Personal presentó un amparo contra la ordenanza que busca evitar cortes en las telecomunicaciones
La normativa aprobada el año pasado exige a las firmas de telefonía la colocación de generadores propios para evitar la interrupción del servicio ante la falta de energía eléctrica.
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La empresa de telefonía Telecom - Personal presentó ante el Municipio un recurso de amparo judicial contra la ordenanza aprobada el año pasado, la cual les exige a las compañías la colocación de equipos generadores propios para evitar las interrupciones del servicio ante la falta de energía eléctrica en la ciudad.
El proyecto, presentado por Carlos Alonso (LLA), surgió después de la inundación del 7 de marzo ante los reiterados cortes de servicio de telefonía celular que se registraron durante esa catástrofe. En junio, el Concejo Deliberante le dio el visto bueno y aprobó por unanimidad la creación del "plan para evitar la interrupción en las telecomunicaciones ante la falta de energía eléctrica en Bahía".
Si bien no se conocen mayores detalles del tema, el recurso le permite a las empresas no adecuarse a la nueva normativa y seguir funcionando como lo hicieron hasta ahora.
Vale recordar que en el temporal de viento de diciembre de 2023 también se registraron múltiples cortes de energía eléctrica por la caída de cables y, como consecuencia, serias dificultades para miles de bahienses para poder comunicarse con sus seres queridos y familias.
La ordenanza establece que las empresas prestadoras deberán garantizar que, como mínimo, el 80% de sus estaciones base y nodos críticos cuenten con fuentes de energía de respaldo (como grupos electrógenos, paneles solares o baterías de gran capacidad) con una autonomía mínima de 72 horas y sistemas de conectividad redundante (por ejemplo, enlaces satelitales o de microondas) que funcionan independientemente del tendido principal.
La normativa debía entrar en vigencia en octubre pasado y las firmas deberían adecuar sus instalaciones junto a la presentación de un plan de contingencia conjunto con Defensa Civil de nuestra ciudad.
Ante incumplimientos también establece multas proporcionales a la facturación local de la empresa infractora y hasta la suspensión temporal de licencias o autorizaciones municipales para funcionar.
"El acceso a las comunicaciones constituye un derecho básico, especialmente en contextos de emergencia donde resulta vital para la coordinación de tareas de rescate, auxilio y contención de la población", afirmó Alonso cuando presentó la idea.
Además sostuvo que existen antecedentes en Japón, Chile y Estados Unidos "donde se han implementado normativas que exigen a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones contar con sistemas autónomos de respaldo energético y redundancia tecnológica que garanticen el funcionamiento de estos servicios estratégicos ante emergencias, promoviendo infraestructura resiliente, autosuficiencia energética y protocolos de acción conjunta con los organismos de Defensa Civil", agregó.