Desterrar el fantasma del ajuste, lo más urgente

Eugenio Paillet

   El Gobierno ha dedicado en los últimos días esfuerzos enfáticos y a distintos niveles del poder de decisión para convencer a la población de un dato que para ellos resulta clave para retomar la credibilidad de la administración: no hay ni habrá un plan de ajuste que deba aplicar el gobierno como consecuencia de los presuntos condicionamientos que llegarían de la mano de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

   La obsesión oficial por dejar plantado en el imaginario común que no habrá tal ajuste, antes de avanzar en otros pormenores, merece ser explicada desde un punto iniciático: las autoridades cruzan los dedos frente a la llegada del mes de diciembre, tradicionalmente conflictivo y de malos presagios en el cuadro social toda vez que se asocia ese tipo de manotazos a lo ocurrido durante la debacle política de 2001.

   La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, debió esmerarse al menos en dos oportunidades sobre mitad de semana para asegurar que el gobierno del presidente Alberto Fernández no tiene en mente una salida de esas alternativas para garantizar el avance en el acuerdo con el organismo con sede en Washington o en plantear un panorama más previsible para el año que viene.

   “Este Gobierno no está pensando en (un) ajuste, no habrá ajuste en el Presupuesto 2022”, se esforzó Cerruti. 

   No fue la única. Desde el Ministerio de Economía también han dedicado sus mejores esfuerzos en estos días para tratar de aventar el fantasma tan temido: que el acuerdo que debe firmarse con el Fondo necesariamente deberá comprometer recortes y un mejor manejo de la política cambiaria que según especialistas de la oposición debería recaer aún contra la voluntad del Gobierno en ajustes en el bolsillo de los consumidores y también en generar una devaluación, otra más,  del peso frente al dólar. 

   El Presidente ya había dicho, para reforzar el concepto y sin in tan atrás en el tiempo, que no estaba en sus planes avalar ningún ajuste y que antes de eso prefería irse a su casa. Fue en el tan polémico acto del Día del Militante en Plaza de Mayo, el pasado 17 de octubre.

   Hay más de un aspecto en juego detrás de esos esfuerzos oficiales por desterrar de su vocabulario, como de hecho ocurre por consejo de algunos ministros a sus funcionarios, la palabra ajuste. 

   El primero tiene que ver con el fuerte revulsivo interno que generan las negociaciones con el FMI que lleva adelante el ministro Martín Guzmán en sectores del cristinismo puro, en especial y muy puntualmente en La Cámpora y en su líder, Máximo Kirchner.

   El hijo de la vicepresidenta y titular del bloque de Diputados del Frente de Todos promete en la intimidad resistir al menos algunos aspectos centrales del acuerdo que deberá pasar por el Congreso. 

   Máximo, aunque el pensamiento no es de su exclusividad, hay que decirlo, es dentro del Gobierno de los que está convencido que las primeras señales que hay que entregar con el arranque del nuevo año serán claves para sostener el proyecto, hoy un tanto magullado, de mantenerse en el poder en 2023.

   Sergio Massa ha hablado en varias oportunidades en los últimos tiempos con el jefe del bloque frentetodista en la Cámara baja. El titular del cuerpo, de medidos silencios en los últimos tiempos mientras las internas parecen recrudecer en el oficialismo, conoce el pensamiento de Máximo y le aporta su propia idea: hay que trabajar en un amplio consenso, que obviamente deberá incluir a la oposición de Juntos por el Cambio, para avanzar en la aprobación del acuerdo con el FMI en los términos en los que Guzmán está comprometido a llevar adelante.

   El titular de la cartera económica, es bueno recordarlo para orejear el futuro, planeaba ya para 2021 la necesaria recomposición del cuadro tarifario con un estimativo del 30 por ciento de aumento. 

   Pero luego de un duro cruce por parte de Cristina Fernández, que Máximo también enarboló como bandera, el ministro debió conformarse con un módico nueve por ciento de suba. 

   La pregunta que muchos se hacen a estas alturas es si Guzmán tiene la espalda suficiente para insistir con aquella idea en el actual contexto de búsqueda del acuerdo, o para mejor decir, dato que nadie podría hoy confirmar, si tendrá el respaldo necesario del presidente Fernández para avanzar aún pese a esos condicionamientos.

   La realidad, contra todas esas idas y vueltas, es que el Gobierno ya había deslizado que a mediados de año habrá una recomposición de las tarifas y los servicios, aunque en esta oportunidad en lo posible segmentados según la capacidad de pago de los distintos sectores sociales. 

   Una política que se prometió mucho y no se cumplió casi nunca de lograr que pague más por la luz el habitante de Barrio Norte, una de las zonas más residenciales de CABA, que uno del interior de la localidad de La Matanza.

   La líder del PRO, Patricia Bullrich, ha deslizado sin ninguna inocencia que el Gobierno evita hablar de ajuste porque sabe que va a recaer con mayor peso en la clase media que ya le dio la espalda al kirchnerismo en las últimas elecciones legislativas. Paradojas de la política: esa frase de la combativa dirigente opositora hizo algún que otro ruido en ciertos despachos del poder.