Muerte de un obrero: “Queremos justicia para que no vuelva a ocurrir”

Redacción de La Nueva.

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   El domingo 6 de noviembre de 2016, a solo dos cuadras de la Plaza Rivadavia, bomberos, policías, Defensa Civil y muchos otros que quisieron ayudar, removieron en forma desesperada tierra y trozos de concreto para rescatar a cuatro trabajadores que quedaron atrapados por un derrumbe ocurrido mientras realizaban tareas de zanjeo en una obra de tendido eléctrico subterráneo.

   Hernán Olivares, José de la Iglesia y Juan González lograron sobrevivir, pero Gabriel Burgos Melo sufrió lesiones que pocas horas después determinaron su fallecimiento.

   “Tenía su nena, sus proyectos, estaba trabajando con muchas ganas y esto lo arruinó todo”, lamenta su padre Eduardo.

   Pasaron más de tres años de esa tragedia y luego de una extensa investigación, que cobró mayor impulso desde comienzos de 2019, cuando pasó a la fiscalía especializada en delitos culposos, el Ministerio Público solicitó a la jueza de Garantías Nº 3, Graciela Susana Calcinelli, la elevación a juicio de la causa.

   El fiscal Cristian Aguilar imputó por los hechos a Ángel Pablo Matelica, quien era el jefe supervisor de la obra y presidente del directorio de la firma MAPSA; Luciano Nahuel Ostertag, subdirector de la obra, y Sergio Ferretti, supervisor de la empresa EDES.

   La causa está caratulada como homicidio culposo, lesiones culposas y lesiones culposas agravadas por pluralidad de víctimas.

   “Esto es lo que estábamos esperando, porque pasó mucho tiempo. El fiscal que tomó el caso en el último tiempo nos había pedido un plazo razonable para estudiar la causa y hacer las cosas bien. Tenemos mucha confianza en él y esperamos el momento en el que llegue el juicio”, dijo el hombre tras el paso decisivo hacia el debate oral.
También señala que no resultó sencillo el camino transitado desde el momento del trágico derrumbe en calle Soler al 100.

   “Queremos que se haga justicia por lo que esta gente hizo, por no brindar la seguridad que corresponde. Queremos justicia para que no vuelva a ocurrir, porque todavía siguen pasando accidentes graves en las obras por la falta de responsabilidad de los que las dirigen”, agregó Eduardo.

Cerrar un ciclo

   El abogado Cristian Chazarreta, quien asesora a la familia del trabajador fallecido, destacó la tarea de la fiscalía y dijo que el debate oral permitirá poner un fin a esta trágica historia.

   “Esperemos obtener las penas que la familia espera y cerrar un ciclo, porque después de varios años es lo que quieren hacer”, indicó el letrado.

   Destacó también la tarea del fiscal Cristian Aguilar, quien tomó las actuaciones iniciadas por el doctor Eduardo Zaratiegui.

   “Quiero resaltar la labor precisa, en tiempo rápido y eficaz, del doctor Aguilar, quien en marzo del año pasado tomó la causa e inmediatamente, junto a su secretario Ezequiel Bengochea, se pusieron a trabajar y realizaron una infinidad de informes técnicos, una pericia donde se hizo una nueva excavación en el lugar del siniestro y le tomaron declaración a testigos fundamentales”.

   “Esperemos superar rápidamente esta situación de aislamiento preventivo y poder realizar las audiencias orales lo más pronto posible”, siguió diciendo.

Pruebas

   El abogado también consideró que durante la instrucción de la causa se lograron elementos suficientes para “acreditar la responsabilidad de las personas imputadas”.

   “Hicieron una obra en pleno centro de la ciudad, sin cumplir ningún tipo de medida de seguridad ni para los trabajadores ni para el resto de la sociedad”.

   “Recordemos que se trata de una obra que no tenía autorización municipal, que no cumplieron con las normas de seguridad e higiene, tampoco brindaron capacitación al personal para hacer este tipo de tarea, y los hicieron trabajar un día domingo, con todo lo que ello implica”, mencionó Chazarreta.

   Indicó además que “no hay antecedentes del fallecimiento de un obrero de la construcción con las implicancias de esta causa en materia de responsabilidad penal y demás. Esperemos que sea un antes y un después”.

   También opinó que “no hay un cumplimiento absoluto de la legislación en materia de seguridad e higiene. La reglamentación está, pero no hay costumbre de aplicarla en el régimen de la construcción”.

   En ese sentido, dijo que el Estado “debería articular un sistema mucho más activo para controlar” el acatamiento de esas exigencias.

   “La parte empresarial no cumple con las medidas de seguridad e higiene dispuestas, como en este caso, pero tampoco hay un control permanente del Estado como debería haber y, lamentablemente, luego se paga con vidas”, finalizó.