Bahía Blanca | Miércoles, 24 de abril

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Astorga: "Es lamentable que se 'judicialice' la política"

El diputado provincial Carlos Astorga se mostró ayer tan sorprendido como molesto por el pedido de desafuero que efectuaron en su contra los fiscales que investigan supuestos hechos de corrupción cometidos en la comuna de Puan en el período 1997-1999. "Por supuesto que no estoy en desacuerdo con que la Justicia investigue lo que crea oportuno. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que estamos a dos o tres meses del cierre de listas (de candidatos a legisladores), y muy cerca de las elecciones", dijo a "La Nueva Provincia".


 El diputado provincial Carlos Astorga se mostró ayer tan sorprendido como molesto por el pedido de desafuero que efectuaron en su contra los fiscales que investigan supuestos hechos de corrupción cometidos en la comuna de Puan en el período 1997-1999.


 "Por supuesto que no estoy en desacuerdo con que la Justicia investigue lo que crea oportuno. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que estamos a dos o tres meses del cierre de listas (de candidatos a legisladores), y muy cerca de las elecciones", dijo a "La Nueva Provincia".


 Según fuentes de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de Bahía Blanca, se sospecha que el legislador justicialista --intendente de Puan entre 1991 y 1997-- podría estar involucrado en tres casos de malversación de caudales públicos.


 En concreto, se indicó que la firma de Astorga aparecería en un cheque librado a orden de la ex tesorera Graciela Trabucco contra la cuenta corriente comunal y, además, en órdenes de pago a proveedores con fundamento en decretos que autorizaban la contratación de otros proveedores.


 Por lo expuesto, los fiscales Guillermo Petersen y Eduardo D'Empaire pidieron a la jueza María Pía Fava de Solana, titular del Juzgado de Garantías Nº 2 de Bahía Blanca, que solicite a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el desafuero de Astorga.


 De esta forma, se podría tomar declaración indagatoria al legislador, continuar el trámite de su procesamiento y, eventualmente, solicitar su enjuiciamiento.


 En la víspera, Astorga --cuya gestión como diputado vence el 10 de diciembre próximo-- dijo que en los próximos días tratará de ponerse en contacto con los fiscales de la causa a los efectos de evacuar algunas dudas que tiene y ponerse a disposición para lo que requieran.


 "Jamás había sido notificado de nada, ni citado, ni siquiera llamado. De hecho, jamás pisé un tribunal. Ni siquiera sé por qué la fiscalía habría pedido mi desafuero", sostuvo.


 "Por más que tenga fueros, ¿por qué los fiscales no me llamaron nunca, siquiera para hablar? Buscaré entrevistarme con ellos para informarme de la situación", añadió.

Los cargos




 En cuanto a las acusaciones en su contra, el legislador aclaró que sólo sabe lo que ha sido publicado en diversos medios de comunicación.


 "Se habla de cheques, de pagos y de decretos. Se habla de muchas irregularidades, pero lo cierto es que el Tribunal de Cuentas bonaerense aprobó todos los ejercicios municipales efectuados durante mi gestión. Ese ente estaba todas las semanas en Puan y sus técnicos jamás me hicieron ni una sola observación", señaló.


 Astorga explicó que dentro de una comuna todos los trámites de pago siguen un largo circuito.


 "En Puan, durante mi gestión, toda boleta debía ser aprobada por el jefe del área pertinente. Luego, pasaba por el área de Compras, llegaba a manos del contador comunal y más tarde desembocaba en la secretaría de Gobierno, a fin de que llegara al intendente. Había muchos controles intermedios antes de emitir un cheque", señaló.


 El ex jefe comunal puanense dijo que varias veces sucedió que el número de un cheque firmado no correspondía con lo que constaba en una orden de pago o un decreto.


