Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

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Las usurpaciones, esa historia

La práctica de ocupar tierras no es nueva ni novedosa y contiene una compleja situación legal y social.

   No es el coronavirus, no es la pandemia ni una ley Kicillof. Las usurpaciones de tierras es parte de una práctica que lleva décadas en el país y que en nuestra ciudad se repite de manera sistemática desde principios del siglo pasado.

   Hay decenas de barrios ya consolidados que se han originado ocupando tierras ajenas, tanto de privados, como del ferrocarril, de Vialidad Nacional, del estado Provincial. En los últimos años una política muy fuerte implementada desde la justicia local ha desbaratado varios intentos de estas acciones ilegales.

   Esta práctica, más allá de las necesidades de miles de familias con severos problemas de acceso a la tierra, es completamente contraria a la justicia y la realidad indica que la acción de desalojo es la que corresponde.

   Por estas horas la toma de terrenos se ha multiplicado, por necesidad, por la pandemia que aumenta contagios y por la interpretación de una ley aprobada en marzo último que suspende ejecuciones hipotecarias y desalojos en toda la provincia, hasta el 30 de septiembre por los menos.

   La normativa refiere a evitar esas acciones en toda vivienda unifamiliar o en personas en estado de calle, atento a los riesgos que significa el coronavirus y su facilidad de contagio, con lo cual impide que la justicia intervenga para frenar usurpaciones a las fuerzas de seguridad.

   Incluso se menciona que la policía puede intervenir sólo “en el momento exacto” que se verifique la toma, lo cual no siempre es posible ni tampoco la situación pareciera ser favorable a este tipo de acción.

   En un país donde las políticas habitacionales no existen, donde hectáreas de tierras estatales permanecen en desuso por décadas, donde la pobreza aumenta y las necesidades crecen, las usurpaciones son casi inevitables pero nunca abandona su condición de delito.