Todas las miradas apuntan a la Legislatura

Ricardo Salas

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El pack de proyectos de cálculos económicos y financieros que el gobernador Axel Kicillof y un conjunto de alcaldes municipales pretenden que sean votados por la Legislatura bonaerense se enmarca en el difícil contexto que está padeciendo la provincia de Buenos Aires, producto de las políticas nacionales de ajuste y recorte de recursos del presidente Javier Milei. Se trata, sin dudas, de una encrucijada política con pronóstico reservado.  

Por supuesto, como era lógico, en ámbitos del Senado la destitución de la jueza Julieta Makintach por el documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona despertó mayor interés mediático y social que el inicio de cualquier debate presupuestario. 

Como se puede advertir, la apertura al diálogo de la administración libertaria excluye a los gobernadores críticos del rumbo económico, como es el caso de Kicillof. “Saben que no pueden contar con nosotros para ninguna ley que le quite derechos a los trabajadores o que vaya en detrimento de las condiciones de vida de quienes habitan la Provincia”, aseguran desde calle 6. 

De ese modo plantó bandera y puso el foco crítico en los proyectos de reforma laboral y nuevo esquema tributario que fogonea Nación. Las dificultades para negociar la aprobación del Presupuesto 2026 y ley Fiscal bonaerense -que además incluye una autorización de endeudamiento superior a los US$3 mil millones para poder hacerle frente a los vencimientos heredados de la gestión de María Eugenia Vidal, junto a un nuevo Fondo de Inversión Municipal para avanzar en obras de infraestructura- vuelven a poner al descubierto el clima de disputa dentro del kirchnerismo/PJ por la futura construcción partidaria.   

El Gobernador, que cuenta como aliados a buena parte de la liga de intendentes del PJ y a dirigentes con fuerte anclaje territorial, enfrenta la resistencia de un sector del kirchnerismo, organizado detrás de La Cámpora. 

Dicha agrupación cuestiona algunas porciones de la torta presupuestaria, como el reparto de fondos a municipios, y procura mantener una cuota de poder relevante en el andar bonaerense, lo que puede terminar poniendo en duda la gobernabilidad de Kicillof y debilitando el reclamo de deudas nacionales a la Provincia.

Días atrás la intendenta quilmeña Mayra Mendoza habló de ser “oposición responsable” durante la habitual negociación por fondos frescos para aliviar finanzas comunales. Una definición poco feliz. A casi nadie se le ocurriría blanquear que es opositor dentro del mismo espacio gobernante. 

“El kirchnerismo duro como tal, se viene deshilachando hace rato. Lo que se impone es un cambio cultural que llega de la mano de la nueva generación de votantes”, aseguran con rigurosidad legisladores libertarios observando el mapa político electoral hacia 2027.  Incluso, a partir de la nueva composición legislativa del mes que viene, La Libertad Avanza buscará ponerle límites políticos al Gobernador forzándolo a ordenar el gasto público aplicando la motosierra para suprimir costosas estructuras y el “maxikiosco” camporista en distintos organismos estatales.  

En conclusión, no tendría sentido que la Legislatura apruebe el paquete fiscal de Kicillof sin la autorización del endeudamiento -técnicamente definido por el Ejecutivo como ley de Financiamiento- para darle continuidad al plan de infraestructura municipal,  pese a lo que denominan la “asfixia financiera” de Milei, según asegura el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis. Entre las obras prioritarias para el año que viene se destaca el plan de reconstrucción integral de Bahía Blanca, tras la trágica inundación del 7 de marzo. 

El camino teórico indica que, el paquete de las tres leyes económicas 2026, sería aprobado primero por Diputados e inmediatamente después por el Senado casi en sesiones combinadas, antes del recambio parlamentario del 10 de diciembre, como pretende Kicillof, dejando así de lado las tensiones internas dentro de la coalición oficialista, y fijando como prioridad la estabilidad institucional y la planificación financiera provincial.

Desde ese día, y aunque de acuerdo al nuevo esquema legislativo, el peronismo tendrá más fuerza en Diputados y quórum propio en el Senado, la fuerza libertaria se consolidará como primera minoría, lo que anticipa un escenario menos dialoguista que la actual en las habituales negociaciones políticas. Al presente, el Ejecutivo seguirá presionando para sacar esas leyes clave jugando con la necesidad de los intendentes. “Sin mecanismos de endeudamiento peligran los fondos para financiar obras”, advierten los negociadores. 

La estrategia gubernamental sumó además otra forma de presionar al poder legislativo: pusieron en duda el pago de aguinaldos a municipales, según dejaron trascender voceros del sindicalismo estatal. En voz baja, no pocos legisladores opositores expresan voluntad de aprobar el bulto presupuestario e impositivo, siempre y cuando Kicillof ponga sobre la mesa los organismos de control que históricamente corresponden a la oposición.  

Entre los múltiples requerimientos de los bloques aparece también una negociación sobre lugares en el directorio del Banco Provincia. Se dice que un alcalde podría saltar desde su pago chico de la Sexta a ese organismo crediticio, si el Senado aprueba el pliego con su designación solicitada por la Gobernación antes de fin de año. 

En líneas generales la idea es preservar la unidad del PJ bonaerense para evitar que la estructura quede atrapada en una lógica de  tensiones, diferencias generacionales y disputas por el liderazgo, al mismo tiempo que necesitan ofrecer un proyecto nacional superador para los próximos dos años. Esa renovación puede ser indispensable para volver a conectar con la realidad cotidiana de la población.