La CGT presentó un amparo judicial para intentar frenar la reforma laboral
El escrito lleva la firma del triunvirato que conduce la central sindical y de dirigentes de los distintos gremios que integran la organización.
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La Confederación General del Trabajo (CGT) realizó una presentación ante la Justicia con el objetivo de detener la reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso. El recurso fue ingresado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del magistrado Enrique Lavie Pico.
Se trata del mismo juez que a comienzos de 2024 había dejado sin efecto el capítulo laboral del decreto de desregulación impulsado por el presidente Javier Milei.
El escrito lleva la firma del triunvirato que conduce la central sindical y de dirigentes de los distintos gremios que integran la organización.
La acción judicial se concretó después de la movilización que la entidad realizó el lunes pasado hacia los tribunales de la calle Talcahuano. En ese contexto, la conducción sindical solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la norma, que recibió sanción definitiva el viernes último en el Senado.
"Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional", expresó Jorge Sola, uno de los cosecretarios generales de la CGT, al dialogar con la prensa frente al edificio judicial.
En un comunicado difundido tras la presentación, la central obrera sostuvo que su planteo se basa en la supuesta vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, además de principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto de San José de Costa Rica, ambos con jerarquía constitucional.
"La mal llamada 'modernización' implica una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales", señala el documento.
De acuerdo con el argumento sindical, la iniciativa contradice el principio de progresividad o no regresión, que impide adoptar medidas que signifiquen retrocesos en garantías laborales previamente adquiridas.
También sostiene que se ve afectado el principio protectorio, basado en la "desigualdad estructural entre empleador y trabajador", orientado a restablecer el equilibrio entre ambas partes y evitar abusos contra el sector considerado más vulnerable de la relación laboral.
En ese marco, el texto advierte que la norma impacta sobre garantías contempladas en el artículo 14 bis, entre ellas la protección frente al despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y el acceso a la seguridad social.
La organización también cuestionó puntos específicos de la iniciativa. Según indicó, el esquema habilitaría jornadas de hasta 12 horas y eliminaría el pago por tiempo extra, lo que —según su interpretación— derivaría en una merma salarial.
Además, criticó la supresión de penalidades para empresas que no realizaron aportes o incumplieron la legislación vigente, así como la posibilidad de que las compensaciones por despido se abonen en cuotas mediante el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). (TN)