Colegio de Magistrados: "Nosotros no construimos cárceles ni compramos pulseras"

Redacción de La Nueva.

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   "El juez se tiene que atener a lo que establece la ley y analizar cada caso particular. Es cierto que desde Casación se manda una línea", dijo hoy la doctora Claudia Fortunatti, presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales departamental Bahía Blanca, al referirse a la denuncia contra el juez Claudio Brun.

   Sin entrar en detalles sobre el particular, la también jueza remarcó que en este marco de pandemia, y con una situación carcelaria muy deficiente, se deben analizar los casos según el grupo de riesgo y los requerimientos de salud de cada unidad penal.

   "Hay que resolver conforme a la gravedad del delito, pero muchos arrestos están en término para beneficios", dijo Fortunatti en La Mesa de Panorama, por LU2.

   "Esto no es nuevo, lo de la pandemia, de alguna manera, agravó la situación. A diciembre estábamos con las plazas casi duplicadas y es una cuestión que nos excede a nosotros: no construimos cárceles ni compramos pulseras ni manejamos el sistema sanitario adentro del penal. Nosotros resolvemos sobre las personas que tenemos a disposición. La discusión política queda más allá del Poder Judicial", afirmó.

   Sobre las tobilleras electrónicas para control de internos que son beneficiados con domiciliarias, Fortunatti mencionó que antes de toda esta problemática demoraban su llegada "entre 4 y 5 meses" y que hoy optan por controlar esos casos con la policía de cada jurisdicción o con el Patronato de Liberados que, a su vez, también tiene limitaciones de recursos.

   El Estado, a través de los jueces, según dijo, debe garantizar los derechos de los detenidos e incluso hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo plantea en ese sentido, bajo riesgo de sanción a nuestro país, por los tratados firmados.

   También remarcó -en referencia a una de las críticas al doctor Brun- que la provincia no adhirió a la ley nacional de víctimas dictada en 2017 y, al ser de corte procedimental, no es obligación aplicarla.

"Se corre el eje de la discusión"

   En La Mesa de Panorama también estuvo presente el doctor Pablo Radivoy, defensor oficial general, quien destacó que el denunciado juez Brun actuó a derecho.

   "La resolución del doctor Brun está ajustada a derecho. El interno (por Néstor Ibars, que motivó la denuncia) forma parte de la población de riesgo por la edad y porque presenta dos patologías. No podrían solucionar su problema de salud en caso de que avance la pandemia en la cárcel", explicó.

    Por otro lado, dijo, al igual que Fortunatti, que la ley de víctimas "no aplica" en la provincia. "Entiendo que el juez Brun, igualmente, notificó a las víctimas, aún cuando no estaba obligado a hacerlo. Desde el punto de vista legal y técnico, no debería prosperar (el jury)", afirmó.

   De todas maneras, reconoció Radivoy que esta situación "sí agrega presión" al resto de los jueces y destacó que "si los tribunales superiores (por Casación) están resolviendo en ese sentido, no se le puede achacar a un juez inferior que no lo haga, y en el marco de la ley".

   "Se está corriendo la discusión de eje, si las prisiones domiciliarias están bien o mal, cuando acá, a la crisis humanitaria de las cárceles se le sumó la sanitaria.

   "La Cruz Roja Internacional estableció que la velocidad de propagación del virus aumenta de 8 a 10 en instituciones cerradas. O le damos una solución o dejamos que el virus se expanda como reguero de pólvora, pensando que, como es en una cárcel, no nos va a afectar a los que estamos afuera", opinó.

   Finalmente, el defensor oficial destacó que estas medidas se adoptaron en distintos países del primer mundo, inclusive en distritos como Texas, en los Estados Unidos, que "no pueden considerarse garantistas ni abolicionistas".