Los gobernadores presionan a Milei: buscan distribuir por ley el impuesto a los combustibles

Redacción de La Nueva.

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En plena carrera electoral, los gobernadores reactivaron este lunes los reclamos al gobierno de Javier Milei por los recursos. La novedad en esta reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), fue el acuerdo de los todos los mandatarios provinciales del arco político para firmar un proyecto de ley que propone eliminar los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles Líquidos y distribuir el dinero con el mismo criterio que la coparticipación.

La iniciativa sería presentada en el Congreso, bajo la advertencia de que por contar con el respaldo de los 23 gobernadores y del jefe de Gobierno porteño, podría ser aprobada por mayoría absoluta y cualquier intento de veto por parte del Presidente no contaría con el apoyo parlamentario necesario para ser confirmado.

En el Gobierno confían en lograr desactivar una vez más el intento de los gobernadores por recuperar recursos y redirigir el reclamo al respaldo para aprobar la ley de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, conocida como los dólares del colchón, que, aseguran, “implica más plata para las provincias (por mayor IVA e ingresos brutos)”.

De aliados a presionar en el Congreso

Los gobernadores dialoguistas fueron aliados clave de Milei en el Congreso, no solo para aprobar proyectos como la Ley Bases, que incluye facultades delegadas, sino también para sostener el veto a otras iniciativas, como el aumento a los jubilados y al financiamiento universitario.

Esos mismos mandatarios provinciales fueron los que -junto a los opositores- firmaron el proyecto de ley con el que ahora intentarán recuperar recursos.

En el encuentro estuvieron presentes Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CABA), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalaqua (Misiones), Alberto Weretineck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Por videoconferencia se conectaron Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Valdés (Corrientes), mientras que enviaron a sus vicegobernadores las provincias de Chaco, La Rioja, Neuquén y Santa Cruz.

“Proponemos un Proyecto de Ley mediante el cual se decide la eliminación de todas los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966) para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina”, dice el texto al que adhirieron las 24 provincias.

Además, señala que “en el marco de la crisis económica que afecta los ingresos tanto del Gobierno Nacional como de las Provincias” se define “que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se distribuya entre Nación y provincias de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria de la Ley 23.548″.

Para anticiparse a lo que esperan sea una crítica de Milei respecto de que este tipo de iniciativas ponen en riesgo el superávit y la estabilidad económica, los gobernadores aseguraron que tienen “la certeza” de que “su sanción no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que, complementariamente, generará más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional, propiciando mayor capacidad de respuesta tanto a Nación y Provincias de las demandas de la sociedad en el marco de la crisis”.

El uso del término crisis no es casual. Los mandatarios provinciales vienen advirtiendo que el ajuste en algunos rubros, como por ejemplo la obra pública, afecta a la vida cotidiana.

Obras de infraestructura en disputa

Según un análisis de la consultora Analytica, las transferencias automáticas a las provincias cayeron un 23,4 % interanual en términos reales en mayo, aunque subieron exponencialmente las no automáticas, es decir, las discrecionales. Sin embargo, aunque algunas jurisdicciones fueron más beneficiadas, todas firmaron el proyecto de ley.

Los gobernadores dialoguistas esperan que la iniciativa sea un llamado de atención para que el Gobierno recapacite y abra un poco la canilla, especialmente en el año electoral, pero la primera reacción del Palacio de Hacienda fue asegurar que “los ATN están en niveles récord”, incluso por encima de del kirchnerismo, desestimando el reclamo provincial.

Además, el Gobierno presiona para trasladarle a las provincias la responsabilidad de las obras en rutas nacionales. “Si se llevan las rutas, también la plata. Pero no podemos darles la plata y mantener las rutas”, dicen. Los mandatarios provinciales aseguran que, aun cobrando el impuesto, el Gobierno nacional no se hace cargo de las rutas. Esa es la raíz del reclamo. Además, muchos indican que aún sin recursos se vienen haciendo cargo de obras nacionales. (con información de TN)