Condenó la justicia a ex funcionarios de Río Negro
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VIEDMA (De nuestra agencia) -- El ex ministro de Economía, Edgar Massaccesi; el ex gerente general del Banco Provincia, Francisco Ricciardulli, y el ex presidente del BPRN, Rubén Rodríguez, fueron condenados por la Cámara en lo Criminal de Viedma, en el juicio por corrupción más importante en la historia rionegrina.
A los ex funcionarios se los halló responsables de maniobras defraudatorias, en una causa caratulada "Denuncias sobre presuntas irregularidades en el Banco Provincia de Río Negro".
En el fallo leído ayer, el tribunal presidido por Jorge Bustamante e integrado además por Fermín Donate y Ernesto Rodríguez, sentenció a tres años de prisión en suspenso a Edgar Massaccesi y a Francisco Ricciardulli, por considerarlos coautores materiales y penalmente responsables del delito de "fraude a la administración pública por administración fraudulenta".
Ambos ex funcionarios fueron, además, inhabilitados en forma perpetua para cubrir cargos públicos.
Otro de los imputados, Rubén Pedro Rodríguez, recibió la pena de dos años de prisión, también de cumplimiento condicional, e inhabilitación perpetua para cubrir cargos públicos, por el mismo delito.
En tanto, los ex consejeros Rodolfo Bou Abdo y Guillermo Speratti, fueron condenados a pagar 10 mil pesos de multa y a un año de inhabilitación para cubrir cargos públicos, por considerarlos autores materiales y penalmente responsables del delito de "violación de los deberes de funcionario público".
Por último, fueron absueltos los otros tres imputados, los empresarios Juan Antonio Ríos (empresas Amka Huasi y Crybsa), Pedro Traballoni (Coerpe y Galme) y el ex consejero Antonio Sánchez.
La Cámara rechazó en su fallo los planteos de nulidad de la acusación y de las pericias contables, y de prescripción de la acción, efectuados por los defensores.
En el juicio se investigó el accionar de empresarios y funcionarios en el otorgamiento de créditos fabulosos --que ascenderían a 30 millones de dólares-- a empresas insolventes, por parte del ex Banco Provincia de Río Negro (BPRN).
Tras una investigación de más de quince años, el 18 de mayo pasado comenzaron las audiencias, en las cuales, entre otros, declaró el por entonces gobernador Horacio Massaccesi --primo de uno de los condenados--, y que tuvieron su punto culminante ayer a mediodía, con la lectura de la resolución.
Iniciada en 1989. La causa, que demandó unos quince años en la etapa procesal y dos meses de juicio oral, se inició en 1989, por denuncia del ex diputado justicialista Miguel Ciliberto, por presuntas maniobras irregulares en el otorgamiento de créditos del banco estatal.
El fiscal de Cámara, Juan Peralta, que había pedido cinco años y ocho meses de prisión efectiva para Massaccesi y Ricciardulli, cuatro años para Rodríguez y tres para los ex consejeros del banco, se mostró cauto en sus opiniones.
"Es la respuesta de la justicia, con criterios e interpretaciones distintas a las de uno; habrá que leer toda la sentencia para entender mejor las penas", dijo.
El defensor de los ex funcionarios, Juan Carlos Chirinos, expresó su descontento "porque el tribunal rechazó los pedidos de nulidad y prescripción de la causa" y adelantó que confía "en la inocencia" de sus patrocinados y presentará un recurso de casación.
El ex diputado Ciliberto, promotor de la denuncia original, dijo que "no eran las penas que esperaba", pero rescató como "importante que la justicia los encontró culpables, lo que significa que el delito de fraude contra el Estado existió".
Cuestionamientos. En tanto, la Cámara del Crimen no pudo identificar a los presuntos beneficiarios de los créditos irregulares.
El tribunal lamentó que la acción fiscal "no investigó el destino del dinero otorgado en créditos; no tenemos certeza de cuál fue el destino del dinero entregado desmedidamente por el banco. Esto no fue corroborado contablemente".
"Cuestiones planteadas en la requisitoria, que debieron ser materia de investigación en el juicio, fueron obviadas por el ministerio público, como por ejemplo quién era el verdadero propietario de (la firma) Toddy y a quién beneficiaba la asistencia desmedida a esa empresa", añadió.
"No se ha podido conocer, no ha impulsado el ministerio público, la investigación sobre quiénes eran los verdaderos responsables de dichas decisiones (las de otorgar ayudas crediticias exageradas), no quiénes eran los autores intelectuales", expresaron los jueces.
"No se impulsó averiguar cuál era la instancia superior a la que aludió el gerente general del banco, que ordenaba la desmedida asistencia de carácter delictual", señalaron.
Los jueces Bustamante, Donate y Rodríguez opinaron que "la excesiva complacencia en la asistencia crediticia dada con la excusa de respaldar y fomentar el banco la producción, no solamente no impulsó la actividad productiva, sino que perjudicó a la entidad".