Tráfico de drogas: condenaron a 6 años de prisión al exfiscal Cantaro
Luego de que Casación revocara su absolución, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense, con nueva composición, le impuso la pena. Ordenaron su detención pero por ahora seguirá libre.
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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó a 6 años de prisión al exfiscal federal Alejandro Salvador Cantaro, como partícipe primario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución del delito atribuido.
La resolución, de 204 fojas, fue firmada por los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Silva y Simón Bracco.
En 2023 Cantaro había sido absuelto por el TOCF bahiense, al considerar que el fiscal Gabriel González Da Silva había agravado la acusación en su contra durante el juicio, pero el año pasado la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y ordenó un nuevo fallo, que se concretó hoy.
En junio pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había rechazado una queja (como último recurso) a la defensa de Cantaro, con lo cual allanó el camino hacia la nueva sentencia.
Cantaro, además, fue inhabilitado para ejercer cualquier función pública durante 10 años. El tribunal ordenó su detención, pero esa medida quedará en suspenso hasta tanto el fallo no quede firme.
El exfiscal está acusado de encubrir una banda narco que integró su sobrino político, Sebastián Gauna San Millán -a quien en los últimos días le rechazaron un acuerdo de juicio abreviado- y a su amigo Facundo Texido, uno de los 8 condenados en 2020 por formar parte de una organización para la venta de drogas sintéticas en fiestas electrónicas y boliches de esta ciudad y Punta Alta.
Se concluyó que le proporcionó a la banda no solo "un incremento sustancial de su capacidad operativa en Bahía Blanca" sino que facilitó el "aumento de su motivación favorable hacia la realización continuada del comercio de estupefacientes".
"Deslealtad institucional"
"El aquí juzgado, en su carácter de fiscal general de la jurisdicción, fiscal coordinador de distrito y máximo responsable del área de Delitos Complejos a nivel local, fue destinatario de una confianza especial por parte del Estado, quien le confirió una situación de privilegio institucional", dijeron los jueces.
Y explicaron que Cantaro puso de manifiesto una "deslealtad institucional", al reconfigurar su ámbito de competencia funcional, "adaptándolo para favorecer los intereses de la organización criminal en lugar de perseguir sus actividades conforme a sus deberes a cargo".
"Esta particular traición al mandato constitucional no solo compromete la credibilidad del sistema de justicia, sino que pervierte los fines mismos para los cuales fue investido de tan alta responsabilidad", explicaron.
El tribunal destacó la declaración de los investigadores de la Prefectura que llevaron adelante el caso.
"Del contenido de las conversaciones registradas era evidente que Cantaro tenía conocimiento pleno de la actividad ilícita desplegada por los 'Narcochetos 2', no limitándose a una mera sospecha sino evidenciando una comprensión cabal de los mecanismos operativos éstos, la terminología específica del negocio delictivo y los riesgos que enfrentaban sus protegidos", dijo.
Y consideraron que el exfiscal tenía "familiaridad y falta de sorpresa" con la dinámica de las operaciones ilícitas que realizaban su sobrino y el resto de la organización, de las cuales "se beneficiaba en sentido estricto (tal los sistemas de provisión regular o del intercambio discreto de estupefacientes)".
"No solo revela su aceptación con respecto a la continuidad de la empresa criminal, sino que demuestra una participación consciente y deliberada en el favorecimiento de la actividad delictiva", concluyeron.