 "En aquella época había muchísimas obras y yo firmaba centenares de cheques, por lo cual no es descabellado pensar que pueda haber ocurrido algún error. Por supuesto que yo siempre tomaba mis previsiones --propiciaba que otros funcionarios firmaran los pagos y que el Tribunal de Cuentas revisara todas las cifras--, pero los errores, a veces, son inevitables", precisó.


 "Con esto no quiero decir que el trabajo de los fiscales sea incorrecto. Si aparece un cheque, una orden de pago o un decreto con números de pago que no coinciden, es lógico que presuman que pudo haber existido una actitud dolosa detrás", aclaró.


 "Ahora bien: la Justicia es la que tiene que decir si hubo errores administrativos o dolo. No puede ser que muchos dirigentes ya estén emitiendo un juicio hoy, sin siquiera esperar a que se den los pasos legales que corresponde", completó.


 Astorga dijo que hay muchos que están intentando manchar su nombre.


 "A (Horacio) López, el intendente de Puan, nunca le escuché decir nada acerca de que al hombre que era su mano derecha lo encontraron manejando un tractor que no era propio. Tampoco hizo una conferencia de prensa para hablar sobre los subsidios que aceptaron diversas instituciones, pero que nunca recibieron", disparó.


 El legislador dijo que la actual gestión municipal está más interesada en fortalecer e invertir en la oficina de Prensa comunal que en otras áreas que podrían solucionar los problemas que tiene la gente.


 "Es lamentable que se 'judicialice' (sic) la política. Cuando yo fui intendente, los pequeños problemas que pudieron haber habido con mis antecesores los atribuí a errores. No me detuve en hacer denuncias, sino en hacer lo que le comprometí a la gente", recalcó.


 "Sería lamentable que el actual intendente, al cabo de ocho años de gestión, sólo tenga para decir que logró llevar a sus antecesores a la Justicia. Aquí hay problemas mucho más graves que ese", agregó.


 Astorga también dijo no entender por qué el caso de supuesta corrupción en Puan tuvo mucha más trascendencias que otros hechos graves cometidos en el distrito o aún en otros ámbitos.

¿Qué dijo el intendente López sobre Astorga?

* "En su momento no se investigó la gestión de Carlos Astorga (fue intendente entre 1991 y 1997) porque la auditoría sobre las cuentas comunales la pagamos nosotros (López e integrantes de su partido) de nuestro propio bolsillo, y no nos alcanzó para ir más atrás de 1997".
* "Si alguien sospecha que puedo tener un acuerdo con Astorga, me tendría que decir cuál. Creo que está muy claro que no forma parte de mi círculo de amigos, precisamente".
* "Si tuviera un acuerdo con Astorga, ¿por qué habríamos entregado a la Justicia tres cheques firmados por él a la orden de la ex tesorera comunal, contra la cuenta bancaria comunal? Esos cheques hoy son parte de la prueba referida a los casos que se investigan".

