Bahía Blanca | Viernes, 03 de mayo

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Estiman que derogar Derechos de Construcción le costaría al Municipio casi $ 900 millones

En el oficialismo estudian alternativas para implementar algunas excepciones al proyecto presentado por un concejal de Avanza Libertad.

Foto: Archivo La Nueva

   El presidente del bloque de concejales oficialistas de Juntos, Adrián Jouglard, aseguró hoy que avanzar con el proyecto presentado desde Avanza Libertad para derogar la Tasa de Derecho de Construcción le costaría a las arcas municipales unos 880 millones de pesos.

   La iniciativa fue presentada en las últimas horas por el edil libertario Martín Barrionuevo, con la idea de "sacarle la mochila al contribuyente que quiere progresar", según escribió en la red social Twitter.

   En el proyecto describe que "los ingresos por derechos de construcción son apenas el 0,44% del Presupuesto Municipal --NdelaR: que en 2022 es de casi 20 mil millones de pesos-- y que implementar su iniciativa no tendría un impacto en las arcas del Municipio".

   Pese a que la idea es reciente, desde la comuna se analizó el impacto que tendría y si bien ven viable un posible avance, aseguran que los 880 millones que dejaría de percibir la comuna deberían salir de otras partidas.

   "Recién empezamos a evaluar el tema y el análisis es muy superficial pero consideramos que se podría implementar algo intermedio, como por ejemplo hacer algunas excepciones para viviendas únicas o casas de una determinada cantidad de metros cuadrados", explicó Jouglard.

   La iniciativa comenzará a ser evaluada en las comisiones del Concejo Deliberante y deberá recibir informes de la comuna para saber si existe algún impedimento legal en su implementación.

   Barrionuevo argumenta que la tasas son pagos por constraprestaciones y que en el caso de los derechos de construcción o aprobación de planos por parte de la comuna no pueden considerarse como un servicio a los ciudadanos

   En 2018 la comuna había lanzado una propuesta en sentido diferente. Se trataba de una moratoria para regularizar obras sin permiso y que los contribuyentes tengan facilidades para ponerse al día con la tasa de Derecho de Construcción, ya que se estima que el 40 % de las construcciones de la ciudad no están declaradas. Esa iniciativa sirvió para recaudar fondos que iban a una partida de pavimentación y bacheo.