que son bienes intermedios, máquinas o repuestos.  

   “La escasez de divisas genera problemas en nuestra operatoria, porque con el afán de cuidarlas, el Gobierno impone restricciones por monto o cupo a los pagos habituales que deben hacer los importadores, algo que, se espera, se relaje con el acuerdo alcanzado”, explicó la licenciada en Comercio Exterior y Despachante de Aduanas Pamela Lorenzo. 

   Las restricciones para acceder a las divisas habían provocado algunos problemas en industrias de nuestra ciudad. 

   “Se despeja el horizonte y seguramente esto ayudará al problema que la Provincia de Buenos Aires tiene con su propia deuda. Además, mejora las perspectivas para la inversión extranjera, que es muy importante para Vaca Muerta, un proyecto de gran interés para nuestra región”, agregó el economista jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca-Argentina (CREEBBA), Gonzalo Semilla. 

   La Provincia debe reestructurar el 70% de una deuda total de 10.900 millones de dólares y extendió el plazo de aceptación de su oferta hasta el 14 de este mes. 

¿Quién paga?

   Pese a la buena noticia, hay un escollo no menor que la actual administración no deberá dejar de considerar: ¿cómo vamos a pagar? Para responder a esta pregunta, es indispensable que la economía salga del punto muerto y genere recursos para hacerlo, aprovechando el horizonte más despejado de vencimientos de deuda, otro de los beneficios del acuerdo. 

   “Las cuestiones de fondo no cambiaron. Es cierto que si no acordábamos todo iba a ser mucho peor, pero de acá en adelante, hay que empezar a trabajar seriamente por la normalización productiva de nuestro país. Por ejemplo, hay que aumentar las exportaciones, que son apenas el 5% de todo lo que producimos. Hoy con el campo como único proveedor de divisas no alcanza”, alerta el economista y asesor privado Mauro Trellini. 

   Su colega, Martín Goslino, docente y economista jefe del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca (CEEUIBB), acota que también será necesario ordenar las cuentas del sector público, una asignatura pendiente para un país que entre 1961 y 2019 vivió apenas seis años con superávit fiscal. 

   “La discusión de fondo tiene que ver con cuál debe ser el rol del Estado. Cada vez son más los agentes que dependen del mismo y menos los que lo sostienen, lo que genera crisis, porque ese desfasaje se traduce en déficit fiscal, que se financia o con deuda o con emisión”, recuerda Goslino.

Blindaje legal 

   Otra cuestión tiene que ver con el blindaje legal indispensable para evitar eventuales reclamos judiciales. En concreto, restan arreglar las mayorías necesarias que alejen el fantasma de posibles litigios, es decir, los porcentajes que activan las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC). 

   “Sigue pendiente el tema con qué CAC se va a cerrar cada serie de bonos emitidos, porque algunos bonistas quieren que sean elevadas, de forma que no se cierre la posibilidad de iniciar acciones  legales que les permitan obtener dinero extra”, explicó Francisco Cantamutto, un economista que lleva varios años investigando sobre temas de deuda pública en nuestro país. 

   Y eso es una posibilidad cierta, ya que, por un lado, más del 33% del total de títulos públicos emitidos acepta a los Tribunales de Nueva York o Londres para dirimir cualquier controversia relacionada con su ejecución o reestrucuración, al tiempo que los acreedores cuentan con el antecedente del juez neoyorkino Thomas Griesa, quien, en una particular interpretación de la cláusula pari passu, obligó al país a pagarle a los fondos buitres.