Bahía Blanca | Sabado, 04 de abril

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Gils Carbó propuso nombrar fiscales que no pasaron el psicofísico

Uno de ellos es el abogado Juan Pablo Iriarte, representante de la asociación kirchnerista Justicia Legítima e integrante de la terna para un cargo en Bahía.
Los abogados Juan Iriarte y Cecilia Martini no pasaron el psicofísico, pero igualmente integran ternas para fiscales. En el caso del hombre, para Bahía.

 Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com

En medio de una serie de preocupantes medidas, tendientes al nombramiento discrecional de funcionarios allegados al oficialismo en el ámbito del Poder Judicial, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aceptó en distintas ternas para ocupar fiscalías a abogados que no pasaron el examen psicofísico.

La resolución, a la que tuvo acceso “La Nueva.”, se adoptó la semana pasada y lo llamativo del caso es que la procuradora firmó el mismo día dos actas que se advierten contradictorias: por un lado, la decisión de llamar a una nueva junta médica para dos de los postulantes y, por otro, directamente el cierre del concurso -con ellos incluidos- para elevar las ternas al Poder Ejecutivo.

Entre los letrados que figuran con “no apto” en el estudio -realizado por el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema de Justicia- figura Juan Pablo Iriarte, quien pugna por ser nombrado como fiscal federal en Bahía Blanca.

Iriarte, integrante de la asociación civil Justicia Legítima -vinculada al kirchnerismo-, figura segundo en orden de mérito en la terna, detrás de su par Gabriel González Da Silva y delante de Alvaro Sebastián Coleffi. En la lista complementaria, en cuarto lugar, está el doctor Santiago Ulpiano Martínez.

En La Pampa

El otro “no apto” correspondió a la doctora María Cecilia Martini, actual integrante el ministerio público de La Pampa, quien pretende ser fiscal federal de Santa Rosa, junto con el propio Iriarte (está en primer término) e Iara Silvestre (segunda).

Los dos candidatos a fiscales cuya aptitud psicofísica está en duda presentaron sendos recursos para impugnar los informes médicos.

Desde el departamento de Medicina Preventiva del Poder Judicial, el doctor Ignacio Leonardo Parra aclaró que todos los interesados fueron sometidos a un mismo estudio, consistente en examen físico, análisis de sangre, radiografías de tórax, entrevista, test gestáltico visomotor y test de Rorschach, entre otras actividades.

Iriarte advirtió que el informe psicológico, a cargo de la licenciada Noemí Farberoff, “no está fechado ni contiene anotación alguna que permita afirmar que fue realizado y confeccionado con anterioridad a la conclusión final” y que, por otra parte, “carece de todo sustento”.

Martini, en tanto, consideró que se trata de aspectos “meramente subjetivos”. En su caso, la psicóloga advirtió “dificultad de control de impulsos con posibilidad de actuación, angustia y ansiedad con tendencia de inestabilidad emocional, baja tolerancia a la frustración y recursos yoicos poco operativos”.

“Reclamos atendibles”

Pese a la sugerencia médica, la jefa de los fiscales, Gils Carbó, consideró que los planteos presentados por ambos candidatos “resultan atendibles”.

“Los resultados no fueron emitidos por una junta médica, sino exclusivamente por el director médico del Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte”, explicó Gils Carbó, para destacar que “no hubo procedimientos de revisión o consulta y/o la intervención de otros profesionales”.

Si bien dispuso “realizar nuevos informes respecto de la aptitud psicológica” de los dos concursantes -a partir de la conformación de una junta médica con tres profesionales-, decidió, al mismo tiempo, cerrar el concurso y elevar las ternas tal como estaban, en un procedimiento que se observa, al menos, como desprolijo.

Para la terna médica la procuradora designó a la médica psiquiatra Laura Sobredo, a la licenciada en Psicología Patricia Regueiro y al licenciado Carlos Tewel (en el caso de Iriarte) y la licenciada Liliana Capello (para Martini).

Quiénes son los dos postulantes afectados

El abogado Juan Pablo Iriarte no solo participa en la terna para designar un fiscal destinado a Bahía Blanca (en segundo orden de mérito), sino que también está preseleccionado para las jurisdicciones de Santa Rosa y San Rafael, Mendoza.

Integrante de la Asociación Civil Justicia Legítima, asociada al kirchnerismo, Iriarte tiene 35 años y se recibió de abogado en 2009 y actualmente es funcionario del Ministerio Público Fiscal, como director de Desempeño Institucional y tiene afinidad con la procaradora Alejandra Gils Carbó.

María Cecilia Martini, en tanto, tiene 38 años y hoy es fiscal general de la Procuración, al igual que su colega Guillermo Sancho. Fue fiscal entre 2010 y 2015, cuando quedó a cargo de la fiscalía Temática de Delitos contra las Personas, creadas por el ministerio público pampeano.

Previamente fue secretaria del Juzgado de Instrucción Nº 6 (2007 y 2010), asesora en el Concejo Deliberante de la capital pampeana y, como abogada, asistió legalmente al exfuncionario provincial Hugo Nelson Agüero, condenado a cinco años de prisión, por corrupción, mientras estuvo al frente del Instituto Provincial de la Vivienda.