Un bálsamo ante tanta intolerancia social
La falta de diálogo y de respeto a las opiniones ajenas y la poca tolerancia en las relaciones convivenciales (familia, vecinos, escuela y deporte) son sellos distintivos de la sociedad que vivimos y sufrimos.
En medio de tanta virulencia y destrato, surgen algunas pequeñas luces de esperanza de cambio, de mejora.
Casi como si se tratara de una ecuación paradójica, cuanto más actos irreflexivos se suceden más crece la idea de mediar entre las partes. Ese panorama, al menos, surge de la estadística que administran tanto la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos (ORAC) de la Fiscalía local como del Programa de Mediación Comunitaria que se desarrolla a través de la OMIC.
La ORAC, a cargo de la abogada Soledad Munguía --y con un equipo de letrados, asistente social y una perito en psicología--, existe desde junio de 2004, aunque en los últimos tres años ha sido sostenido el incremento de causas que recibió, para someter a laudo a víctimas e imputados de delitos correccionales, cuya pena no supere los 6 años de prisión.
En el marco de la ley 13.433, ante la orden del fiscal que interviene originalmente en la causa y a partir del consentimiento de las dos partes, actúa en cuestiones como amenazas, lesiones, lesiones culposas leves y graves, hurto, daño, violación de domicilio, usurpación, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar e impedimento de contacto.
"Esto surgió para buscar una solución intermedia en el ámbito penal, porque cuando hay elementos de prueba y se constata el delito, se aplica una sanción y cuando no hay elementos de prueba, se archiva la causa. Quien, por ejemplo, sufre el daño de una vidriera, más que la sanción del autor, pretende que esa rotura sea reparada", explicó Munguía.
El centro municipal, por su lado, articula en cuestiones que no llegan a configurar un delito y tiene vinculación con conflictos vecinales, tales como ruidos molestos, extracción de árboles, pérdidas de agua, humedad y medianeras.
Ambos son servicios libres, gratuitos y voluntarios. Se trata de los recordados programas televisivos La Corte, conducido por el abogado Mauricio D'Alessandro, y Forum, a cargo del exfiscal Luis Moreno Ocampo, hechos realidad.
"El mediador trata de hacer una conducción constructiva del conflicto, en donde haya relaciones colaborativas entre las partes. Que las personas puedan enfrentar situaciones difíciles, reflexionar sobre ellas y buscar una solución en que las dos partes ganen. Buscamos que la gente pueda hacerse cargo de sus propios actos y de las consecuencias, pero, fundamentalmente, queremos que lleguen al reconocimiento del otro como un igual mío, respetando que pueda llegar a pensar o sentir distinto", afirmó Munguía.
Matías Italiano, titular de la OMIC, admitió que además del énfasis que le impusieron, en materia de educación y publicidad, al programa comunal, "existe un fuerte compromiso del ciudadano, que se acerca buscando una forma alternativa de solucionar de manera práctica y pacifica un conflicto vecinal".
En la sede de la fiscalía, que funciona en el primer piso de Estomba 458, poco más de la mitad de los casos analizados llega a buen puerto. En aquellos que hay falta de acuerdo o desistimiento, se remite el expediente nuevamente al fiscal de origen, luego del labrado de un acta.
El Programa de Mediación Comunitaria, que funciona desde julio de 2011, aumentó en un 50% la cantidad de consultas vecinales así como la cantidad de expedientes formados. Hoy se inician, en promedio, dos audiencias por semana.
"Esto se debe al mayor conocimiento de su existencia por parte del vecino y al buen trabajo que viene realizando el personal especializado. Teniendo en cuenta que la asistencia es voluntaria y las facultades que le asisten al Centro de Mediación Comunitaria, por la ordenanza 15.649, nos encontramos con un alto porcentaje de resolución.
"Y se están cumpliendo los objetivos del programa, referidos al proceso participativo, a la respuesta institucional y efectiva, al fortalecimiento de la red social y a descomprimir el nivel de demanda judicial", opinó Italiano.
