El PPR también se opone a la designación de Zaffaroni

Redacción de La Nueva.

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 BUENOS AIRES (De nuestra agencia) -- "El pensamiento jurídico del doctor Eugenio Zaffaroni, en tanto persigue la derogación por vía judicial de las leyes de amnistía, es repugnante a la división de poderes y niega la soberanía del pueblo", sostuvo una presentación hecha ante el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, por un grupo de dirigentes del Partido Popular de la Reconstrucción (PPR).

 La agrupación expresó su disconformidad con la propuesta gubernamental para designar al ex dirigente del Frepaso como miembro de la Corte Suprema de Justicia.

 "La amnistía fue decidida, en su oportunidad, por el Congreso mediante los debidos recaudos legales. La postulación del doctor Zaffaroni, a estar por sus opiniones nunca disimuladas --por lo menos nunca después de haber terminado su ciclo como juez de la Revolución Argentina y del Proceso-- comporta la clara intención de ignorarla", agregó el texto.

 El PPR adujo que las intenciones de Zaffaroni comportan el arrogarse facultades y responsabilidades históricas que son de incumbencia del pueblo y ejercidas por intermedio de los órganos pertinentes.

 "Véase que ni siquiera se ha insinuado que nos encontremos frente a un supuesto de irregularidad en el procedimiento de adopción de la amnistía", recalcó.

  Garantismo. "La concepción jurídica del `garantismo', a la que se adscribe el doctor Zaffaroni, lo descalifica como juez encargado de la aplicación del derecho en última instancia", añadieron.

 Esa postura evidencia un pensamiento absolutamente incompatible con la necesidad de restablecer la seguridad en el país y la supremacía del Estado en la verificación y sanción de los delitos, según el PPR, que, seguidamente, arremetió contra recientes declaraciones del controvertido abogado penalista.

 "El doctor Zaffaroni puntualizó, recientemente, que la ley existe para preservar al ciudadano de la agresividad del Estado. En pocas palabras, declaró enfáticamente la perversidad de la dimensión represiva del Estado e implícitamente ubicó a la seguridad como un objetivo a ser satisfecho mediante la protección personal, ofrecida a cada uno de los individuos con la consiguiente instrumentación de la feroz proliferación de `custodios', constituidos en `guardaespaldas', que se les asignaría a cada uno de los habitantes, ya que no queremos suponer que su propuesta final transite, lisa y llanamente, por la restauración de la defensa privada", dijo.

 "La seguridad, en todos los órdenes, pero particularmente en el campo del delito, es una incumbencia indelegable por el Estado y, como tal, volcada sobre lo social y no sobre lo individual, como lo supone el concierto ideológico del que el doctor Zaffaroni es cabal exponente", continuó.

 La agrupación seineldinista planteó que el concepto de Zaffaroni --y de los demás voceros del garantismo puramente teórico-- se traduce, en la práctica, en el desborde del delito, con el virtual predominio de la impunidad, o en la abolición del derecho penal. "Esa es la conclusión mas entrañable del candidato propuesto por el gobierno nacional", subrayó.

 "Quien sostuvo no ser delito la usurpación de un domicilio por el hecho de que sus ocupantes se habían ausentado temporariamente --equiparando la ausencia al abandono--; quien decidió no constituir violación la conducta del sujeto que accedió sexualmente y por conductos no convencionales a una menor de ocho años porque, en la oscuridad, la menor pudo suponer que se trataba del dedo del autor, y le impuso al mismo una pena de tres años (que se reducirían exponencialmente en mérito al doble cómputo del período de prisión preventiva --celosamente defendido por él mismo-- y los previsibles beneficios de la libertad condicional); quien concluyó no constituir robo el arrebato de la cartera a una señora por el hecho de no haber sido suficientemente enérgica la resistencia ofrecida, no puede ser admitido como protector de la propiedad ni de la libertad sexual, sino como un notorio provocador del delito, en homenaje a la impunidad y seguridad del delincuente", continuó el PPR.

 A renglón seguido, resaltó que Zaffaroni propicia la despenalización del aborto y la legalización del consumo y comercialización de drogas derivadas de la heroína.

DESGLOSE

Duros cargos contra el juez

 "En cuanto al compromiso con la promoción de la especie (¡del género tendríamos que decir!), ello resulta igualmente de los testimonios en su apoyo y de los gestos compromisarios que se evidencian en la fotografía del diario "La Nación" del 31-8-93, en la que el doctor Zaffaroni aparece envuelto en una bandera de la Comunidad Homosexual Mundial, festejando, junto a una representante de la entidad, la incorporación al Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires del instituto de la `diversidad de género' ", amplió.

 La despenalización del aborto y la legitimación del consumo y comercialización de las drogas heroicas también merecen una dura opinión del PPR.

 "Con el pretexto de la libertad del mercado y la autonomía del consumo, en uno, e invocando el derecho de la madre sobre su cuerpo para disponer de la vida de la criatura concebida y aún no nacida, lo que el doctor Zaffaroni propicia a lo largo de su actividad docente es la incorporación de dichos postulados mediante el simple mecanismo de la interpretación judicial, del que se lo revestiría en la mayor jerarquía, avasallando una buena parte de la legislación vigente que dispone, enérgicamente, lo contrario", apuntó.

 "Se trata, además, de prácticas que no son sólo perversas en el plano personal sino que, con su legitimación, se pretende facilitar conductas notoriamente opuestas al `bien común' en tanto dirigidas a la protección de la familia, la salud moral y física de la población y la protección de la vida", finalizó el PPR.

 La declaración --hecha llegar al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz-- fue firmada por Gustavo Breide Obeid, Enrique Grassi Susini, Lucio Cesar Somoza y Francisco Miguel Bosch.