El pedido de enjuiciamiento

* El pedido de desafuero de Carlos Astorga formó parte del documento de 135 páginas de extensión en el que la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de Bahía Blanca, días atrás, pidió que sean llevados a juicio el ex intendente de Puan Ricardo Larrondo, parte de su ex gabinete y cinco proveedores municipales
* La requisitoria de citación a juicio alcanzó a 11 de los 12 procesados (Néstor Larrondo, ex jefe de Compras municipal, quedó fuera porque presentó diversos médicos que impidieron tomarle declaración indagatoria y, por ende, pedir que sea juzgado).
* De esta forma, quedaron como imputados Ricardo Daniel Larrondo (ex intendente en el período 1997-1997); Graciela María Trabucco (ex tesorera municipal); Soraya Juri (ex secretaria de Gobierno y Hacienda); José Toribio Hernández (ex contador municipal); Virginia Otero (ex jefa de Control y Gestión); y Raúl Lechner (ex secretario de Obras y Servicios Públicos).
* También se pidió que sean enjuiciados los ex proveedores municipales Néstor Alejandro Kleer, Carlos Edgardo Nievas, Guillermo Geist, Alfredo César Petralanda y Félix Raúl Tuminello.
* En el documento presentado a la jueza se describieron los hechos que se imputan a cada acusado, así como las pruebas que se han reunido y una valoración de las mismas.
* Además, se incorporó una solicitud de embargo que alcanza a todos los procesados por un valor máximo individual de 450 mil pesos. Si bien no trascendieron las cifras puntuales, se indicó que los más afectados son Ricardo Larrondo y Soraya Juri.
* De aquí en más, cinco serán las cuestiones más importantes que deberá resolver la jueza María Pía Fava de Solana, titular del Juzgado de Garantías Nº 2:
1) Si solicita o no el desafuero del legislador Carlos Astorga.
2) Si ordena o no el embargo de los bienes de los imputados.
3) Si permite o no a los particulares damnificados de la causa que se constituyan en particulares civiles (de esta forma, los denunciantes --los ediles puanenses-- podrán iniciar una causa civil para obtener una reparación económica por el perjuicio que habrían causado los presuntos delitos que se juzgan).
4) Si aprueba o no el sobreseimiento parcial de los ex proveedores Nievas y Geist.
5) Resolver la requisitoria de citación a juicio.
* La magistrada deberá notificar esta semana a los defensores de los procesados sobre el pedido de los fiscales. Luego, las defensas tendrán un plazo de 15 días para contestar si se oponen o no al pedido.
* La fiscalía no solicitó la detención de los procesados porque consideró que no existe peligro procesal alguno (es decir, la posibilidad de que alguno se fugue u obstaculice el desarrollo de la causa).

El caso

* La causa por corrupción que involucra a Larrondo y a muchos de los ex integrantes de su gabinete, así como a proveedores de la comuna, se inició casi cinco años atrás, a raíz de la detección de supuestas irregularidades en las cuentas comunales durante los años 1997 a 1999.
* El 21 de junio de 2000 fue efectuada la denuncia correspondiente por el actual jefe comunal puanense Horacio López y ediles de ese partido.
* De inmediato se dio intervención a la UFI Nº 2, a cargo de los doctores Eduardo d'Empaire y Guillermo Petersen, y al Juzgado de Garantías Nº 2, cuya titular es la doctora María Pía Fava de Solana.
* Desde ese entonces hasta hoy, la unidad fiscal ha recopilado 12 cuerpos de actuaciones principales y 17 cajas con documentos de diferente índole, entre otros elementos probatorios remitidos por la Municipalidad de Puan o bien secuestrados durante diversos allanamientos.
* El 30 de diciembre del año pasado se dispuso iniciar una nueva etapa en la causa y se citó a declarar a 12 personas (7 ex funcionarios y 5 proveedores civiles), en orden a los distintos grados de participación que se les imputa en los posibles delitos.
* La ronda de indagatorias comenzó el miércoles 2 de febrero pasado. La primera en presentarse ante los fiscales fue la ex tesorera municipal, contadora Graciela María Trabucco, quien se negó a declarar.
* En días sucesivos se presentaron ante los fiscales --y se negaron a declarar-- la ex secretaria de Gobierno y Hacienda, Soraya Juri; el ex contador municipal José Toribio Hernández; el ex intendente de Puan, Ricardo Daniel Larrondo; el ex proveedor Néstor Alejandro Kleer; la ex jefa de Control y Gestión de ese distrito, Virginia Otero; y el ex secretario puanense de Obras y Servicios Públicos, Raúl Lechner.
* Quienes no se presentaron en ese entonces fueron el ex jefe de Compras puanense y hermano del ex intendente, Néstor Larrondo (por motivos de salud), y el empresario constructor Alfredo César Petralanda (se desconocía su paradero).
* El silencio se rompió durante las últimas tres jornadas de indagatorias, gracias a los datos aportados por los constructores Carlos Nievas, Guillermo Geist y Félix Raúl Tuminello, ex proveedores de la Municipalidad de Puan (también imputados en la causa).