Confidencial y rápido
El proceso judicial de mediación, además de que debe ser voluntario de ambas partes, es confidencial (tiene carácter reservado, salvo el acuerdo, que generalmente no se hace para asumir culpabilidad desde lo penal), también busca celeridad (debe estar resuelto en 60 días, luego de la primera audiencia) y es informal (se puede notificar por carta y hasta por teléfono).
"Las audiencias pueden ser compartidas, aunque, en algunos delitos que son violentos, no es conveniente tener a ambas partes juntas y se cita primero a la víctima y luego al acusado. Si la víctima accede, con posterioridad se hace una audiencia conjunta", aclaró Munguía.
La ORAC trabaja especialmente en "la conflictividad cuando hay permanencia en el trato, como cuestiones familiares, vecinales y en algunos casos de índole económica, como las estafas", sostuvo.
El número de causas que recibe es importante, si se tiene en cuenta que en el Departamento Judicial Bahía Blanca se inician, en promedio, poco más de 20 mil por año, contando hechos criminales y correccionales.
"En nuestro caso sólo atendemos cuestiones correccionales, con delitos cuya pena máxima, o si es concurso de delitos, no exceda los 6 años de prisión. Y también hay que observar que del global que ingresa en todas las fiscalías, una gran parte son de autores ignorados y acá sólo se interviene con los que están identificados", reforzó la abogada.
Al llegar a un acuerdo de partes en la ORAC, el fiscal que inició la causa dispone el archivo de las actuaciones, aunque si se debe hacer algún seguimiento especial, se le da intervención al Centro de Asistencia a la Víctima. En los laudos que hay que controlar, por ejemplo, el pago de cuotas por una estafa, esa gestión corre por cuenta del mediador, que no tiene facultades para dictar medidas restrictivas o cautelares, como la prohibición de acercamiento.
Quien incumple un acuerdo no tiene posibilidad de una nueva mediación, sea con la misma parte o con otra al menos en el término de 5 años.
"Si una persona imputada de daño acordó la mediación y mañana sale y rompe otra vidriera, no podrá volver a mediar", graficó Munguía.
Vio de todo
En los 8 años que lleva en funciones, la doctora Soledad Munguía observó todo tipo de casos, algunos disparatados, aunque nunca debió soportar incidentes en su ámbito laboral.
"Uno, además de abogado, oficia de psicólogo. Hay gente que viene muy enojada, otra que llora y confiesa cuestiones que exceden lo penal, que busca contención. Hemos notado mucha conflictividad familiar, aunque también vemos como algunos accidentes de tránsito terminan a los golpes o con los autos dañados por agresiones", detalló.
El resarcimiento, según dijo, no sólo es económico, también incluye tareas comunitarias.
"Hemos tenido delitos de daño con grafitis. Los autores se comprometieron a pintar el sector afectado y lo volvieron a las condiciones naturales", sostuvo la profesional.
Más insignificancias. La tendencia social llevó a un crecimiento de las causas judiciales por insignificancias, según un informe conocido a mitad de este año en la ciudad de Buenos Aires, que tiene correspondencia con lo que sucede en el interior.
En la Capital, por ejemplo, crecieron un 60% en los últimos cuatro años las denuncias por ruidos molestos.
Cuestiones que anteriormente se resolvían mediante el diálogo, especialmente vecinales, hoy terminan en el ámbito tribunalicio.
Según Germán Garavano, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, "a veces lo que se denuncia no es ni un delito ni una contravención y por ese motivo se deriva a los mediadores".
La doctora Soledad Munguía, por su parte, reconoció que la sociedad "se vuelva más a la Justicia".
"En este tipo de cuestiones, hablamos de delitos que sólo le importan a las partes, que no causan gran alarma social. De todas maneras, para el que lo sufre, es un problema", aseguró.
Casos evaluados en la ORAC
* 2010: 1049-mediados 597 (57%)
* 2011: 1160-mediados 650 (56%)
* 2012 (hasta octubre): 1211-mediados 486 (40,2%)
En el CPM de la OMIC
* 2012: 86 causas. El 24% se resolvió mediante mediación y hay un 20% aún en proceso.
Juan Pablo Gorbal/"La Nueva Provincia"