Piden se eleve a juicio una causa por estafas

Redacción de La Nueva.

contenidos@lanueva.com

 La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8, solicitó la elevación a juicio de la causa seguida contra tres individuos imputados por la venta ilegal de terrenos, maniobras que habrían perjudicado a una decena de personas en aproximadamente 100.000 pesos.

 En el marco de la IPP Nº 60.352, el fiscal Eduardo Zaratiegui imputó por los hechos reputados como ilícitos, a Néstor Oscar Bertinat (6 casos), quien fuera referente de la Fundación Eva Perón y de los feriantes del Mercado de Pulgas; el abogado Mario César Montero Liuzzi (8) y Edmundo Ojinaga (9 hechos).

 El encuadramiento legal es, en principio, de estafas reiteradas, según lo dispuesto en el artículo 172 del Código Penal.

 El pedido de elevación a debate del caso fue formulado al Juzgado de Garantías Nº 1, a cargo de la doctora Gilda Carmen Stemphelet, quien dispuso el traslado a los respectivos defensores y en los próximos días dictará una resolución.

 De acuerdo con la investigación judicial, los hechos se habrían registrado entre 2001 y 2008, indicándose que, en algunos casos, se entregaron señas de 400 o 500 pesos, aunque después los damnificados advirtieron la maniobra y no efectuaron más pagos.

 Pero hubo al menos uno de los hechos en que se alcanzaron a pagar 39.000 pesos, indicaron los informantes.

 La presunta modalidad delictiva consistía en publicar avisos en el diario, ofreciendo terrenos en venta, y los interesados debían dirigirse a la casa de Bertinat, en Roca al 1600.

 Allí --dijeron las fuentes--, se les explicaba a los posibles compradores, que el inmueble en venta figuraba a nombre de Ojinaga o bien que estaba en sucesión.

 Y una vez que se concretaba la transacción y la entrega de una seña para reservar el lote, los compradores debían dirigirse al estudio jurídico de Montero, en Rondeau al 200, para concluir la operación y abonar el resto del dinero.

Algunos casos

 Según constancias de la causa, mencionadas en el auto de elevación a juicio, el fraude más importante fue el que sufrieron Carlos Omar Gaab y Erica Ruth Amarilla, quienes a mediados de 2006 se comunicaron telefónicamente con Bertinat, interesados en unos terrenos que se hallaban a la venta en Guido Spano al 1700.

 En esa ocasión acordaron mantener una entrevista para ver los lotes y conocer al propietario que, según les habría dicho Bertinat, era un tal Ojinaga.

 Gaab y Amarilla denunciaron que fueron hasta el lugar con los imputados y convinieron el precio, y que los sujetos les pidieron rápidamente una seña, aduciendo que había muchos interesados.

 De este modo, los damnificados entregaron 6.000 pesos en efectivo y acordaron finiquitar la operación en el estudio del abogado Montero.

 Aseguraron haber sido atendidos allí por el propio letrado, quien les habría manifestado que los terrenos pertenecían a Ojinaga desde hacía más de veinte años y que sólo restaba realizar la "traslación registral".

 También afirmaron que el 24 de agosto de 2006, en el mismo estudio, firmaron un boleto de compraventa por tres lotes y entregaron otros 21.000 pesos, y que entre septiembre de ese año y febrero de 2007, cancelaron el saldo mediante el pago de 12.000.

 Poco después, al realizar averiguaciones en Catastro de la Municipalidad y ARBA, de la Provincia, Gaab y Amarilla descubrieron que habían sido engañados, ya que los terrenos comprado eran fiscales.

 Denunciaron los damnificados que trataron, reiteradas veces, de que Bertinat y Ojinaga les devolvieran el dinero, pero nunca pudieron lograrlo.

 Una maniobra similar afectó a Fernando Martín Ferster y María Luján Tenías, quienes aseguraron que a fines de 2006 se contactaron con Bertinat, luego de ver un aviso clasificado referido a la venta de terrenos.

 Al parecer, también a ellos les dijeron que los lotes eran de Ojinaga y que debían concretar la operación en el estudio de Montero.

 Denunciaron que el abogado los atendió y les aseguró que todo se encontraba en orden, por lo que firmaron el boleto y abonaron un adelanto de 20.000 pesos, restando un pago de 8.000.

 Luego, al pedir información sobre esos predios, cayeron en la cuenta que no pertenecían a Ojinaga y que les habían vendido inmuebles sobre el que los imputados no tenían título alguno.

 La fiscalía habría comprobado, además, otra serie de ventas irregulares sobre lotes ubicados en la avenida Alem al 4100; Witcomb, entre Estrada y Mallea; Pigüé al 2000; De Angelis al 700, y en una calle no especificada, entre Garibaldi y Los Adobes.

Allanamientos y secuestros

 En el marco de la causa, a fines de mayo de 2007 se realizó una serie de allanamientos, que permitió el secuestro de distintos elementos --especialmente documentación-- de interés para la investigación.

  Los procedimientos, dispuestos por la jueza Gilda Stemphelet, se realizaron en la finca de Roca 1641, donde reside Bertinat, y en una vivienda de Sáenz Peña al 2300, de Villa Rosas, residencia de Ojinaga.

 En esos lugares, personal de la DDI local habría logrado secuestrar "abundante documentación probatoria relacionada con la causa de mención", según afirmaron en aquel entonces fuentes del caso.

 Se encontraron boletos de compraventa de las tierras y agendas, mientras que en el inmueble de Villa Rosas también incautaron una computadora, una máquina de escribir, un teléfono celular y un DNI.

 Al prestar declaración indagatoria en la fiscalía, Bertinat, quien es asesorado por el abogado Miguel Angel Asad, "depositó la responsabilidad en Ojinaga y en el abogado Montero", según confiaron voceros judiciales.

 Dijo que él sólo había actuado como una especie de nexo entre los potenciales clientes y los otros dos procesados.

 Montero, a quien asiste el doctor Domingo Montero, que no guarda ninguna relación de parentesco con el encausado, sostuvo que "él se limitaba a hacer los contratos que le traían las partes y que no tenía ningún tipo de injerencia" en las operaciones.

 Ojinaga, asesorado por un defensor oficial, se negó a declarar.

Pena. El artículo 172 del Código Penal prevé penas de un mes a seis años de prisión, para aquella persona que "defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño".