El Gobierno concretó la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue
El Ejecutivo nacional oficializó el llamado a licitación pública para la operación de las centrales por 30 años. Se esperan recaudar unos US$500 millones.
Tras meses de negociaciones con los gobiernos provinciales, el Gobierno nacional concretó la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro.
El pasado lunes, el Ejecutivo nacional oficializó el llamado a licitación pública, nacional e internacional, para la operación de las centrales por un período de 30 años. Se espera recaudar un aproximado de US$500 millones.
El acuerdo era un paso obligado para que se conocieran los pliegos de bases y condiciones para la licitación de las sociedades hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Estas represas representan el 10% de la generación de energía del país y son claves por su producción limpia y menor costo operativo en comparación con las centrales térmicas.
En un comunicado oficial, el Gobierno de la provincia de Neuquén informó: "En el acuerdo con Neuquén y Río Negro, el Ejecutivo nacional reconoció a las provincias como propietarias del agua que atraviesa sus territorios e incorporó condiciones reclamadas desde hace más de 30 años".
Asimismo, se acordaron criterios para la distribución de regalías sobre el total de los ingresos por la generación eléctrica y un canon específico por el uso del agua. Además, se fijaron plazos para realizar estudios técnicos y obras de seguridad ante crecidas, con compromisos de las concesionarias en materia de información hidrometeorológica y medidas preventivas. El decreto 718/2024, firmado por el presidente Javier Milei, fue el punto de partida para este proceso, luego de que en agosto de 2023 vencieran los plazos de concesión de 30 años.
Durante la gestión del anterior gobierno, se había prorrogado en siete oportunidades la operación de las represas, mientras se negociaba con las provincias la creación de un ente estatal para administrarlas sin la intervención de privados. La última prórroga se extenderá hasta el 30 de diciembre de 2025 o hasta que culmine el proceso de licitación. (NA).